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El coronel Daniel Gutiérrez es una grata sorpresa, tanto para el Ministerio de Justicia del nuevo Gobierno, como para organizaciones defensoras de los derechos humanos. Después de recorrer una larga carrera en la Policía Antinarcóticos, llegó a la subdirección del Inpec para darle una mano al exdirector, el general Tito Castellanos. Con la última reorganización de la Policía, en septiembre pasado, Gutiérrez quedó encargado del instituto, a la espera de que llegue ese criminólogo que el presidente todavía no elige (o que no le acepta el puesto). Mientras clasifica la hoja de vida, Gutiérrez adelanta un proceso que incluye la reintegración de los observatorios de derechos humanos y la creación de la Unidad Investigativa. Sabe que cada día está al borde del escándalo y quiere dejar como legado un Inpec más humano.
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Usted llegó con una idea novedosa y que requiere de un esfuerzo muy potente para intentar acabar la corrupción en las cárceles, ¿qué espera en los próximos meses?
El manejo interno de la institución es algo difícil, porque tiene varios actores. El primer actor, pues son todas las personas que están privadas de la libertad, tenemos alrededor de 100.000 que están intramurales y tenemos alrededor de 16.000 funcionarios, entre el cuerpo custodia y administrativos. Y el otro cliente es la sociedad, que es el principal, porque tenemos que darle mejores resultados frente a la corrupción y frente a qué personas estamos entregando después de que salen de las cárceles.
Si los funcionarios hacen las cosas transparentes, pues los procesos de resocialización van a funcionar. Si los guardianes no se dejan corromper, pues no van a entrar elementos prohibidos, no van a cobrar por nada de lo que pase en las cárceles, que son las prácticas que seguramente se vienen presentando hace mucho tiempo. Decidimos que la estrategia contra la corrupción esté articulada con la Procuraduría y la Fiscalía. Y es allí donde reaparece el observatorio general de los derechos humanos. Ahora, tenemos un espacio de denuncia formal del que participan internos y funcionarios.
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Usted incluso nombró específicamente una Unidad Investigativa para combatir estos casos. La entrada de hamburguesas a cientos de miles, la entrada de prostitutas y las parrandas vallenatas ¿Qué respuestas ha recibido de sus funcionarios?
Al principio fue un poco difícil. Estas prácticas se han vuelto casi culturales. Algunos llevan mucho tiempo de esa manera, y quizás también es el arraigo y la constante comunicación con los privados. Parece que quisieran emular lo que hacen los detenidos. Entonces, al principio ha sido difícil el manejo, ha habido un poco de choque, pero también hemos encontrado que la gran mayoría de funcionarios son muy buenos. Están felices con una administración que escucha a la gente, que escucha a los privados y que escucha a los dragoneantes. Esa confianza ha permitido que haya más denuncias, se quejen de los malos tratos y de la corrupción.
¿Cuáles son las primeras denuncias?
Inicialmente, hicimos un monitoreo en todas las cárceles y vimos que había privados de nivel 1 de seguridad, es decir, alta, que estaban en establecimientos que no eran de su nivel. Entonces empezamos a hacer los traslados. Lo segundo, revisamos las denuncias que hicieron en diciembre algunos guardianes, como el ofrecimiento de whisky a internos por hasta $5 millones.
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Cuando nos enteramos del tema, que fue en La Picota de Bogotá, entonces de una vez hicimos sorteo para los horarios y los puestos del servicio. Si un dragoneante recibía, por ejemplo, el turno a las 7 a.m., le cambiábamos tanto su jornada como su pabellón. Muchas veces el arraigo y el tiempo largo de permanencia les da familiaridad con los privados de la libertad y ahí se pueden presentar situaciones de corrupción.
¿Ya están identificados los dragoneantes que ofrecieron el whisky?
Estamos tratando de ver quiénes son para identificarlos y sancionarlos con Procuraduría o Fiscalía, dependiendo cuál es el delito que se le puede imputar a estos funcionarios. A pesar de todo eso, se logró evitar. De hecho, hicimos un sondeo de años anteriores, comparando la Navidad del 2022 con lo que había pasado en otros diciembres, y a pesar de que hubo novedades, este diciembre estuvo un poco más tranquilo.
¿Ya tenemos nombres y posibles sanciones a los dragoneantes que al parecer ayudaron con la fuga de alias La Firma?
Por ahora me gustaría decir que cuando fuimos al sitio, y revisamos cámaras y demás, pudimos determinar que no hubo favorecimiento. Seguramente sí hubo omisión en los procesos de seguridad, como en las revistas y el control en las garitas. La Procuraduría pidió por poder preferente la investigación. Y ellos determinarán las posibles sanciones. Establecimos, también, que no era ningún cabecilla de Los Pelusos. Sí, era un integrante y seguramente cometía extorsiones, pero no tenía una posición de poder.
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¿Considera que su puesto está en juego si se llegan a presentar escándalos de la talla de los paseos de Carlos Mattos o la fuga de alias “Matamba”?
Sí, pero no solamente por eso. Estos cargos son muy sensibles ante la responsabilidad. Hablamos de 100.000 personas privadas de la libertad. Todos tienen familias, el gran porcentaje quiere salir de la cárcel y otros quieren continuar con su vida delictiva. El riesgo es latente y constante. Todos los días hay riesgos muy altos. Siempre pensamos cómo lo vamos a enfrentar. Estamos con la disposición de que en cualquier momento se puede presentar una fuga. Cada vez que me llaman espero que no sea un escándalo. Es importante darle la cara al país. Siempre, si hay un problema, salirle al país con soluciones. Con una forma de mejorar las cosas.
¿Qué acciones concretas ha adelantado para intentar superar la crisis de salud, infraestructura, alimentaria y de derechos humanos?
Desafortunadamente, no sé en qué momento se desligó el tema presupuestal y logístico del Inpec, y se creó la Uspec. No sé los motivos del por qué ellos sostienen el tema de salud, alimentación, infraestructura, vigilancia electrónica. Todos los temas administrativos. Justamente tuvimos una reunión con el director encargado de la Uspec, porque teníamos situación de huelga en todo el país por alimentación de baja calidad, que no cumplía con el gramaje, y por alimentación a destiempo.
Eso nos dificulta mucho el ambiente en las cárceles. Nos toca siempre sentarnos con ellos. Desafortunadamente, el hecho de que no tengan el ambiente de las cárceles termina en que no sientan la responsabilidad que tenemos nosotros. Tienen un trabajo muy administrativo.
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Frente al tema de permisos y resocialización sí es nuestro. Estamos haciendo un rediseño institucional para revisar el hacinamiento. Muchos beneficios administrativos no se les están dando, como beneficios de 72 horas o libertad condicional. Y es porque están desbordadas las oficinas jurídicas. Estamos trabajando en esos proyectos, junto con la Defensoría y las universidades, para que tengamos más abogados en las cárceles. Esperamos que puedan agilizar el tema de los subrogados y trabajen en articulación con los jueces de ejecución de penas.
El borrador del proyecto de ley del Ministerio de Justicia permite ver que habrá muchos beneficios para los internos y que se van a eliminar delitos. La idea es deshacinar definitivamente las cárceles ¿Cómo se preparan ustedes?
Es un reto muy grande. Las cárceles son el reflejo de las sociedades. Cuando recibimos el borrador enviamos unas órdenes a todo el país para sacar las ideas y las posiciones. Vamos a tener las posiciones de todos los directivos de nivel central, del nivel nacional, de los sindicatos y de los privados de la libertad. Tener esos puntos de vista nos permitirá hacer un consolidado frente a lo que piensan frente al cambio.
Nuestra intención es humanizar las cárceles y humanizar a estas personas. Algunas entran siendo analfatebas y salen igual. La idea es que se capaciten. El ministro de Justicia explicó que se fortalecerá el tema de las personas que puedan salir a trabajar estando en prisión, seguramente habrá que tener un estudio frente a la clasificación de quienes puedan acceder a esos beneficios. Me gustan las ideas. Hay que pensar en mejorar.
¿Se quiere hacer un proceso de justicia restaurativa ¿Cómo ve que puedan funcionar desde la prisión algo tan novedoso?
Tenemos que estar alineados con la paz y la justicia restaurativa. No todo puede ser pagado con cárcel. Habrá otro tipo de sanciones frente a los delitos. Seguramente habrá que analizar que tipo de delitos se pueden pagar con otro tipo de castigo.
A diferencia de otros directores del Inpec, a usted se lo ve de civil cada vez más ¿Por qué ese cambio?
A veces los uniformes crean barreras y abismos entre las personas y los funcionarios. Estamos en la administración siendo policías, pero nuestros funcionarios no son policías. Fue una estrategia que empezamos a utilizar con autorización de mi general Henry Sanabria, el director general. Nos hemos dado cuenta de que ha funcionado porque tenemos más cercanía con los funcionarios y con los privados de la libertad. A eso me refería con romper paradigmas y pensar en cosas que no se habían hecho.
Se suponía que con el cambio de Gobierno habría un nuevo director que sería civil. De hecho, un criminólogo. Sin embargo, usted sigue con el encargo desde septiembre ¿Qué ha sabido de su posible reemplazo?
Desde el momento en que fuimos nombrados en el cargo aquí hemos estado con toda la disposición. En la Policía aprendimos a hacer caso y a cumplir las órdenes del Gobierno. Por ahora, no tengo informaciones quien pueda ser, pero si efectivamente la intención del gobierno es tener una persona civil para que maneje el Inpec.
¿Le gustaría quedarse?
Nosotros cumplimos órdenes del Gobierno. De los jefes. Me gustaría quedarme. Es un gran reto y una gran responsabilidad. Pero si me dicen mañana que regrese a la Policía, me voy con toda la energía y tranquilidad de volver. Sin embargo, si me dicen que me quede, también tendré toda la disposición. A mí realmente me ha gustado el Inpec porque es un tema social. La esencia de la Policía es el servicio y cuando estamos en el Inpec pensamos en servir a la sociedad, a los privados de la libertad y a nuestros funcionarios. Mi meta son los derechos humanos. He tenido mucho apoyo del Gobierno, del Senado y de organizaciones de derechos humanos.
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