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Siete meses después de que estallara el escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgo (UNGRD), luego de las primeras revelaciones periodísticas de febrero pasado, seis personas ya están tras las rejas: el exdirector de la entidad Olmedo López Martínez, los exsubdirectores Sneyder Pinilla Álvarez y Luis Carlos Barreto Gantiva, el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo, el contratista Luis Eduardo López y el exdiputado Édgar Riveros Rey. Este último aparece en audios en poder de la Fiscalía ofreciendo un soborno de $10.000 millones para Olmedo López y de $3.000 millones para Sneyder Pinilla –hoy testigos estelares del caso– a cambio de que favorecieran con su silencio a varios de los protagonistas de este expediente y, en particular, a que sacaran de su matriz de colaboración con la justicia las irregularidades que ellos conocieron sobre el presunto direccionamiento de ocho contratos en La Guajira por casi $100 mil millones.
Esos contratos, según López y Pinilla, fueron manejados por Luis Carlos Barreto y su jefe político César Manrique Soacha, hoy director del Departamento Administrativo de la Función Pública, quien ha dicho que es inocente. No obstante, las pruebas que ha recaudado la Fiscalía lo tienen bajo sospecha, pues ha sido señalado como el artífice de esta telaraña de corrupción para el manejo de esos recursos en La Guajira a través de contratos de obra pública que, en teoría, buscaban resolver la emergencia del agua en la región atendiendo una sentencia de la Corte Constitucional del año 2017. El miércoles pasado un juez envió a prisión a su supuesta cuota política, Luis Carlos Barreto, por lo cual la situación de Manrique Soacha podría complicarse más. Además, aparece mencionado en las conversaciones de Édgar Riveros Rey con Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla y agente encubierto de la Fiscalía para documentar el soborno.
Los audios
El Espectador conoció nuevos apartes de estos diálogos entre Riveros Rey y Gustavo Moreno que resultan ilustrativos para los investigadores sobre cómo se pretendía silenciar a los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla. En una de esas conversaciones, Édgar Riveros le dice a Moreno: “Lo que yo te decía a ti: no meter el FIC, no meterlo desde allá (…) Entonces a qué me comprometo yo: a de ahí sacarles el 5 (por ciento). Son 10 mil (millones) y pico, ya ustedes lo organizan allá, con él, con Olmedo”. Riveros habla del FIC, que significa Fondo de Inversión Colectiva, y al parecer, se refería a un FIC firmado por la administración de Olmedo López con el municipio de Uribia (La Guajira) el 26 de febrero pasado en el que se comprometieron $231 mil millones para la construcción de un acueducto y un sistema de tratamiento de aguas residuales. Cuando Riveros menciona el porcentaje y la cantidad de plata para López baja la voz y susurra esos números.
El actual director de la UNGRD Carlos Carrillo se ha opuesto al desembolso de estos recursos, hoy congelados ante la sospecha de irregularidades en su trámite, y ha buscado mecanismos para revocar ese FIC con Uribia. Sobre los famosos contratos por $100 mil millones, hay más audios de Édgar Riveros. En uno de ellos le cuenta al abogado Gustavo Moreno que la clave es que Sneyder Pinilla y Olmedo López sigan “el camino correcto” y saquen de su acuerdo con la Fiscalía esos contratos. “¿Qué es lo importante, doctor? Que uno vea que ellos sí van en el camino correcto”. Moreno le contesta: “Bueno, pero deme línea como pa que usted esté tranquilo”. Y Riveros es entonces así de explícito: “Ustedes van a una negociación, entonces sí, saquen de esa negociación el tema de los 100 mil. Ya”. Édgar Riveros le confesó a Moreno que las denuncias de Olmedo López y Sneyder Pinilla sobre esos contratos en La Guajira habían frenado los pagos de esos negocios.
Por esa razón, Édgar Riveros, en calidad de emisario de Luis Carlos Barreto, tenía la urgencia de que esos contratos quedaran libres de toda sospecha y pudieran pagarse a los consorcios y contratistas que Barreto y César Manrique, según la Fiscalía, habían favorecido. Lo más grave es que esos $13 mil millones ofrecidos en el soborno saldrían de esos contratos amarrados. En otro audio, Édgar Riveros lo explica con mayor detalle en uno de los cuatro encuentros que sostuvo con el abogado Gustavo Moreno: “El aumento que ustedes saben de los 100 mil (millones), pues hermano les dio argumentos a ellos para decir: ‘Nosotros no pagamos porque esto posiblemente está viciado de una ilegalidad’. Entonces los perjuicios económicos pa todo el mundo son grandes. Entonces yo le decía al doctor Gustavo, ‘manejémoslo de la siguiente manera (inaudible), procuremos sacar esos 100 mil del tema jurídico’”.
La idea era clara: si Édgar Riveros lograba que López y Pinilla se retractaran de sus versiones sobre esos ocho contratos, lo siguiente que se buscaría sería blindarlos con actas del Consejo de Ministros, sentencias y órdenes judiciales que mencionaban la dramática situación del agua en La Guajira, y así salvar de cualquier responsabilidad al director de Función Pública César Manrique. “Entonces vuelve el tema de los 100 mil (millones). ¿Qué pasa con esos 100 mil? Ustedes han dicho: ‘Esos 100 mil aparentemente el señor César Manrique los trajo para esto’. ¿Cuál es la versión de aquí que es la defensa que ellos tienen? El acta del Consejo de Ministros donde asignaron la plata para cumplir con la sentencia T-302. Entonces esos 100 mil llegan es por aprobación del Consejo de Ministros. Entonces si tú dices: ‘Esto llegó por César Manrique’, pues se cae de su peso, sí me entiende”, se oye a Riveros decirle a Gustavo Moreno en otro audio.
Édgar Riveros se comprometió a hacerle llegar a Sneyder Pinilla, vía Gustavo Moreno, las actas del Consejo de Ministros en las que se trató el tema del agua en La Guajira. Dichas actas, se oye en los audios, las tenía César Manrique. Para la Fiscalía hoy está claro que lo que hubo allí fue un direccionamiento ilegal de casi $100 mil millones a cambio de coimas del 7%. En un momento de la charla, Gustavo Moreno le pregunta a Riveros si no teme que la justicia pueda documentar esas irregularidades, aún si Olmedo López y Sneyder Pinilla se retractan o dicen que sus versiones eran de oídas. Y Riveros le contesta: “Si yo traslado también las pruebas que hay en la Fiscalía donde dicen: ‘No, mire, ellos lo mencionan porque así lo escucharon, pero realmente no tienen una base, pues lo termina uno también allá (el expediente)’”. Riveros insistió que si se le daba todo este ropaje de legalidad a esos contratos sería imposible probar que hubo corrupción allí.
Las pesquisas
De las cuatro reuniones que sostuvieron Édgar Riveros y Gustavo Moreno –el 26, 29 y 31 de julio y el 6 de agosto pasados–, en una de ellas participó Luis Carlos Barreto. En ese encuentro específicamente se habló del soborno a Sneyder Pinilla por $3.000 millones y que éste saldría de un contrato de plantas desalinizadoras por $42 mil millones. “Si nos giran lo de plantas (desalinizadoras) nosotros sacamos de ahí y les pagamos a ustedes (…) Ahí se le puede cuadrar un 5% para que tengan ustedes, porque van a necesitar recursos, hermano”. Por este hecho, Barreto será imputado en los próximos días por un nuevo delito: soborno en actuación penal. La Unidad Investigativa de Noticias Caracol publicó hace 10 días varios de estos audios. En otras conversaciones conocidas por El Espectador, Édgar Riveros le dice a Gustavo Moreno en referencia al millonario soborno: “Olmedo y Sneyder, que busquen la manera más beneficiosa de salir”.
Pero hay nuevos desarrollos en este caso. La Fiscalía ya tiene listas las órdenes para las diligencias de arraigo a la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y a la exasesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, investigadas en este proceso. Las diligencias pretenden establecer el lugar de residencia de ambas y es uno de los pasos previos a una imputación de cargos. Ortiz ahora vive en Tunja, según han determinado los investigadores, y esta semana trascendió que el vehículo blindado de la UNP en el que se moviliza tuvo problemas con sus frenos. Se indaga si se trata de un posible atentado contra su vida. La exconsejera para las regiones no ha entregado su versión a la Fiscalía, pero el ente investigador ya tiene un extenso dossier en su contra como presunta mensajera de un soborno de $3.000 millones al expresidente del Senado Iván Name. En menos de un mes podría ser llamada a imputación de cargos.
En cuanto a los testigos Olmedo López y Sneyder Pinilla, el cronograma de la Fiscalía busca culminar sus interrogatorios en las próximas dos semanas, afinar los hechos y las evidencias que ya se han recogido sobre sus señalamientos e incluso determinar si hubo irregularidades en el contrato por $129 mil millones del dique Caregato, en La Mojana, que fue terminado unilateralmente por la UNGRD el pasado 5 de septiembre. La Fiscalía, además, no descarta llamar a interrogatorio al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, salpicado en la misma línea de investigación de Sandra Ortiz, en relación con el supuesto pago de sobornos por $4.000 millones a los entonces presidentes del Senado y la Cámara Iván Name y Andrés Calle. El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla también sería citado a interrogatorio, y no como dijo hace poco en un debate de control político, “en uno o dos años”, sino en los próximos dos meses.
El ministro Bonilla insistió en el Congreso que todo “son chismes” de Olmedo López y Sneyder Pinilla que no podrán probarse porque él ha sido un hombre honorable, pero la trazabilidad de los chats aportados por Pinilla a la Fiscalía, donde quedaron registros de sus conversaciones en medio de la urgencia del gobierno por aprobar unos créditos para la Nación, lo tienen en apuros judiciales. Sobre todo, por otros chats: los que se cruzó Pinilla con la entonces asesora del ministro María Alejandra Benavides para acelerar tres contratos por $92 mil millones a los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar para favorecer supuestamente a varios congresistas. Allí Benavides, incluso, le envió a Pinilla los contactos en esos municipios con los que tenía que direccionar esos contratos. En el caso de Arauca, según Pinilla, le dieron el contacto del contratista. No obstante, Bonilla ha declarado que es inocente y que así lo probará, lo mismo que César Manrique, de Función Pública.
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