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Esta semana reaparecieron los fantasmas del caso Odebrecht en Colombia. La Fiscalía llamó a imputación de cargos a Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial uribista, y a Cecilia Álvarez, exministra de Transporte. El primero, dice el ente investigador, habría recibido en 2014 financiación ilegal por parte de la constructora brasileña; y la segunda, por haber favorecido, entre 2012 y 2014, a la corrupta empresa en un contrato de la construcción del proyecto vial de la Ruta del Sol 2. Además, El Espectador conoció que en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también avanza una nueva pelea judicial entre dos viejos contendores: el Estado colombiano y la constructora Norberto Odebrecht S.A., sociedad en liquidación.
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Colombia y la multinacional se vuelven a ver las caras en los estrados judiciales, luego de que en 2019 un tribunal de arbitramento le negara a Odebrecht que el Estado asumiera las deudas adquiridas con los bancos que prestaron el dinero para la construcción de la Ruta del Sol 2, entre otras pretensiones. Decisión que además dejó en firme el Consejo de Estado en 2020. En este nuevo caso, la constructora le pide al Tribunal que anule cuatro resoluciones emitidas por la DIAN en las que le exige pagar una suma mayor a la que la firma reportó para pagar en sus declaraciones de renta de 2014 y 2017. Odebrecht afirma que , por esos años, debían pagar $6.240 millones, mientras que la DIAN dice que son $305.000 millones; es decir, cerca de US$74 millones, dinero que equivale, aproximadamente, a más de 11 veces el soborno que entregó la multinacional para quedarse con la construcción de la Ruta del Sol 2.
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¿Cómo se explica que haya tanta diferencia en la sumas calculadas por la entidad recaudadora de impuestos y la empresa brasileña? Para entender este lío judicial, hay que conocer la génesis de este millonario pleito. En febrero de 2017, la DIAN abrió una primera investigación contra Odebrecht. En ese momento, en Colombia se empezaron a conocer los primeros tentáculos corruptos de Odebrecht en Colombia y ya había a dos personas capturadas, entre ellas, el testigo estrella del caso: el exsenador Otto Bula.
Mientras los procesos penales avanzaban en Colombia, la DIAN tardó tres años en arrojar su primera conclusión. En septiembre de 2020, en plena pandemia, la autoridad de impuestos le notificó a Odebrecht que, por el año 2014, debía pagar $196.000 millones, argumentando que la justicia colombiana comprobó que Odebrecht realizó contratos con empresas que le habrían servido para mover sobornos y financiar campañas políticas. Entre las empresas citadas por la DIAN está Presoam, mencionada como una de las compañías que movió sobornos en la Ruta del Sol 2 y 3. También figura Gistic, firma que habría servido como vehículo para que dinero de Odebrecht llegara a la campaña de Santos 2014 (hechos que son todavía materia de investigación por la Fiscalía).
En abril de 2019, la DIAN abrió la segunda investigación contra Odebrecht luego de que la justicia colombiana diera más pistas de los movimientos de dinero corruptos de la multinacional. En este caso, estuvo bajo la lupa la declaración de renta de 2017, en la cual la firma brasileña reportó en su declaración de impuestos una suma de $3.540 millones. Tras varios años de investigación, en marzo de 2021, la entidad determinó que Odebrecht debía pagar $108.000 millones en su declaración de renta de 2017, decisión que quedó en firme en noviembre de 2022. Para esta nueva investigación, la DIAN tuvo en cuenta el tribunal de arbitramento de 2019 en el que fue condenado Odebrecht y unos pagos injustificados de la multinacional.
Entre ellos, cerca de $1.000 millones entregados al exsenador Otto Bula, quien fungía como lobbista de Odebrecht, y $145 millones a la empresa ZM Consulting, firma que no había sido mencionada en el caso Odebrecht, pero que en los registros públicos figura a nombre de Eduardo Zambrano, uno de los primeros en ser condenado por este caso. La investigación de la DIAN también advierte sobre $100 millones de los que no pudo identificar qué se pagó con ellos. En suma, que Odebrecht, además de los sobornos que pagó en Colombia y ser el protagonista de uno de los peores escándalos de corrupción en el país, tampoco hizo bien su declaración de renta y quería disimular su verdadero valor, haciendo trampa.
Aunque judicialmente están comprobados los sobornos que la multinacional entregó a empresarios y funcionarios públicos, Odebrecht dice que estas dos investigaciones de la DIAN son irregulares.
Los argumentos de Odebrecht
Uno de los principales argumentos esgrimidos por la constructora es que las resoluciones de la DIAN fueron emitidas fuera del tiempo previsto por la ley para hacer correcciones a las declaraciones de renta, que es de cinco años. Odebrecht dice que, sobre la primera investigación relacionada con los impuestos de 2014, la DIAN tenía plazo de pronunciarse hasta julio de 2020, pero lo hizo en septiembre de ese mismo año. Sobre la segunda pesquisa, relacionada con los impuestos de 2017, dice la multinacional, también se pronunció dos meses tarde de lo permitido por la ley. Además, Odebrecht le entregó evidencias al Tribunal de que no fueron notificados de algunas actuaciones adelantadas de la DIAN en su contra.
Por ejemplo, desde agosto de 2021, uno de los representantes legales de Odebrecht en Colombia es el abogado Darío Laguado Monsalve, quien fue designado por la Superintendencia de Sociedades como agente liquidador de la constructora. Las acciones y resoluciones emitidas después de esta fecha, dice Odebrecht, no fueron comunicadas al liquidador Laguado Monsalve, lo que representaría una clara violación del debido proceso. Según la multinacional, también es irregular que, para calcular la declaración de renta, se tengan en cuenta delitos que fueron atribuidos a personas “que técnicamente no pueden ser endilgados a la constructora Norberto Odebrecht”, dice la demanda conocida por este diario.
Un funcionario de la DIAN que hizo parte de una de las investigaciones contra Odebrecht le dijo a El Espectador que este argumento es “insultante”, pues judicialmente está comprobado que la empresa brasileña ordenaba repartir estos sobornos desde la División de Operaciones Estructuradas de la compañía, conocida en los expedientes judiciales como la oficina encargada de aprobar los sobornos que fueron repartidos en varios países de Latinoamérica, que era controlada por grandes directivos. “Está comprobado por la justicia de varios países que la cúpula de Odebrecht era la encargada de mover sobornos; esto lo hizo la cúpula de la empresa”, aseguró el funcionario de la DIAN.
Dos fuentes del caso le confirmaron a El Espectador que, en caso de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y una eventual revisión del Consejo de Estado dejen en firme las determinaciones contra Odebrecht, esta compañía no tendría cómo responder al Estado colombiano. Una de esas fuentes dice que la Constructora Odebrecht S.A. (en liquidación) tendría en su cuenta bancaria $211.000 millones. Este dinero fue el que tuvo que entregarle el Estado colombiano a Odebrecht, como parte de las decisiones del tribunal de arbitramento de 2019, suma inferior a la que pedía la empresa en ese pleito: $3,8 billones.
“Hay que aclarar otro asunto: Odebrecht no está buscando que le den $308.000 millones a cambio, solo que se declaren nulas las resoluciones de la DIAN que le están reclamando ese dinero a la constructora”, dice una fuente cercana al proceso. La DIAN aún no ha hecho su defensa ante el tribunal. Sin embargo, este diario pudo establecer que reafirmará cada uno de sus argumentos plasmados en las investigaciones de las declaraciones de renta de Odebrecht. Tampoco es claro si el equipo jurídico de la DIAN se hará cargo de responder esta demanda o será la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues también fue notificada de la demanda de Odebrecht.
Así las cosas, en los próximos meses veremos un nuevo enfrentamiento del que muchos colombianos ya pensábamos era un asunto del pasado: Odebrecht vs. Colombia en disputa por $305.000 millones.
Por David Escobar Moreno
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