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Odebrecht, una compañía constructora fundada por el ingeniero brasilero de origen alemán Norberto Odebrecht en Salvador de Bahía en 1944, ofreció disculpas públicas el primero de diciembre de 2016 por su «participación en actos ilícitos. Fuimos cómplices y no nos opusimos a estas prácticas, como debimos haberlo hecho. Este fue un grave error».
Este fue el abrebocas de una revelación colosal que se conoció el 21 de diciembre de 2016, cuando Odebrecht admitió que había pagado sobornos por valor de 788 millones de dólares en varios países, entre ellos Colombia. Odebrecht, y sus filiales la compañía petroquímica Braskem y Constructora Norberto Odebrecht, reconocieron en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York, que habían violado una ley expedida en 1977 por el Congreso de los Estados Unidos que convierte en delito el pago de sobornos a funcionarios extranjeros. La ley se conoce como FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, o ley de prácticas corruptas extranjeras.
Como Braskem, pese a ser una firma fundada en Brasil, está inscrita en la bolsa de valores en los Estados Unidos y es por lo tanto emisor de valores en ese país, está sometida a la legislación americana.
Ambas compañías aceptaron pagar multas por valor de 3.500 millones de dólares a tres gobiernos: Estados Unidos, Brasil y Suiza. Se dijo que era la sanción más alta jamás aplicada por violación de la FCPA.
La investigación contra Odebrecht y Braskem partió de la que se inició en Brasil contra Petrobras, también por sobornos. Las pesquisas en Petrobras, la compañía nacional de petróleos de Brasil, equivalente a Ecopetrol, demostraron que en los contratos y licitaciones de la petrolera se inflaban los valores para destinar los sobrecostos a pagos ilícitos que se repartían entre los ejecutivos de Petrobras que participaban en los ilícitos, de una parte, y a congresistas y funcionarios públicos, de la otra.
La podredumbre en Petrobras se remonta al año 2004, cuando se formó un cartel de compañías que buscaba sobrefacturar los contratos que licitaba con la petrolera, apoderándose además de toda la contratación para excluir a las que no pertenecían al club. El cartel decidía de antemano cuál de 16 compañías que lo conformaban ganaría una determinada licitación para construir una refinería o para prestar mantenimiento en una plataforma petrolera continental. El cartel eliminaba la competencia entre los contratistas pues todos ganaban, si no en esta licitación, en la siguiente.
Odebrecht era una de las 16 firmas que pertenecían al cartel destinado a eliminar la competencia. Para acometer ese objetivo era, por supuesto, necesario contar con el visto bueno de funcionarios de Petrobras. Ellos recibían una tajada de los sobrecostos pero la mayor parte se destinaba a personajes políticos. El gobierno del Brasil es dueño del 51 por ciento de Petrobras y no pocos altos ejecutivos de la petrolera estatal llegaron a sus cargos gracias al apoyo político. En Colombia el porcentaje es mayor: el gobierno es propietario del 89% de las acciones de Ecopetrol.
Los periodistas brasileros Marcelo Cabral y Regiane Oliveira en El Príncipe, su biografía sobre Marcelo Odebrecht, resumieron así el concierto para delinquir entre Petrobras, los partidos políticos y las compañías constructoras como Odebrecht:
Petrobras fue ocupada por una élite económica corrupta del sector de la construcción en alianza con una élite política igualmente corrupta.
Uno de los ejecutivos de Petrobras que confesó sus crímenes, el ingeniero Pedro Barusco, que fue gerente de servicios, reconoció haber recibido 100 millones de dólares que escondió en Suiza y que se comprometió a devolver cuando fue condenado a 18 años de cárcel.
Petrobras ha señalado que el total de sobornos pagados ascendió a 3.000 millones de dólares, suma gigantesca por cualquier lado que se le mire, pero no superior a los sobrecostos que en Colombia registró la Refinería de Cartagena (Reficar) en los gobiernos de Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que de acuerdo con la Contraloría General de la República superaron los 4.000 millones de dólares. Como punto de comparación, los sobornos recibidos por dirigentes de la FIFA y de las confederaciones futboleras superaron apenas los 200 millones de dólares, de acuerdo con las acusaciones formuladas a partir de 2015 por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que llevaron a la cárcel a numerosas figuras veteranas del fútbol en todo el mundo y desembocaron eventualmente en la renuncia del director de la FIFA, el suizo Sepp Blatter. Este, que parece que nunca sospechó de los ríos de dinero que se embolsillaban año tras año los dirigentes de las federaciones y confederaciones de fútbol afiliadas a la FIFA cuando negociaban los derechos de televisión para los partidos, hizo gestiones para que a la FIFA se le otorgara el Premio Nobel de la Paz y llegó a tener reuniones con los organizadores del Nobel para ese efecto, según reveló en 2017 el diario The Guardian.
La investigación en Petrobras, que en su momento cumbre fue la sexta compañía más grande del mundo por capitalización de mercado, se inició en Brasil en marzo de 2014 y convulsionó a la opinión pública. Más de un millón de ciudadanos salieron a las calles a protestar.
Las pesquisas adelantadas por la policía federal y por los jueces por el latrocinio en Petrobras se conocen como Operación Lava Jato (Operación Autolavado) pues tuvieron su inicio en una investigación por lavado de dinero contra el dueño de una casa de cambio que blanqueaba dineros ilícitos a través de varias empresas, entre ellas una estación de gasolina en Brasilia, la cual según se ha publicado ampliamente, tenía un lavado de vehículos. En realidad en esa bomba de gasolina había una lavandería de ropa, no de carros, según la biografía no autorizada de Marcelo Odebrecht, el nieto de Norberto Odebrecht, publicada en 2017 en Brasil con el título «El Príncipe». Pero el nombre de Autolavado distingue irreversiblemente este Watergate brasilero y latinoamericano.
Ese sujeto, Alberto Youssef, un doleiro (cambista en portugués) fue condenado por lavado de activos. En su celda les dijo a sus dos abogados que si él hablaba se caía la república y empezó a escribir nombres en una hoja de papel. Uno de los abogados diría después que en Brasil todo el mundo sabe que la corrupción es un monstruo pero que nunca se le veía y que esa lista era equivalente a ver el monstruo.
Youssef empezó a cantar y desde ese momento las autoridades emitieron centenares de mandatos de captura. Youssef no se quería pudrir en la cárcel y por eso empezó a colaborar. Él fue el lavador de los sobornos que el cartel de compañías y los ejecutivos esquilmaban en Petrobras. Giró 444 millones de dólares a cuentas en bancos extranjeros, según reveló en 2015 The New York Times.
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