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Usted es la tercera magistrada mujer en ocupar la presidencia de la Corte Constitucional. ¿Cuál es la importancia de esto?
En la primera Corte Constitucional no había ninguna mujer, en la segunda ya hubo una, en la tercera hubo otra. Hoy somos tres. El reto es mostrar que nosotras, las mujeres, tenemos igual, y ojalá más, capacidad de gestión, de trabajo y de respuesta a los problemas sociales. Los hombres y las mujeres somos iguales, pero lo cierto es que históricamente nosotras, las mujeres, sí hemos sido discriminadas. Poder entonces mostrar que tenemos incluso capacidad de respuesta mucho más rápida, porque seguimos asumiendo roles en la vida personal que no se han desplazado y lo hacemos bien; pero también lo hacemos bien en el trabajo. Hay retos como mujer y como provinciana (nacida en Pasto), en especial. Me parece maravilloso mostrar que también la Corte da una mirada hacia la provincia. Colombia tiene en Bogotá un centro de gestión de intereses nacionales, pero Colombia está hecha sobre todo con la provincia.
¿Se debe fortalecer la Comisión de Género en la rama Judicial?
Sí. Es un espacio especial, porque lo ocupan las cuatro corporaciones. Yo siempre presenté la Comisión de Género así. Las cortes se reúnen en la Comisión Interinstitucional para tomar decisiones administrativas. Pero en decisiones judiciales el único espacio es la Comisión de Género y ese tiene un efecto simbólico muy importante: que sean las mujeres las que generan el efecto transversal que une las jurisdicciones es maravilloso. Por eso creo que no solo se debe fortalecer, sino que se debe visualizar más la Comisión de Género.
¿Qué retos asume o tiene para esta presidencia?
Son muchos. El tema tecnológico nos preocupa tremendamente, es muy difícil que podamos dar la respuesta que la sociedad actual necesita cuando todo es manual y cuando seguimos recibiendo una gran cantidad de tutelas en papel. Nos ahogan los trámites y los papeles. Creemos que la única posibilidad de hacer una revisión seria y juiciosa (de procesos) es tecnificar la Corte. Buscar la forma de establecer filtros razonables, objetivos y transparentes para poder seleccionar tutelas (para revisar). Que de las 2.700 tutelas que se radican al día pueda generarse un efecto de procesamiento, no manual, sino de inteligencia artificial haría nuestro trabajo más preciso y más justo. Es un reto indudable al que le estamos apostando con una dificultad: cero capacidades económicas.
Usted ha dicho que el país necesita una Corte más social, de cara a la gente…
Nosotros recibimos la radiografía del país. La tutela es eso. Entonces, ¿cómo responderles a las personas que están detenidas en las cárceles cuya su situación de dignidad es ínfima? ¿Cómo responderles a las personas que acuden a la tutela para que le den un medicamento, a quiénes no les reconocen las pensiones, o a las madres comunitarias? Pero responderles en clave de derechos, no son decisiones por conveniencia.
A propósito del tema de las cárceles, la semana pasada el Ministerio de Justicia les presentó su plan para resolver la crisis carcelaria que cuesta, entendimos bien, ¿$14 billones?
Desde 1998, con la sentencia T-153, la Corte declaró el estado de cosas inconstitucionales por hacinamiento. Desde ese entonces hemos visto que la situación de cárceles en Colombia es un gran problema humanitario. Con la T-762 de 2016 reconocimos que el tema de cárceles no es solo un asunto económico, sino que son muchas las fallas estructurales.
(Lea aquí: Gloria Stella Ortiz, nueva presidenta de la Corte Constitucional).
¿Cómo cuáles?
Para la generalidad de los colombianos la respuesta al delito debe ser cárcel. Y eso es un imaginativo que en el Congreso produce réditos. Todas esas cosas repercuten en el problema de cárceles. Hay muchas personas detenidas que ya cumplieron su pena o que tendrían la posibilidad de tener el permiso —de acuerdo con la ley— para irse a su casa. O que ya tienen unos porcentajes que les autorizarían a tener una medida en su casa o en libertad. No es solo un problema de cuánto nos cuesta hacer unas cárceles, es entender que es un problema estructural que involucra a muchas autoridades y decisiones difíciles. Ese es precisamente el tema de seguimiento al estado de cosas inconstitucionales que nosotros hacemos. Un paréntesis, hay una cárcel en Bucaramanga que se construyó para 800 presos ¡con un solo baño! Sí, indudablemente, tener personas detenidas vale. Y resocializar a la gente representa un costo importante, pero eso es propio de las democracias: los derechos de las personas que le han fallado a la sociedad también tienen que valer.
¿Y cómo podría realizarse la propuesta del Ministerio de Justicia? $14 billones es todo lo que espera recogerse con la ley de financiamiento…
Ellos nos mostraron que tienen un plan de atención inmediata, están gestionando una plata a través de unos Conpes. Nos dicen que (para cumplir) los estándares internacionales, con el número actual y proyectado de personas detenidas, sí implicaría unos costos de $14 billones. Eso ya es un tema de política pública. Ya los administradores determinarán si la solución es seguir entregando más plata o buscar otras medidas.
¿Qué reformas requieren la Corte Constitucional y la rama Judicial?
Si ustedes se dan cuenta, en los últimos años de reforma a la justicia han tocado más el diseño (de la rama Judicial) y yo creo que la justicia necesita un acercamiento al acceso real del ciudadano. Tenemos muchas dificultades para la gente para acceder a la justicia. Hay personas que tienen que coger hasta dos y tres buses para llegar al centro de Bogotá, en donde se presentan las demandas. Personas que están en situación de vulnerabilidad, que no tienen para un bus, menos van a tener para tres. El Estado tiene que buscar cómo facilitarle el acceso a la justicia.
¿Qué otra cosa?
Los términos en decisiones judiciales. No nos demoramos porque somos vagos, nos demoramos porque tenemos exceso de trabajo. En la Corte Constitucional, para dar un reflejo de lo que pasa en el país, recibimos 2.700 tutelas diarias. Cuando salimos al mundo nos dicen: “¡¿Cómo hace la Corte Constitucional colombiana?! Eso es una locura”. Y en efecto. Mucha gente dice que no se cree en la justicia, pero cada vez más acude a ella. Y también produce demora en las decisiones. Nos desborda nuestra capacidad. No es solamente un tema de falta de gente, es que en Colombia cada vez hay más tendencia a judicializar nuestras disputas. Y eso produce un impacto fuerte en justicia que no hemos sido capaces de responder.
(También: Prometea, la nueva tecnología para selección de tutelas en la Corte Constitucional).
¿Eso no es un problema?
Hay muchas formas de solucionar pacíficamente los conflictos y eso ya está inventado, pero aquí no nos ha funcionado. Por eso necesitamos una reforma a la justicia de cara a las realidades (del país). El asunto no es tanto si la inhabilidad del magistrado debe ser de un año. Es cómo hacer para que la solución de los conflictos sea justa y rápida. Un Estado sin justicia es un Estado que no se legitima. Nuestra justicia tiene una participación en el presupuesto nacional ínfima. Cada vez tenemos menos posibilidades de acceder a la modernidad porque los recursos en la rama Judicial son bastante limitados. Está documentado que el 60 % de las tutelas que se presentan en el país son porque el sistema de salud no funciona. Las líneas están claras y sin embargo las mismas EPS le dicen a la gente que presenten tutelas. Eso debe tener una respuesta del aparato institucional, del que diseña la política pública o de la ley y no la hay.
Ustedes encontraron una serie de comportamientos que buscan hacerle el quite a lo que ha dicho la Corte en temas sociales, como la protección a las mujeres embarazadas. ¿Cómo responder?
La sociedad es dinámica y por eso las resoluciones de las controversias no las puede hacer un computador. La Corte dijo que a la mujer embarazada no se le puede despedir. Pero la sociedad responde y entonces los empleadores empezaron a acomodarse. Lo vimos en las estadísticas. Tuvimos un caso de una cajera de un supermercado que tenía unos manejos inadecuados con la plata. (Lo que encontramos de parte de los empleadores es que) si no se puede tocar a la cajera porque está embarazada, pues mejor no contratar mujeres o contratar mujeres que ya no estén en edad fértil u hombres. Como la sociedad al ajustarse puede producir efectos contrarios a la Constitución, el juez tiene que responder a eso y no fuimos indiferentes. Y cerramos el debate del despido por discriminación: si a usted la despiden porque es mujer embarazada es totalmente distinto a que la despidan porque le encontraron un manejo irregular en la caja. El embarazo no le puede dar inmunidad; el embarazo le da protección y estabilidad por ser mujer trabajadora.
¿Se debe modificar la tutela contra providencia judicial?
Este es un debate que es clásico en la Corte Constitucional. Llevamos 27 años discutiendo si debe haber tutela contra sentencias. Hoy la mayoría de los jueces admiten que es factible. De hecho, los decretos que reglamentaron después la competencia dijeron que sí, que procede la tutela y que se reparte a unos jueces determinados. Hemos avanzado en el debate. Ahora, ¿cuáles son los límites? Ese es un debate constante que nosotros nos damos en la Sala Plena. ¿Puede una sentencia sobre la cual ya no hay debate ser discutida diez años después? ¿Qué pasa si han cambiado las condiciones que originaron la decisión judicial? ¿Puede otro juez revisarlos? Esos son debates que yo creo que en vía judicial se están dando con seriedad. Las reformas en términos de modificaciones legales o constitucionales podrían dificultar en alguna medida que el debate avance, pero podría ser una forma de aportar. Este no es momento para negarse rotundamente a algo.
Hay voces dentro de la Corte Constitucional que dicen que hay corrupción detrás de la filtración y publicación de ponencias, que son información reservada. De hecho, la magistrada Cristina Pardo presentó una denuncia ante la Fiscalía. ¿Cuál es la posición oficial de la Corte sobre esto? ¿Acaso hay evidencias de sobornos?
No. Cada cual es dueño de acercarse a los problemas de manera distinta. Esa es una opinión absolutamente personal de Cristina y no por eso hay que descalificarla. Ella piensa que hay que alertar pues, cuando una información se hace pública, las partes del proceso empiezan a desequilibrarse. De hecho, ya fue condenado, porque aceptó cargos, un muchacho (funcionario de la Corte Constitucional) que entregaba información reservada y, en ese caso se comprobó que recibía pagos. No es a periodistas. La posición de Cristina es individual, no es institucional. Y nosotros tenemos claro que eso parte de deficiencias nuestras. Para nosotros es tremendamente complejo todo el tiempo estar en este dilema.
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La Corte se enfrenta a problemas y derechos nuevos, como los límites de la libertad de expresión y de opinión en redes sociales, y acá aún no hay una reglamentación. ¿Cuáles son los límites? ¿Se necesita una ley?
La regulación y la restricción de los derechos vía ley es una garantía de los Estados, pero, como todo acto humano, las leyes no pueden regular todos los sucesos de la sociedad; el legislador no puede preverlo todo. ¿Que si es mejor que la ley regule y nos defina qué hacer cuando hay una disputa en Facebook? Pues es bueno que estén claras las reglas de juego. Pero desde ya digo que será, muy posiblemente, insuficiente. Y por eso los jueces debemos entrar a interpretar y eso lo hacemos sobre casos concretos. Empezamos a ver qué pasa cuando el señor pone en Facebook la imagen de la vecina para cobrarle la cuota de administración. Estamos revisando ese caso y ahí empezamos a generar reglas para los siguientes porque, a hechos iguales, las mismas consecuencias jurídicas. Por eso estamos en ese debate de oír, de calcular los temas técnicos —porque no sabemos cómo se maneja una plataforma de estas—, de conocer y acercarnos a las nuevas realidades sociales.
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