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Cinco generales y un vicealmirante son los oficiales que conformarán la nueva cúpula militar designada por el presidente Abelardo de la Espriella. El pasado 20 de agosto, en una declaración desde Barranquilla, la ciudad definida como la sede alterna de gobierno, el jefe de Estado anunció quiénes lo acompañarán en el diseño e implementación de su política de seguridad y defensa. Se trata del primer gran remezón en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada, donde aún estaban los oficiales que acompañaron los últimos meses de gobierno del expresidente Gustavo Petro. Expertos aseguran que no podrán ahorrar esfuerzos en temas claves como las economías ilegales y el control territorial.
Analistas en seguridad y defensa señalan que el contexto en el que los oficiales tendrán que diseñar e implementar la hoja de ruta militar y policial no es para nada fácil. Javier Flórez, de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), le dijo a El Espectador que son cuatro los puntos claves que los oficiales tendrán que poner sobre la mesa en sus primeras semanas de trabajo. Primero, un “cambio en la ecuación”, que ya no responde solo al manejo de la seguridad pública y territorial como el corazón del trabajo de las Fuerzas Militares. En segundo lugar, el contexto de “una violencia más fragmentada”, en la que los grupos al margen de la ley responden a intereses distintos y no tienen claras sus propias líneas de mando.
Pero, sobre todo, que cada estructura ilegal opera de una forma distinta y adecuada a los sitios en los que tienen injerencias, por lo que las estrategias militares y policiales también se deberían diversificar. “Esto les va a hacer reconocer que no se pueden tratar de forma heterogénea”, señaló el director Flórez. Y, en tercer lugar, apuntó que el abanico de las economías ilícitas es cada vez más amplio y diverso. Si bien el narcotráfico sigue estando en el centro de la actividad de los grupos al margen de la ley, en regiones como el suroccidente y el suroriente del país han tomado fuerza otras fuentes de financiación como la minería ilegal de oro, coltán, estaño y tierras raras o el tráfico de migrantes.
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Finalmente, el experto señaló que hay un problema de “reciclaje criminal” que exige medidas urgentes. Es decir, que las personas que integran estructuras al margen de la ley cada vez se mueven con mayor facilidad de un grupo al otro, lo que permite no solo que se mantengan activos, sino que su rastreo sea cada vez más difícil para las autoridades judiciales y favorece el fortalecimiento de las estructuras armadas. El director Flórez señaló que, según cifras analizadas por la FIP, unas 29.000 personas integran hoy grupos al margen de la ley. Con el agravante de que en casos como el del Clan del Golfo, la mayoría de ellos no están en filas o armas, sino en sus redes de apoyo, incluso camuflados entre población civil.
Agregó que el reto mayor estará también en la diferenciación entre zonas de disputa y zonas de gobernanza criminal. Entre las primeras señaló que hay sitios en los que la confrontación entre grupos al margen de la ley tiene al Estado en un punto en el que “no sabe qué hacer”. Entre estas están Catatumbo (Norte de Santander), Cauca, el norte del Guaviare, Caquetá, el sur del Meta y la Sierra Nevada de Santa Marta (Magdalena). Sobre los sitios en los que son las estructuras criminales las que tienen el control territorial, detalló que son sitios en los que “el Estado es invitado”, porque reina la gobernanza armada. El experto agregó que se debería prestar atención a lugares como el Pacífico nariñense, el sur del Putumayo, el Urabá antioqueño y chocoano.
Flórez concluyó que no solo es la acción de los grupos armados, sino las capacidades en gran parte disminuidas para atender todos los frentes de trabajo. “Los oficiales de la nueva cúpula reciben unas Fuerzas Militares y una Policía con un debilitamiento de sus capacidades que no empezó en el gobierno pasado, que vienen de antes, pero que, por decisiones propias del gobierno anterior, sí se profundizaron”, expresó el experto. Al respecto, agregó que hoy el nivel de capacidades del Estado es del 46 %, una cifra “demasiado baja” y que muestra que hoy “no se tiene la suficiencia que tuvimos en otro momento para movilizarse con rapidez y precisión”. Jorge Mantilla, experto en seguridad y profesor de la Universidad del Rosario, coincidió en que uno de los puntos inaplazables en la agenda está relacionado con los recursos.
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“Uno de los retos fundamentales es desplegar una ofensiva militar en diferentes partes del país, con un déficit presupuestal que se acerca a los COP 14 millones. Eso implica desarrollar focalización y priorización de dónde se van a utilizar esos recursos que hoy son limitados”, explicó el experto en diálogo con El Espectador. Agregó que lograr planear y ejecutar operaciones militares en medio de un apretón de recursos y capacidades hace más complejo un trabajo “cuyo impacto sea concreto, medible y sostenible en el mediano plazo”. Por otro lado, Mantilla señaló que es importante avanzar en “un cambio doctrinal” ante lo que él llama “un escenario de hibridación táctica” por parte de los grupos armados.
Desde su análisis, las estructuras al margen de la ley están acudiendo a la combinación de al menos tres formas de violencia. Primero, la guerra no tripulada o guerra aérea con drones que, en su concepto, “se ha venido escalando como una ofensiva operacional”. En segundo lugar, los ataques terroristas con explosivos. Y la “creciente instrumentalización de poblaciones civiles en diferentes partes del país”. La unión de esos tres elementos, señaló Mantilla, “requiere una actualización o un cambio doctrinal”. Agregó que es necesario el contexto operacional en lo relacionado con la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en el marco de la gobernanza ilegal de los grupos armados y su expansión en redes de apoyo.
El profesor Mantilla también señaló que, en medio de la crisis por el terremoto de magnitud 7,4 que sufrió el país el pasado 10 de agosto, es clave que la fuerza pública preste atención a sus capacidades de atención de desastres y emergencias, en el marco de la seguridad ambiental o el cambio climático. También de cara a escenarios como el fenómeno de El Niño, a propósito de los recientes incendios en el departamento del Tolima, cuya atención tuvo apoyo de la Quinta División del Ejército. “Creo que es una oportunidad para desarrollar una estrategia de seguridad que vaya más allá de lo que podrían ser las bajas y las capturas y que tenga un rol activo en el marco de esta reconstrucción”, concluyó Mantilla.
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Los integrantes de la nueva cúpula
El Comando General de las Fuerzas Militares estará ahora a cargo del mayor general Erik Rodríguez, quien reemplazará al general Hugo Alejandro López Barreto. El oficial tiene más de 35 años de experiencia. Tiene formación de posgrado en áreas como Inteligencia Militar y en su hoja de vida pesan cargos como el de Comandante del Grupo de Caballería Número 16 en Casanare, de la Fuerza de Tarea Sumapaz, de la Séptima Brigada y de la Primera División del Ejército. También estuvo al frente de la planeación de la Operación Perseo, la estrategia de intervención militar con la que el gobierno anterior intentó retomar el control del corregimiento de El Plateado, en Argelia (Cauca), durante décadas dominado por las extintas Farc y ahora por las disidencias.
A su lado estará el mayor general Carlos Enrique Carrasquilla Gómez, designado como jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. El oficial lleva 34 años en el Ejército y tiene formación de posgrados en Reino Unido y Estados Unidos en áreas como Defensa y Recursos Estratégicos Nacionales. Ha sido, entre otras cosas, comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo y comandante de la Primera División del Ejército. Su tarea ahora será estar al frente de la dirección, planeación y ejecución de las operaciones conjuntas del Ejército, la Fuerza Aeroespacial y la Armada. Esto, siguiendo la línea de la política de “mano dura” de la que el presidente De la Espriella hizo eco durante su campaña para llegar a la Casa de Nariño.
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De la comandancia del Ejército saldrá el mayor general Royer Gómez Herrera, quien le entregará el mando al mayor general José Bertulfo Soto Sánchez. Este último, especialista en Seguridad y Defensa Nacional, viene de ser Jefe de Estado Mayor Generador de Fuerza del Ejército. Esa es la unidad que está al frente de la planeación de la administración, la formación, la doctrina y las operaciones de la institución. También fue comandante de la Quinta División y del Comando Específico del Cauca y del Comando de Educación y Doctrina del Ejército. A su cargo estará ahora resolver los asuntos operacionales, pero también los administrativos, como el del mantenimiento de la flotilla de helicópteros rusos MI-17 del Ejército, que terminó envuelto en un caso de corrupción durante el gobierno Petro.
La dirección de la Fuerza Aeroespacial pasará de manos del mayor general Luis Carlos Córdoba Avendaño al mayor general Juan Jaime Martínez Ossa. Se trata de un piloto militar que lleva 36 años en la institución y tiene formación en Administración Aeronáutica, Seguridad y Defensa. Su hoja de vida suma más de 7.000 horas de vuelo en aviones de transporte y combate. Pero también ha ocupado cargos como el de comandante de Operaciones Aéreas y Espaciales, y jefe de Inteligencia Aérea, Espacial y Ciberespacial. En su agenda estará, entre otras cosas, recibir la flotilla de aviones Gripen que el gobierno anterior negoció con la firma sueca Saab y el retorno de la institución a su antiguo nombre, Fuerza Aérea, por petición del presidente De la Espriella.
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El último cambio de la cúpula militar que se oficializó este jueves es el de la comandancia de la Armada. De ese cargo sale el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, para que lo asuma el vicealmirante Javier Alfonso Jaimes Pinilla. El oficial era hasta ahora el jefe de Planeación Naval de la institución. También estuvo al frente de la Fuerza Naval de la Amazonía, fue director de la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, en Cartagena, y jefe del Centro de Operaciones de la Armada. Además, fue oficial de Comunicaciones del buque escuela Gloria, la embarcación insignia de la institución, conocida también como “el embajador flotante de Colombia en los mares y puertos del mundo”.
En la Dirección General de la Policía fue oficializada también la designación del mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, quien reemplazará al general William Oswaldo Rincón Zambrano. Hizo parte de la Unidad Especial de Investigación de la Policía Judicial, fue subdirector y director de Inteligencia Policial. “Me estoy rodeando de los mejores soldados y generales para ganarle esta guerra a la criminalidad. No van a tener dónde esconderse. No van a tener tregua. No vamos a dejar un minuto de perseguirles. Vamos a imponer el orden y vamos a recuperar la seguridad desde las regiones hasta los barrios de cada una de las ciudades y pueblos de Colombia”, concluyó el presidente De la Espriella en la designación de los oficiales.
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Por Gustavo Montes Arias
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