Nueva política contra los bienes de la mafia

Una de las particularidades de la nueva ley, de 218 artículos, es la que se refiere a la colaboración que entreguen personas particulares sobre bienes que han sido adquiridos de forma ilícita o con dineros ilegales. Según el Código, el “particular que reporte de manera eficaz o que en forma efectiva contribuya a la obtención de evidencias para la declaratoria de extinción de dominio, podrá recibir una retribución hasta del 5% del producto que el Estado obtenga por el remate”. En pocas palabras, es una especie de recompensa para quienes guíen a las autoridades.

Esta situación se da de manera similar con las personas a quienes se les adelanta un proceso de extinción de dominio. Quien se acoja a sentencia anticipada podrá recibir hasta el 3% de su inmueble cuando sea rematado. “Podrá igualmente el afectado hacerse acreedor a otro 3% de valor de los bienes que se encuentren en causal de extinción de dominio, sobre los cuales informe a la Fiscalía y aporte elementos de prueba”.

Es decir, que si el procesado aporta información sobre propiedades que estén a nombre de otros miembros de su red criminal o que permitan la desarticulación de la organización, recibirá una retribución económica por su colaboración. Esta situación generó un fuerte debate en la Rama Judicial. Mientras el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, manifestó que habría que evaluar si ha sido exitoso sacrificar la justicia al dar beneficios a los procesados, antes de que la Fiscalía tenga que “contentarse con lo que buenamente quieran decir, delatar o entregar”.

Esta nueva legislación busca no sólo contar con mayores estrategias y posibilidades para recuperar los dineros que les pertenecen a las víctimas y al Estado, sino además busca fortalecer al país en la lucha contra la macrocriminalidad. Se crearán juzgados y tribunales especializados —alrededor de 62— en temas de extinción de dominio y se fortalecerá la planta de la Fiscalía —que se reformó por primera vez en 20 años— con 50 nuevos fiscales y 100 investigadores. Además, la ley busca que a través de los procesos de enajenación de bienes el propio ente investigador pueda financiarse.

Esta última medida establece que los recursos que se obtengan a partir de los bienes incautados se repartirán así: 25% para la Rama Judicial (altas cortes, tribunales y juzgados), 25% para la Fiscalía y el 50% para el Gobierno. Fuentes del ente investigador calificaron esta medida como un éxito, ya que de ahora en adelante la Fiscalía tendría recursos propios, fuera de los que el Gobierno le entrega, para su funcionamiento. Esta medida fue otro foco de discusión, porque el ministro Gómez Méndez dijo que este tipo de determinaciones podrían afectar seriamente la Ley de Víctimas y sus procesos de reparación.

Para afrontar los retos que implica tener una nueva estrategia para el decomiso de propiedades que no sólo están en el país, sino también en el exterior, la Fiscalía creó una Dirección Especializada de Extinción del derecho de Dominio y una nueva policía judicial que se dedicará únicamente a este tema. Asimismo, con la implementación de los cuatro consejeros judiciales del fiscal general se buscará fortalecer las relaciones internacionales, porque según Gloria Ortiz, asesora de Montealegre, la mayoría de la plata que se roban del Estado o que es producto del narcotráfico no está en el país, sino que termina en paraísos fiscales.

En la ley también se establece que de ahora en adelante la única entidad que administrará los bienes sera el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco). Esta entidad será la encargada de adelantar todas las labores para conocer, establecer y cobrar el valor comercial de las propiedades e inmuebles que sean confiscados. Igualmente, el nuevo código establece que algunos bienes como aeronaves, automotores y motonaves puedan ser entregados a alguna entidad pública y, de ser declarada la extinción de dominio, existe la posibilidad de que se haga propietaria de éstos.

El nuevo Código para la Extinción de Dominio entrará a regir dentro de seis meses. En julio de 2014 la Fiscalía ya contará con una nueva herramienta que le permitirá tener ingresos propios y destinarlos a sus necesidades durante los próximos tres años, mientras se implementan todas las reformas en la entidad. Asimismo, con esta ley se busca acabar con los problemas que han rodeado la administración de bienes de la mafia y evitar que se repitan casos como el ocurrido en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

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@santsmartinez