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La Policía ya tiene las reglas que debe cumplir para usar la fuerza ante cualquier situación que enfrenta, desde la intervención a un ciudadano que está consumiendo marihuana en espacios públicos, hasta la manera en que debe actuar ante una manifestación social. El reglamento quedó listo en un decreto que firmó el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado 3 de octubre, y que tuvo siempre en la memoria de quienes lo elaboraron a las 40 víctimas mortales que fueron asesinadas por la respuesta desproporcionada que tuvo la Policía durante el estallido social de 2021, y que respondía a las políticas económicas y sociales del entonces presidente Iván Duque.
Además, el nuevo reglamento surge en respuesta a las recomendaciones que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando evidenció en terreno lo que había sucedido hace tres años. Se trata del primer reglamento que tendrá que cumplir la Policía elaborado por una mesa de diálogo, con organizaciones de la sociedad civil y expertos, encabezada por el Ministerio de Defensa. Un asunto inédito hasta ahora, pues los uniformados siempre había actuado cumpliendo resoluciones internas de la institución, lo que, para expertos, llevaba a abusos de la fuerza y, en últimas, en asesinatos y otras graves violaciones de derechos humanos.
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La nueva reglamentación dispone que el uso de la fuerza, o armas de fuego, por parte de los uniformados solo se permitirá cuando sea absolutamente necesario y “cuando los demás medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera la consecución del objetivo previsto”, instando a los policías a evitar medidas extremas para proteger bienes que no sean superiores a la vida o integridad física. Además, un cambio clave en el reglamento es que, por encima de cualquier situación, debe privilegiar el diálogo por encima del uso de la fuerza, por lo que queda prohibido el empleo de armas letales cuando la vida de los policías o de otros ciudadanos no esté comprometida.
En diálogo con El Espectador, Alejandro Rodríguez, coordinador del observatorio de violencia institucional de la oenegé Temblores, una organización que se dedica, entre otras cosas, a estudiar los episodios de violencia policial en el país, resaltó la importancia de esta nueva reglamentación. “Este decreto es fundamental para dar garantías de no repetición, en contextos de protesta social, y es una deuda que tenía el Estado colombiano con la CIDH”, señaló Rodríguez. Temblores integró la Mesa de Trabajo que, desde agosto de 2023 hasta febrero de 2024, se dedicó a construir el documento de 18 páginas para reglamentar el uso de la fuerza policial.
Por eso, Rodríguez conoce el detalle del asunto y señala que otro punto clave del decreto es que da pistas sobre cuáles son los niveles de resistencia que puede presentar los manifestantes y qué tipo de intervención policial requeriría cada uno. “Esto es fundamental para la garantía de la protesta, pero también para que el uso de la fuerza esté alineado con los principios básicos de necesidad, de proporcionalidad, y de legalidad”, agregó. Aunque organizaciones como Temblores y expertos que participaron de la elaboración del reglamento reconocieron la relevancia del decreto en la regulación del actuar policial, todavía hay asuntos pendientes que quedaron sin respuesta.
Organizaciones como Temblores, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el Movimiento en Resistencia contra las Agresiones Oculares del Esmad, entre otras, señalaron que, por ejemplo, todavía no es claro para nadie en qué momento será necesario usar una arma de fuego. Otro punto que quedó al aire es que no hay precisión sobre qué armas, municiones y equipos están permitidos con el fin de evitar excesos o abusos que puedan poner en riesgo la vida, la integridad física o la libertad de las personas. Además, otra preocupación de las organizaciones es que no se delimitó la posibilidad que tiene la Policía para adquirir nuevas tecnologías sin una evaluación técnica, independiente del riesgo.
Todas estas observaciones serán enviadas en los próximos días al Ministerio de Defensa y demás autoridades que ya enfrentan las críticas de quienes ven en este decreto como un riesgo a la seguridad del cuerpo policial con las nuevas restricciones que plantea. Uno de ellos es el alcalde de Bucaramanga, Jaime Beltrán, quien señaló que la nueva reglamentación está pasando de la protección de la vida a una “permisividad total”, dejando a la fuerza pública sin recursos para salvaguardar los bienes públicos y privados. El ministro Velásquez aclaró que en ningún momento se está poniendo en riesgo la vida de los uniformados, sino solamente la “directrices precisas en cuanto el uso de las armas y la fuerza”.
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Entre críticas, vacíos y avances, el decreto que ya fue firmado por el presidente Petro y su ministro de Defensa y ya rige en todo el territorio desde el 3 de octubre. Si bien las organizaciones que participaron de su creación precisan que el nuevo decreto no resuelve integralmente una transformación policial, “sí ofrece la oportunidad de replantear y supervisar el accionar policial, en consonancia con las garantías de los derechos humanos”, expresó la mesa de trabajo en su comunicado compartido a este diario. Y uno de los retos más importantes, resaltan, es lograr un cambio cultural que va mucho más que las reglas de un decreto de papel.
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