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La dimensión de los sobornos de Odebrecht se hizo pública el 21 de diciembre de 2016 por medio de un anuncio conjunto de la sección de fraudes de la división criminal del Departamento de Justicia y del fiscal del distrito este de Nueva York.
¿Por qué actuó el fiscal de Nueva York? Porque parte de los sobornos se giraron desde cuentas bancarias que Odebrecht mantenía en Nueva York a cuentas situadas en paraísos fiscales desde las cuales posteriormente se remitieron las coimas a los bancos de los funcionarios sobornados o se llevó el dinero en efectivo al país de destino. El uso de cuentas bancarias situadas en Nueva York para el pago de sobornos también le dio al Departamento de Justicia y al fiscal de Nueva York jurisdicción para actuar contra una compañía extranjera como Odebrecht. Es decir, una parte de los sobornos se desembolsaron desde cuentas abiertas en bancos de Nueva York.
Por ejemplo, en 2006 se giraron 10.9 millones de dólares de una de esas cuentas neoyorquinas a una cuenta en las Islas Vírgenes Británicas de una sociedad llamada Smith & Nash Engineering Company, controlada por Odebrecht. El dinero luego sirvió para financiar dádivas ilícitas. Un ciudadano norteamericano residente en Nueva York tenía firma autorizada en esa cuenta de paso. Otra sociedad de Ias Islas Vírgenes Británicas llamada Golac fue utilizada para el mismo propósito. Este hecho —la figuración de ciudadanos norteamericanos en las cuentas— más la celebración de reuniones en Miami para planificar el pago de sobornos, fueron factores adicionales que le dieron jurisdicción a los fiscales de los Estados Unidos para investigar los sobornos de una multinacional de matriz brasilera. Una de las reuniones se realizó en Miami en 2015 entre un ejecutivo brasilero encargado de los pagos, un funcionario consular de Antigua y el representante de otro alto funcionario de Antigua. Al representante se le pidió que no entregara a organismos internacionales documentación que revelaría el pago de sobornos por parte de Odebrecht. La solicitud estuvo acompañada de otro soborno, pues al susodicho alto funcionario se le hicieron luego tres giros de 1 millón de dólares cada uno a cambio de no enviar los documentos. En otras palabras, con sobornos se aceitaba la gran maquinaria de los sobornos.
Los sobornos detectados se empezaron a pagar en 2001 y continuaron entregándose hasta 2016. Odebrecht y sus cómplices desembolsaron centenares de millones de dólares a favor de «funcionarios extranjeros, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros y candidatos de partidos políticos extranjeros para obtener ventajas indebidas» y para influencias a esos funcionarios «para conseguir y mantener negocios en varios países». Esa fue la esencia de la acusación, aceptada por Odebrecht.
Los pagos alcanzaron como ya se dijo la suma de 788 millones de dólares en relación con más de 100 proyectos de ingeniería en doce países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.
A partir de 2006, Odebrecht creó una División de Operaciones Estructuradas para administrar el pago de sobornos. La DOE «efectivamente funcionaba como un departamento de sobornos dentro de Odebrecht», según el Departamento de Justicia. Dentro de la compañía también se le conocía como Caja 2. Para ocultar sus actividades secretas e ilegales, la División utilizaba un sistema propio de comunicaciones llamado Drousys del cual no quedaba registro pues se usaban correos electrónicos a prueba de chuzadas y mensajes instantáneos junto con nombres en clave como «Panda», «Visamark», «Tushio» y «Waterloo» que servían para que los empleados de la División se comunicaran entre sí y para comunicarse también con las entidades financieras. Drousys, cuyos servidores se situaron en Ginebra, Suiza, también servía de hoja de cálculo de las propinas pagadas para almacenar la contabilidad paralela de la compañía. Cuando las autoridades suizas entregaron a los fiscales del Brasil encargados del caso Lava Jato la copia o back-up del sistema Drousys, se descubrió quien había recibido propinas de Odebrecht.
El presupuesto de los sobornos se llevaba en un sistema de computador oculto llamado «MyWebDay» que registraba las solicitudes de sobornos, procesaba los mismas y generaba planillas para contabilizar internamente las coimas. Sobra decir que los pagos ilícitos no aparecían en la contabilidad de Odebrecht.
El presupuesto destinado a los sobornos se nutría de sumas que Odebrecht cobraba a sus filiales como si fueran gastos generales; partidas cargadas a subcontratistas que no eran incluidas en los presupuestos de proyectos de construcción; comisiones de éxito no declaradas por la compra de activos; y otras transacciones.
El presupuesto para sobornos se consignaba en cuentas en distintos países, algunas a nombre de terceros que recibían honorarios por servir de testaferros. Las transacciones que realizaba el departamento de sobornos se hacían buscando el máximo sigilo. A veces una transferencia de fondos pasaba por cuatro cuentas bancarias en paraísos fiscales antes de llegar al beneficiario real. Se utilizaban bancos pequeños en países donde rige el más estricto secreto bancario. Para garantizar la cooperación de los bancos se les pagaban sobornos a los ejecutivos bancarios, es decir, un soborno grande para un funcionario gubernamental corrupto también generaba un soborno pequeño para el banquero cómplice.
El departamento de sobornos «dependía del contubernio entre los bancos y sus ejecutivos para realizar las transferencias entre cuentas, empleando contratos ficticios para justificar las transacciones y obviar las normas que obligaban a reportar las operaciones», concluyó el Departamento de Justicia.
La naturaleza mafiosa del departamento de sobornos quedó en evidencia cuando un banco de Antigua utilizado para el tráfico de sobornos estuvo a punto de quebrar. Funcionarios de la División de Operaciones Estructuradas y ejecutivos del banco compraron entonces hacia 2010 o 2011 la sucursal de otra entidad financiera, un banco austríaco que funcionaba en Antigua, una isla caribeña de 100.000 habitantes descubierta por Colón en 1493 y bautizada en honor de la Virgen de la Antigua de la catedral de Sevilla. No se conoce el nombre del banco pero se le podría llamar el Banco de los Sobornos pues estando ya bajo el control absoluto de los sobornadores, desaparecieron los obstáculos. Los políticos sobornados que iban a recibir coimas abrieron cuentas en este banco cooptado y recibieron giros sin temor alguno de llamar la atención.
La promiscuidad con el delito que alcanzaron los ejecutivos de Odebrecht fue comentada en la biografía de Marcelo Odebrecht, jefe supremo de la compañía desde 2008, como sucesor de su padre Emilio y de su abuelo Norberto. En el libro «El Príncipe», que publicaron en 2017, afirmaron los periodistas Marcelo Cabral y Regiane Oliveira:
En las operaciones del departamento de sobornos ninguno de los subordinados cuestionó la existencia de esa máquina de corrupción. Los funcionarios de Odebrecht comprometidos con el sistema de sobornos no se mostraban dispuestos a cuestionar la ética de su trabajo o la existencia misma del circuito de pagos paralelos. Dentro de Odebrecht, la obediencia ciega, sorda y muda a las determinaciones del Príncipe se convirtió en regla de juego.
Es de anotar que Marcelo Odebrecht en la primera fase de su detención y antes de aceptar su culpabilidad y confesar sus delitos a cambio de beneficios penales —lo que en Brasil se llama delación premiada y en Colombia, principio de oportunidad—, había insistido desde la cárcel en la inocencia suya y de la compañía, alegando que Odebrecht se diferenciaba «por una cultura con valores humanistas y éticos». Su abuelo y fundador de la compañía, Norberto Odebrecht, proclamaba que «La riqueza moral es la base de la riqueza material y la riqueza material, sin ética, no es riqueza sólida sino riqueza efímera».
El departamento de sobornos también sirvió para pagar rescates por secuestro, entre ellos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, según el libro de Cabral y Oliveira, que cita una declaración de Marcelo Odebrecht ante la justicia del Brasil:
Pagamos rescates en Iraq, pagamos rescates en Angola, pagamos rescates en Colombia. Llegamos a tener más de cien personas nuestras secuestradas en Colombia.
Como parte del acuerdo al cual llegó en Nueva York, Odebrecht reconoció que entre 2003 y 2016 pagó 349 millones de dólares en sobornos a partidos políticos del Brasil y a funcionarios públicos de ese país para garantizar ventajas indebidas en el otorgamiento de contratos. Específicamente la compañía reconoció la existencia del cartel de contratistas que existía en Petrobras. Una vez se decidía internamente en el cartel quién debía ganar una determinada licitación se acordaba que solamente esa compañía debía presentar una propuesta idónea y que las demás presentarían ofertas deliberadamente destinadas a ser descalificadas. De esa manera el cartel rotaba los contratos de Petrobras entre las compañías que lo constituían.
Además de los 349 millones de dólares en coimas pagadas a partidos políticos y funcionarios en Brasil, se destinaron otros 439 millones de dólares a partidos y funcionarios en los otros once países donde florecieron los sobornos. El total, como ya se dijo, fue de 788 millones de dólares.
En Mozambique se pagaron 950.000 dólares, en México 10.5 millones y en Colombia 11.1 millones de dólares. Colombia estuvo entre los coleros. En Venezuela los sobornos ascendieron a 98 millones de dólares, en Panamá llegaron a 59 millones, en Ecuador superaron los 33 millones.
Como se verá más adelante, la Fiscalía afirmó posteriormente que en Colombia los sobornos habían llegado a 27 millones de dólares, una cifra más creíble que los 11 millones y pico, y más acorde con la pagada en Perú (29 millones), un país comparable a Colombia por varios conceptos.
El acuerdo al cual llegó Odebrecht con el Departamento de Justicia le puso fin a la investigación por sobornos e implicaba en teoría el pago de una multa de 3.000 millones de dólares y la aceptación del cargo penal de conspiración para violar la ley de prácticas corruptas extranjeras de 1977, conocida por sus siglas FCPA. El caso no fue a juicio sino que se cerró con el pago de la multa y previa confesión de responsabilidad. «Lo importante es que reconocemos nuestra participación. Fuimos cómplices y no nos opusimos a estas prácticas como debimos hacerlo. Fue un grave error», reconoció Odebrecht.
Formalmente, en el papel, la multa sería la mayor jamás impuesta por infracción de la ley FCPA. En realidad, como informó posteriormente el Dorsey Digest, un servicio informativo sobre corrupción de una firma de abogados de los Estados Unidos, de la suma que tendría que pagar Odebrecht, debido a que la compañía no estaba en capacidad de desembolsar lo pactado, se le rebajó la multa a pagar en los Estados Unidos a apenas 93 millones de dólares. Una bicoca.
De otra parte, si no hubiera sido por el Departamento de Justicia es probable —por no decir innegable— que en Colombia jamás se hubiera revelado el escándalo de Odebrecht ni se hubiera destapado la hediondez que se fue conociendo a lo largo del año 2017.
La primera reacción del gobierno de Juan Manuel Santos cuando el 21 de diciembre de 2016 se divulgó desde Nueva York el acuerdo de los fiscales con Odebrecht, fue culpar al gobierno de Alvaro Uribe. Tan preparado estaba el jefe del Estado que el mismo 21 de diciembre la Casa de Nariño expidió este comunicado:
Ante la información hecha pública hoy por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre pago de sobornos por la firma Odebrecht en Colombia, el Gobierno Nacional se permite informar que: El gobierno nacional es el primer interesado en ir al fondo de este tema y llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias.
Eso se lo cree únicamente quién no es ducho en las mentiras que se esconden en los comunicados oficiales. Quienes conocen la manipulación informativa entendieron al rompe que el propósito del comunicado era usar el espejo retrovisor para culpar a la administración Uribe del escándalo que estaba reventando. En efecto, la Casa de Nariño en el respectivo boletín de prensa señaló con el dedo al funcionario sobornado:
En la información que hizo pública el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se señala en forma específica que entre 2009 y 2010 se pagaron 6,5 millones de dólares a un funcionario en Colombia. Durante ese lapso sólo existe un contrato entre Odebrecht y el Gobierno Nacional:
* Ruta del Sol sector 2. Adjudicado en diciembre del 2009 por el anterior INCO, bajo la administración de Gabriel García Morales, viceministro de transporte de Andrés Uriel Gallego. En este caso sólo un proponente fue habilitado durante el proceso contractual.
Se observa a la legua que el gobierno tenía información concreta sobre la comisión girada a un funcionario de Alvaro Uribe. De hecho pocos días después, en enero de 2017, la Fiscalía capturó a Gabriel García Morales y su participación se demostró a lo largo del año 2017, al punto de que en diciembre, al año de revelado el escándalo, el ex viceministro ya estaba condenado a 5 años y 2 meses de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho impropio. Cohecho impropio es lo que en el lenguaje común se llama soborno: el delito que comete el servidor público que acepta dinero por un acto que deba ejecutar como parte de sus funciones. En el cohecho propio se castiga el acto contrario a los deberes oficiales.
Gabriel García Morales, como se demostró a partir de su captura, amañó la licitación de la Ruta del Sol 2 para que se la ganara Odebrecht, dejando por fuera a los demás proponentes. Así lo describió la Fiscalía cuando García Morales fue condenado:
Durante todo el proceso quedó en evidencia la promesa de García Morales de que nada ni nadie se interpondría en su camino para darle el contrato Ruta del Sol II al consorcio conformado por Odebrecht.
El comunicado de la Presidencia de la República del 21 de diciembre de 2016 también señalaba que las autoridades brasileras, contactadas cuando se conoció el escándalo Odebrecht en Brasil, no informaron de sobornos pagados en Colombia. Marcelo Odebrecht, la cabeza visible del conglomerado, había sido condenado en Brasil a 19 años de prisión en marzo de 2016, mucho antes del acuerdo firmado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Según el comunicado:
Es de anotar que hace un año, cuando se destapó el escándalo de corrupción de Odebrecht en Brasil, la Oficina de Transparencia de la Presidencia solicitó a la Fiscalía brasileña toda la información pertinente. La respuesta no reveló el pago de ningún soborno en Colombia ni la comisión de delito alguno.
Lo dicho. Sin la actuación del fiscal de Nueva York y del Departamento de Justicia, no nos hubiéramos enterados de los delitos cometidos por la compañía y de la corrupción que se registró en los gobiernos de Alvaro Uribe y Juan Manuel Santos.
La Oficina de Transparencia le dirigía Camilo Enciso. En el comunicado ya citado Enciso se abstuvo de revelar que él había tratado de favorecer a Odebrecht. En mayo de 2016 indicó ante el Senado que nadie había denunciado a Odebrecht en Colombia, según se publicó en la Gaceta del Congreso del 25 de agosto de 2016:
Se está especulando mucho sobre si en Colombia Odebrecht incurrió en actos de corrupción o no; a la Secretaría de Transparencia no le ha llegado ni una sola denuncia por un acto de corrupción de Odebrecht.
¿Especulación? Aunque Marcelo Odebrecht fue condenado en marzo de 2016, el zar anticorrupción Camilo Enciso dos meses después consideró, asombrosamente, que era especulación hablar de corrupción de Odebrecht en Colombia. Aparte de solicitar al Brasil la sentencia contra Marcelo Odebrecht, Enciso se sentó a esperar que alguien llegara a su oficina a poner la denuncia. ¿Envió un oficio a la Fiscalía para que se abriera una investigación penal?
Es obvio que la Presidencia de la República no quería alborotar el avispero.
Muy distinta fue la actuación de Santos cuando en 2014 se divulgó públicamente que la petrolera Petrotiger había pagado un soborno a un funcionario de Ecopetrol a cambio de un contrato. Santos dio la orden de presentar la denuncia penal tan pronto se reveló el escándalo. Fue muy significativo que la denuncia penal ante la Fiscalía la presentara la Presidencia de la República. Como consecuencia, posteriormente fue condenado a 16 años de prisión un ex funcionario de Ecopetrol, David Orlando Durán, que recibió un soborno de US$333.500.
Es lícito sospechar que el gobierno Santos tenía información de primera mano sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país. El mismo 21 de diciembre de 2016 en que explotó el escándalo en Nueva York, el gobierno en Bogotá indicaba que Gabriel García Morales había adjudicado el contrato de la Ruta del Sol 2 y lanzaba contra él, funcionario del gobierno anterior, la presunción de culpabilidad. En ese momento Camilo Enciso no salió a declarar que se estaba especulando mucho sobre si en Colombia Odebrecht incurrió en actos corruptos. Dejó de ser vago e impreciso como lo fue en mayo de 2016 ante la comisión sexta del Senado:
Hasta el momento no tenemos una noticia criminal de acto de corrupción alguna de Odebrecht en Colombia, y eso no quiere decir que estemos defendiendo a Odebrecht. Si cualquier persona de esta Comisión tiene esa información, yo le agradezco muchísimo que se la haga llegar a la Fiscalía General de la Nación y a los entes de control, y a la Secretaría de Transparencia, por supuesto, estaríamos muy interesados en conocerla.
Así consta en las páginas 53 y 54 de la Gaceta del Congreso del 25 de agosto de 2016.
La actitud de Enciso, que al principio fue quien puso la cara en la Casa de Nariño, cambió una vez los sobornos mundiales de Odebrecht se volvieron titular de prensa y de noticieros. Ya no era creíble el lenguaje ambiguo que utilizó ante el Senado. De una parte, le achacó a un funcionario del gobierno Uribe el soborno principal revelado en Nueva York. Luego pidió castigo «si hubiera un funcionario del Gobierno Santos involucrado con estos hechos. Su conducta sería la mayor traición a los principios de buen gobierno que el Presidente ha defendido toda su vida». Pero Enciso se apresuró a insinuar que si hubo sobornos en el gobierno Santos no fueron a funcionarios suyos sino a otra categoría de funcionarios. Esta declaración permite suponer que Santos sabía que en su gobierno Odebrecht pagó sobornos pero que fueron triangulados a favor de otros personajes. Con lo que se sabe hoy, es muy claro que esta afirmación de Camilo Enciso en una entrevista que dio a la revista Semana al iniciar el año 2017 indica que
Santos estaba enterado de que las comisiones se les pagaron a senadores y a otros elementos. A la luz de lo que se conoce en la actualidad, hay que leer con mucha atención estas palabras de Enciso que aparecen en la edición de la revista Semana del 9 de enero de 2017:
El acuerdo del Departamento de Justicia de los EE.UU. con Odebrecht dice que los sobornos se pagaron a «government officials». Yo creo que en Colombia se ha dado una confusión alrededor de ese término. Algunos lo han interpretado como el pago a «funcionarios del gobierno» nacional. Esa traducción literal es inexacta. El concepto de «government official» en inglés engloba a cualquier funcionario público. Es decir, acá podríamos estar hablando también de jueces, congresistas, concejales o alcaldes involucrados, por sólo poner unos ejemplos.
En cuanto a la traducción, Enciso tiene razón. Pero no es eso lo que interesa aquí. Lo diciente es cómo de esa declaración se puede concluir que la Casa de Nariño no estaba preocupada de que los sobornos salpicaran directamente a funcionarios de Santos pues posiblemente sabía desde el comienzo que había existido una triangulación a favor de congresistas.
Obviamente no apuntaba el dedo contra el senador Bernardo Elías ni contra su colega Musa Besaile ni contra los que luego fueron acusados, como sí lo hizo directamente contra el viceministro de Uribe.
Nota del editor: Luego de publicado este capítulo, Camilo Enciso envió la siguiente comunicación a El Espectador: De Camilo Enciso sobre un capítulo de “Nobelbrecht”
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