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El 2023 ha sido un año movido para el caso Odebrecht en varios de los escenarios judiciales que avanzan desde que el escándalo estalló en Colombia en 2017. Esta semana, el propio presidente Gustavo Petro pidió activar todos los mecanismos de colaboración judicial con Brasil y Estados Unidos, luego de que se supiera que la Comisión de Valores y el Departamento de Justicia estadounidense multaron al Grupo Aval y a Corficolombiana con $80 millones de dólares. Un pago para cesar todas las investigaciones en ese país pues, como lo dicen documentos oficiales, ambas participaron en el esquema de sobornos de la multinacional brasileña.
Los coletazos de las noticias desde Estados Unidos y los trinos del presidente se conocieron la misma semana en la que el fiscal Francisco Barbosa anunció una nueva oleada de imputaciones que revelará este jueves. Mientras las investigaciones penales siguen avanzando, en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca hay otro expediente que es una evidencia más de que el proceso de Odebrecht en Colombia está lejos de terminar. El movimiento más reciente en ese caso es la respuesta del Estado a una demanda de la multinacional por un tema de impuestos que incluye una novedosa postura jurídica: por la corrupción también hay que pagar impuestos.
El caso se remonta a mayo de este año, cuando el tribunal aceptó un recurso judicial de Odebrecht en el que, en pocas palabras, decía que la Dirección de Impuestos y Aduanas (DIAN) le había cobrado muchos más impuestos que lo realmente debía pagar la empresa. La entidad le dejó claro a la corrupta multinacional por qué había hecho esos cálculos. En una respuesta que llego al expediente el 4 de agosto pasado, la abogada Elizabeth Lamk fue clara: la DIAN no se equivocó calculando los impuestos porque, así Odebrecht hubiera falsificado facturas para pagar sobornos, nada los exime de pagar impuestos por ese dinero que terminó en el sistema financiero.
Uno de los argumentos más polémicos esgrimidos por la multinacional ante el Tribunal es que, para calcular la declaración de renta, la DIAN tuvo en cuenta los delitos que fueron atribuidos a funcionarios de Odebrecht, pero “que técnicamente no pueden ser endilgados a a la multinacional”. En junio pasado, cuando este diario contó los detalles de la insólita demanda, un alto funcionario de la entidad señaló que esa teoría era “insultante”, pues judicialmente está comprobado que la empresa brasileña ordenó repartir sobornos en varios países de la región. En la contestación de la demanda, la abogada Lamk usó otras palabras para decir lo mismo.
“Lo que aquí se está tratando es de un asunto tributario, de la aplicación de una norma fiscal que no tiene efectos penales, ámbito hacia el cual Odebrecht pretende desviar la discusión al margen del contenido de la norma tributaria. Odebrecht solo cuestiona es que los delitos no los cometió la compañía, lo cual es cuestionable si se tiene en cuenta que hacía parte del consorcio en el cual se suscitaron una serie de delitos y con fundamento en los cuales se decretó la nulidad absoluta por causa y objeto ilícito del contrato. Odebrecht no contradice las pruebas con fundamento en las cuales la DIAN rechazó sus declaraciones de rentas”, señaló la abogada Lamk.
Para darle fuerza a sus argumentos, la DIAN mencionó los nombres de las empresas que han sido nombradas en en el enorme expediente de la Fiscalía y que fueron usadas para falsificar decenas de facturas que, en realidad, buscaban darle apariencia de legalidad a los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios públicos para quedarse con contratos de recursos públicos. Para la abogada Lamk y los otros abogados de la entidad, es claro que la multinacional tiene que pagar $305.000 millones y no $6.240 millones, como así lo argumentan los representantes de la corrupta empresa, por impuestos entre 2014 y 2017,
La diferencia entre ambas cifras no es cualquiera: es 11 veces mayor que el soborno que entregó la multinacional para quedarse con la Ruta del Sol 2. ¿Cómo se explica que haya tanta diferencia en la sumas calculadas por la entidad recaudadora de impuestos y la empresa brasileña? Para la DIAN, Odebrecht además de pagar los sobornos en Colombia y protagonizar uno de los peores escándalos de corrupción en el país, tampoco hizo bien su declaración de renta y quería disimular su verdadero valor haciendo trampa. El error de fondo es que la empresa trató de ocultarle a la DIAN todo el dinero que pagaron a través de facturas falsas.
Por eso, para la entidad la declaración de renta de Odebrecht, al menos entre 2014 y 2017, está llena de inconsistencias y mentiras, pues con tantas facturas falsas, es prácticamente imposible acreditar cuánto fue el dinero legal que pasó por las cuentas de la empresa. Por eso, la DIAN insiste en que sus cuentas están bien y la multinacional también tiene que pagar los impuestos de su propia corrupción. Dos fuentes del caso le confirmaron a El Espectador que, en caso de que el Tribunal de Cundinamarca y una eventual revisión del Consejo de Estado dejen en firme las determinaciones contra Odebrecht, esta compañía no tendría cómo responder.
Una de esas fuentes dice que la Constructora Odebrecht S.A. (en liquidación) tendría en su cuenta bancaria $211.000 millones. Este dinero fue el que tuvo que entregarle el Estado colombiano a Odebrecht, como parte de las decisiones del tribunal de arbitramento de 2019, suma inferior a la que pedía la empresa en ese pleito: $3,8 billones. Por ahora, el Tribunal tiene la palabra en esta primera instancia y será la encargada de evaluar los argumentos de la DIAN y de Odebrecht, quien intenta hacerle el quite a otra multa por ser la artífice de una poderosa red de corrupción en Colombia.
Mientras el caso avanza, este jueves el fiscal Barbosa dará otra noticia más y que, según fuentes cercanas al búnker, la primicia será que la Fiscalía, por fin, vinculará a los peces gordos de Odebrecht: los altos funcionarios brasileños que llevan seis años esquivando a la justicia colombiana.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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