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En abril de este año, bajo el liderazgo del jefe de Estado, la VI Cumbre de las Américas abrió por primera vez a nivel continental el debate sobre la necesidad de replantear las políticas antidrogas de la región. En junio, el Congreso colombiano legisló en favor de reconocer el problema de las drogas como un tema de salud pública y ahora la Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-491/12, ha declarado la exequibilidad del Artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana, afirmando que el porte mínimo de drogas no puede penalizarse.
Tradicionalmente, la lucha contra las drogas ha estado marcada por estrategias prohibicionistas y mecanismos de criminalización del consumo que han fracasado, lo cual ha causado estragos sociales y cobrado un alto costo en vidas humanas. En el marco de este escenario, Colombia ha venido dando grandes pasos para buscar alternativas que permitan nuevas maneras de enfrentar esta problemática, convirtiéndose en ejemplo para otros países.
Aunque los últimos pronunciamientos sobre el tema han generado muchos cuestionamientos, es fundamental continuar dándoles prioridad a los usuarios de narcóticos más que a otros actores, con el fin de quebrar la cadena de consumo que alimenta el problema de las drogas. El reconocimiento del fracaso de la estrategia prohibicionista hace urgente continuar promoviendo la discusión continental sobre el tema de los estupefacientes en América Latina, con el propósito de lograr un cambio de paradigma, que al mismo tiempo que mantiene la represión sobre los traficantes de drogas, otorga un tratamiento especial de rehabilitación y prevención.
* Senador liberal
Por Juan Manuel Galán Pachón
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