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Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué una de las figuras más importantes de la política, excandidato a la presidencia de Colombia, exministro de Hacienda y ficha clave del Centro Democrático está contra las cuerdas en materia judicial? Pues de eso se trata este boletín de noticias, el resumen del caso de Óscar Iván Zuluaga a quien le imputaron cargos por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares en medio del escándalo de Odebrecht, pero que este lunes no aceptó. Su hijo, David Zuluaga, quien también es procesado penalmente porque era el gerente de la campaña de su padre, tampoco aceptó cargos. Recomendamos entrar a cada uno de los enlaces que nos enviaron las secciones de Investigación, Judicial, Política y Negocios. Comencemos.
Para entender este caso es preciso ir un poco atrás. Más de 10 años, al 2009, cuando la noticia era que Corficolombiana y Odebrecht irían juntas por la licitación de la construcción de una de las carreteras más importantes de Colombia: la Ruta del sol. Eran tiempos en los que ese nombre de Odebrecht era tan respetado que todos querían con él. Protagonizaban negocios a lo grande. Para el 2011 esa multinacional brasilera estaba en 25 países y Colombia representaba el 20% de su operación en América Latina: “Hemos construido la estación de bombeo de petróleo de British Petroleum, lideramos el proyecto del puerto carbonífero de Drummond, la Termoeléctrica de Emcali, la rehabilitación de 223 kilómetros de línea férrea entre La loma y Santa Marta; la hidroeléctrica Miel I, el gasoducto de Transmetano y las plantas de tratamiento de aguas residuales de Cañaveralejo y Salitre”, decía su entonces presidente en Colombia Luiz Antonio Bueno Júnior.
El encumbrado empresario se autodenominaba como “un parcero del Gobierno”. Soltaba frases como: “Tenemos en la mira a Hidroituango, pero estamos esperando las reglas de juego de EPM”, “Colombia es un país muy legalista, transparente y esos nos gusta. Por esos estamos en Colombia, creemos en el país”, “El país tiene un retraso en infraestructura y por ello estamos atentos para atender estas necesidades”, “Colombia es el cuarto productor de carbón en el mundo y eso debemos aprovecharlo”. En resumen, la compañía esperaba participar en concesiones en el sector petrolero, minero, hidroeléctrico y de infraestructura de transporte porque la idea era “tener relaciones de largo tiempo”.
Mirando un poco de historia, para ese momento Odebrecht llevaba 18 años en Colombia. Vinieron, con el tiempo, muchos titulares: “Consorcio colombo brasilero construirá la transversal Boyacá Fase 2″, “Consorcio liderado por Odebrecht recuperará el río Magdalena” y “Panamá adjudicará segunda línea del Metro a consorcio brasileño español”, hasta que en 2014 estalló un entramado de corrupción internacional en la estatal petrolera de Brasil, Petrobrás, y que como una bola de nieve cayendo de la montaña, fue creciendo cuando aparecieron vinculadas grandes empresas privadas de ese país, entre ellas Odebrecht. ¿De qué se trataba? Más de 25 firmas eran “investigadas por su supuesta participación en una vasta red de corrupción enquistada en Petrobras, que, durante la última década, según admitió la propia petrolera, se apropió ilegalmente de unos 2.000 millones de dólares”, porque “según la policía, las empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban los valores y las diferencias eran repartidas entre directores de la estatal y partidos políticos que amparaban las corruptelas”, contaba la agencia EFE. El 19 de junio de ese año fue detenido Marcelo Odebrecht, presidente de la compañía que llevaba su apellido y cabeza de la organización empresarial a nivel global.
Entonces se volcaron los reflectores sobre todo lo que tuviera relación con esa empresa brasilera y la compañía advertía que no se afectarían sus negocios en Colombia:
Economía
Constructora Odebrecht considera innecesaria captura de su presidente por caso Petrobras
Economía
Secretaría de Transparencia pide verificar contratos vigentes con Odebrecht
Colombia
Gobierno consultará a Consejo de Estado sobre medidas frente a corrupción de Odebrecht
Colombia
Los tentáculos de la compañía Odebrecht en América Latina
La investigación fue creciendo y las indagaciones arrojando resultados. En Brasil, el 8 de marzo de 2016, Marcelo Odebrecht fue condenado a una pena de más de 19 años por “los delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal”. La Operación Lava Jato, como había sido llamada desde el 2014, era apenas el comienzo de lo que se vendría en países como Paraguay, Uruguay, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Estados Unidos, solo por citar a los de esta parte del mundo. Con Marcelo Odebrecht 13 altos directivos aparecían en la investigación.
En Colombia ya se hablaba de posibles sanciones si se probaba que su actuar había sido el mismo que en Brasil: “Odebrecht, en la mira del Gobierno colombiano”, “Odebrecht y el contrato del río Magdalena”, “Odebrecht Colombia responde ante el escándalo en Brasil” diciendo que cumplían con todos los compromisos contractuales, “la constructora pierde en Bogotá negocio por US$430 millones”, “Odebrecht da un paso al costado en la recuperación del río Magdalena” y “Odebrecht pagará 2.047 millones de dólares a EE. UU., Brasil y Suiza por escándalos de corrupción” hasta que llegamos a 2016 a lo que, en evidencia, era ocultar el sol con un dedo: la práctica ilegal que se había hecho en Brasil, también había tocado a Colombia.
Lanzó un cable la agencia EFE: “La constructora brasileña Odebrecht pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluido Brasil, según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York”. Allí hablaba, país por país: “La corrupción de Odebrecht también llegó hasta Colombia, donde pagó más de 11 millones de dólares, entre 2009 y 2014, para adjudicarse “contratos de obras públicas”, y logró un beneficio de más de 50 millones de dólares”.
En ese instante se desencadenó la indagación a todas las acciones de esa constructora en Colombia, qué contratos tenía, quiénes eran sus socios y qué relación tenía con los diferentes políticos capaces de decidir sobre contratación pública. La Fiscalía, por ejemplo, inspeccionó las oficinas de Cormagdalena porque Odebrecht, recién condenada en Estados Unidos por corrupción, era el socio principal en el proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. En ese momento el secretario de Transparencia de la Presidencia, Camilo Enciso, dijo: “En el momento en que se demuestre de manera clara que hubo el pago de sobornos (…) el Estado colombiano no dudará de ninguna manera en tomar las decisiones necesarias para terminar de manera unilateral sus contratos y para evitar que Odebrecht siga teniendo negocios”.
Esta era la radiografía de los contratos que tenía en ese momento la multinacional brasilera en Colombia:
Y fueron saliendo noticias de un lado y de otro, con la sospecha siempre en la mitad. Ahí aparecieron nombres de alto nivel, como el de Óscar Iván Zuluaga y el del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales:
Judicial
Alto funcionario del Gobierno de Álvaro Uribe recibió soborno de Odebrecht: Enciso
Política
Zuluaga reconoció que Odebrecht le recomendó a asesor político para su campaña presidencial
Judicial
Caso Odebrecht: Legalizan captura del exviceministro Gabriel García Morales
Judicial
“Gabriel García me traicionó”: Uribe sobre captura de su funcionario por caso Odebrecht
“El expresidente del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga aseguró que en 2014 la empresa brasileña Odebrecht lo contactó directamente con el reconocido asesor político Eduardo ‘Duda’ Mendonça para que colaborara con su campaña presidencial. El publicista, quien ya había participado como asesor en la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva, tenía contactos con los directivos de la compañía que se encuentra en el ojo del huracán por un escándalo de corrupción”, escribieron en aquel momento los colegas de la redacción Política. En un comunicado de prensa, aseguró: “La campaña acordó el pago de $2.438,455,038 por servicios de asesoría para primera y segunda vuelta, los cuales comprendieron un periodo de dos meses (del 15 de abril al 15 de junio)”. Y fue enfático en que “para la época, no había conocimiento público alguno de los cuestionamientos a la compañía Odebrecht”.
Comenzaba el año 2017 y Episol, compañía filial de Corficolombiana, pedía “todo el peso de la ley” para los responsables de los “actos de corrupción” que ya eran públicos en el caso Odebrecht. “La empresa, con el 33% de participación, es uno de los tres socios del proyecto Ruta del Sol Sector 2, a cargo también de Carlos Solarte Constructores y, mayoritariamente, de Odebrecht”. Carlos Alberto Solarte, representante del grupo Solarte, le dijo a El Espectador que la participación de su empresa CSS Constructores en el negocio fue mínima y que jamás se enteraron de las movidas de la firma brasileña. “Fue una actuación particular de Odebrecht y nosotros, junto a Episol, no tuvimos conocimiento de lo que sucedió. Por la prensa fue que nos dimos cuenta de que tales pagos se habían realizado por parte de Odebrecht y por fuera del país. No teníamos conocimiento en lo absoluto y eso lo podemos demostrar cuando se analicen los balances financieros del consorcio”, le dijo a Juan David Laverde.
Casi la misma semana el exsenador Otto Bula era capturado porque “al parecer, recibió parte de un soborno por US$4,6 millones del gigante brasileño de la construcción, entre 2013 y 2014″, contaban los colegas de Judicial. Era el segundo arresto tras el del exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales. Bula fue contratado el 5 de agosto de 2013 por Odebrecht “mediante la modalidad de ‘honorarios por resultado o cuota de éxito’, con el objeto de obtener el contrato de la vía Ocaña-Gamarra a favor de la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.”, indicó la Fiscalía.
Luego vino que Gabriel García aceptó cargos y fue enviado a La Picota. Que legalizaban la captura de Otto Bula. Que Álvaro Uribe, ahora senador, decía que su reunión con Marcelo Odebrecht había sido dentro de su rutina cuando era presidente de Colombia; en un informe periodístico aparecía vinculado el nombre de José David Name, expresidente del Senado, al mismo escándalo de corrupción pero él negaba cualquier tipo de relación; el entonces presidente Juan Manuel Santos durante la posesión del, para ese periodo, nuevo procurador general de la Nación, resaltaba el tiempo récord en el que habían avanzado las investigaciones en la Fiscalía y aprovechó para resaltar que aunque hasta ese momento ningún funcionario de su Gobierno era señalado en el caso, de suceder le caería todo el peso de la ley. “Es más: voy a proponer que –por ley– para los corruptos no haya casa por cárcel ni beneficios por allanarse a los cargos. ¡Que sepan los corruptos que pagarán caro su desprecio a la sociedad y su falta de honestidad!”.
Otto Bula se declaraba inocente, la Fiscalía llamaba a declarar a la exministra de Transporte, Cecilia Álvarez por una “adición de $900 mil millones en el contrato en la Ruta del Sol Fase II”; también llamaron a los primos Nule, se revelaban pruebas de cómo se le habría pagado a Otto Bula los sobornos, era enviado a la cárcel; Santos decía desde el Foro Económico de Davos que denunciaría el contrato de la Ruta del Sol 2, que la constructora brasileña Odebrecht se adjudicó mediante sobornos a un funcionario del anterior Gobierno.
El caso, poco a poco, iba tomando forma. En los demás países avanzaba y aparecían vinculados hasta presidentes en ejercicio, como el de Panamá. Mientras tanto en Colombia se recordaba que Odebrecht había logrado la adjudicación del Tramo Dos de la Ruta del Sol pese a que su propuesta fue la más cara frente a los otros dos aspirantes. Todo tenía sentido. El testimonio de Luiz Antonio Bueno, exrepresentante de la sucursal de la firma brasileña en Colombia, era fundamental en las investigaciones que se adelantan en contra el exviceministro Gabriel García Morales y el exsenador Otto Bula. Se conocía también de una deuda de Odebrecht con el Banco Agrario, pues la entidad le había prestado $120.000 millones a Navelena, una naviera de la empresa brasilera.
Aparecía el nombre del exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Fernando Andrade; también el de la exministra de educación, Gina Parody; el del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo; y las Fiscalía General le pedía formalmente a las autoridades brasileñas información sobre las declaraciones hechas por el asesor político José Eduardo Cavalcanti de Mendonça frente a la presunta financiación que había hecho la empresa Odebrecht a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga para el año 2014:
Judicial
Procuraduría abrió indagación contra el director de la ANI por caso Odebrecht
Judicial
Caso Odebrecht: Uribistas denunciarán a las exministras Cecilia Álvarez y Gina Parody
Judicial
Caso Odebrecht: Fiscalía citó a interrogatorio al expresidente de Corficolombiana
Judicial
Fiscalía pidió información sobre las declaraciones del exasesor de la campaña de Óscar Iván Zuluaga
En febrero de 2017 la Fiscalía habló del supuesto ingreso de dinero de la empresa brasilera en la también campaña presidencial de Juan Manuel Santos. Incluso dijeron que se trató de un millón de dólares. José Roberto Prieto Uribe, director de la campaña presidencial de Santos en 2014, calificó de “infundados, tendenciosos y calumniosos” los nexos que le atribuyó el ente acusador. Prieto Uribe dijo que su gestión al frente de la campaña “Santos Presidente 2014″, estuvo en contra de recibir donaciones, y que los gastos de la misma fueron pagados con los ingresos por reposición establecidos en la ley. Dijo que esto consta en “los estados financieros presentados ante el CNE, y auditados por la misma institución”.
En Colombia seguían las investigaciones, el fiscal general Néstor Humberto Martínez viajaba a Brasil en busca de información, en Perú ordenaban la captura del expresidente Alejandro Toledo por el mismo escándalo de corrupción, las superintendencias hicieron su trabajo respecto frente a la empresa brasilera en Colombia. Contamos la historia de Yezid Arocha, el “cerebro detrás de Odebrecht en Colombia, el que se encargó de tender los puentes con el Gobierno, el interlocutor de la firma brasileña ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), quien estuvo detrás del contrato con el polémico Otto Bula y que es el testigo principal ante la Procuraduría y la Fiscalía”. Salió a relucir el nombre del empresario Federico Gaviria y su relación con la licitación del tramo 2 de la Ruta del sol. También el de Andrés Giraldo por su relación con Prieto Uribe. Más tarde era capturado al contratista Andrés Cardona por irregularidades en la celebración y ejecución del contrato para la construcción de túnel interconector entre el río Tunjuelo y la planta de tratamiento Canoas.
Entró a la investigación el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías por su presunta participación y conocimiento en los hechos que rodearon la entrega irregular de contratos a la empresa brasileña Odebrecht entre 2009 y 2014, también el empresario Enrique José Ghisays aceptó cargos por crear una sociedad llamada Lurion Trading Inc. en Panamá, pues “por medio de esta empresa fue que Odebrecht giró el soborno de US$ 6,5 millones de dólares para que se le adjudicara el contrato de la Ruta del Sol Tramo 2″.
Aparecía en marzo de 2017 un nombre clave y que sería el que, justo ahora, en pleno 2023, pondría contra la pared a Óscar Iván Zuluaga: el exdirector del Invías, Gabriel García Arizabaleta. Para ese instante la Fiscalía lo señalaba de haber tenido conocimiento sobre la entrega de dinero por parte de la empresa brasileña. “García Arizabaleta habría viajado en por lo menos dos oportunidades a Brasil con el fin de finiquitar la contratación del reconocido publicista político a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, el registro de estos viajes no fue incluido en la lista de gastos de la respectiva campaña y la mayoría de sus integrantes no habría tenido conocimiento de los desplazamientos”, nos contaba la redacción Judicial, precisamente en marzo de 2017.
¿Quién era quién, en marzo de 2017, dentro de la investigación más ambiciosa sobre corrupción en Colombia?
Así que, más allá de la investigación que ya lideraba la Fiscalía, para ese momento, la tarea de primer nivel también le llegaba al Consejo Nacional Electoral, (CNE). La redacción Política se preguntaba en pleno marzo de 2017: “En caso de comprobarse violación de topes o financiación extranjera en las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga de 2014, ¿será capaz de ordenar la pérdida de la personería jurídica de los partidos o movimientos que los avalaron o suspenderles el derecho a inscribir candidato presidencial en 2018?”.
El equipo periodístico lo respondió contando la mismísima realidad: “Al Consejo Nacional Electoral (CNE), cuando de investigaciones por irregularidades cometidas por los partidos y de posibles sanciones a aplicar se trata, pocos le tienen fe. Su origen político, en concreto, en el Congreso de la República, donde esos partidos son los que proponen y escogen los magistrados que lo integran, hace que analistas y opinión pública lo vean como una entidad poco confiable y sin imparcialidad. Una percepción que se acrecienta hoy en día, cuando en sus manos están los procesos contra las campañas del presidente Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga de 2014, con respecto a la entrada de dineros de la firma brasilera Odebrecht”.
Desde ahí mucha agua ha pasado debajo del puente, no solo cambios de Gobierno, de fiscales, procuradores y contralores generales, también de magistrados en ese Consejo Nacional Electoral, CNE, pero ¿en qué quedó la investigación del CNE a las dos campañas y sus líderes políticos? Los analistas y la opinión pública de la que hablaban los colegas de la sección Política tenían razón: no pasó nada. “En el de Zuluaga la investigación se archivó por falta de pruebas. Y en la de Santos, el expediente corrió la misma suerte, pero por otra razón: el caso prescribió sin que el CNE tomara una determinación de fondo”.
Los más de 1200 contenidos que hemos desarrollado, paso a paso, desde el inicio sobre este caso hasta hoy, aparecen en este enlace.
Y así fueron pasando los meses y los años. Liquidación de contratos, las críticas al Fiscal General de la Nación, el silencio inicial de Daniel García Arizabaleta, Odebrecht reconoció que pagó para liberar secuestrados en Colombia, muchas imputaciones, muchas versiones libres ante los investigadores, pedidos de información a Brasil, entraron a escena funcionarios del Banco Agrario, la Fiscalía decía tener certeza de la entrada de dineros de la multinacional brasilera a las campañas políticas, trabajadores de obras abandonados, la condena a Enrique Ghisays, declaraciones ante la Corte Suprema, el papel de Luis Fernando Andrade, exdirector de la ANI, en toda la indagación; el empresario José Elías Melo en la cárcel, apareció Plinio Olano en la investigación, extinciones de dominio, llamaban testigos clave al ‘Ñoño’ Elías, Otto Bula y Gabriel Dumar, Carlos Solarte entró a la mira de la justicia, se dijo que los sobornos de Odebrecht en Colombia llegaron a los $100 mil millones y que se había recuperado una cifra cercana a los US$11 millones.
Muchos hechos y muchos nombres aparecían: Antonio Guerra de la Espriella y Ciro Rodríguez, el ‘Ñoño’ Elías admitía cargos y era condenado, abrían indagación en contra de Álvaro Ashton, Martín Emilio Morales y Sandra Villadiego; Gabriel García Morales también era condenado a cinco años, en agosto de 2018 el CNE declaraba la caducidad de la investigación de la campaña de Santos 2014, el país se enteró de la muerte de Jorge Enrique Pizano, el exgerente del Acueducto y excontroller de la Concesionaria Ruta del Sol, quien también era un testigo importante; se trabajó en la terna de un fiscal ad hoc para que investigara el caso Odebrecht y se nombró a Leonardo Espinosa; Rafael Merchán, quien también era testigo en el caso, apareció muerto en su apartamento. Condenaron a Paola Solarte, también a José Elías Melo, quien fuera uno de los altos ejecutivos del Grupo Aval; el ‘Ñoño Elías decía que solo habían “caído los bobos” en todo este proceso de Odebrecht, aparecía muerto un exvicepresidente de la multinacional de la construcción en Brasil.
También el país se enteró de la sanción de la SIC en contra de Odebrecht y sus socios (Grupo Aval con Corficolombiana), de la libertad de Gabriel García Morales, de los ocho años de condena al ‘Ñoño’ Elías, a finales de 2021 confirmaban que exdirectivos de Odebrecht debían pagar una multa de $33.512 millones y en marzo de 2022 vuelvió a aparecer Daniel García Arizabaleta en la escena judicial: renunciaba a una candidatura mientras la Fiscalía anunciaba una imputación. La Procuraduría absolvía a la exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, y Otto Bula recuperaba su libertad.
Así llegamos al 2023 y nos enteramos de más y más relacionados con este caso:
Judicial
Director de Cambio Radical, a imputación de cargos por Ruta del Sol 3
Judicial
Los pagos de Odebrecht que habría recibido Daniel García, que ahora irá a juicio
Judicial
Caso Odebrecht: Fiscalía imputará a 16 exfuncionarios de la ANI por Ruta del Sol 2
Judicial
Daniel García Arizabaleta será testigo contra Óscar Iván Zuluaga por Odebrecht
El pasado 13 de junio David Escobar Moreno, periodista de la redacción Judicial, escribió este texto donde recordaba, en detalle, las pruebas en contra de Óscar Iván Zuluaga y de Cecilia Álvarez, pues “luego de seis años de haber estallado el escándalo de la multinacional brasilera, la Fiscalía llamó a imputación de cargos al excandidato presidencial y a la exministra, quienes figuraban en los expedientes del caso Odebrecht. El primero habría recibido dineros para su campaña y la segunda, aparentemente, benefició a una empresa controlada por la constructora brasilera”.
Hasta que el pasado 1 de julio, en dos audios revelados por la revista Semana “el excandidato presidencial se refiere a la entrada de dineros para su campaña política” justo cuando se sabía que le imputarían los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particular. “Según Semana, estos dos audios habrían sido aportados a la Fiscalía por el exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, un arquitecto que llegó a ser uno de los hombres de confianza de Zuluaga y que también está siendo investigado por presuntamente haber beneficiado a la empresa Consultores Unidos en el entramado de corrupción de Odebrecht. Hace algunas semanas firmó un principio de oportunidad con la Fiscalía en el que se compromete a ser testigo contra el excandidato a la presidencia Óscar Iván Zuluaga”.
“El exdirector del Invías, Daniel García Arizabaleta, que irá a juicio por el escándalo de corrupción de Odebrecht, es caleño y empezó a figurar en la esfera política desde 2007. Fue asesor del expresidente Álvaro Uribe Vélez y era una de las fichas del uribismo en el Valle del Cauca. Su primo Jaime Arizabaleta es precandidato a la alcaldía de Cali y su madre, María Teresa, fue pionera del voto femenino en Colombia”.
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, calificó como una tragedia la situación; el 4 de julio se sabía que el 10 de julio sería la imputación de cargos en contra de Zuluaga, y hasta Paloma Valencia, una de las congresistas más representativas de ese partido político, dijo: “Tenemos desconcierto y tristeza” refiriéndose a la situación también de Zuluaga. Es que “se trata del caso de más alto perfil desde que arrancó este escándalo judicial y en el que, desde hace seis años, reposan pruebas claves que solo hasta ahora toman fuerza”, nos recordaron los colegas de la redacción Judicial.
Pero ¿qué decían los audios como para que Óscar Iván Zuluaga quedara tan mal parado después de llevar años negando la entrega de dineros de Odebrecht en su campaña a la presidencia de Colombia? “Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso”. Y, explican los colegas de Política: “Una de las frases más polémicas de la conversación se la dice García Arizabaleta a Zuluaga: “Alex Vega es de la tesis de que no pase nada”. Lo curioso es que el Consejo Nacional Electoral archivó dos procesos que había por el caso Odebrecht contra Zuluaga y contra Juan Manuel Santos”. Cabe recordar que Alex Vega es actualmente el Registrador Nacional del Estado Civil.
El 6 de julio Óscar Iván Zuluaga renunció al Centro Democrático tras la revelación de los audios. Tan solo dijo: “Por medio de la presente me permito informarle de mi retiro del partido Centro Democrático”. Por eso fue que “el partido político aceptó la decisión del excandidato presidencial e hizo un llamado a la Justicia para que se esclarezca lo sucedido”, escribieron en la sección de Política. “Como consecuencia de hechos que son de público conocimiento, el doctor Óscar Iván Zuluaga ha renunciado al Centro Democrático. Aceptamos su decisión y reconocemos el sentimiento y la indignación de nuestros militantes y de muchos colombianos ante lo sucedido”, se leía en el comunicado de prensa. El asunto va tan al fondo que hasta el mismo partido pidió que se investiguen todas las campañas a la presidencia en las que han participado como organización política, aunque aclararon que la campaña presidencial de Iván Duque fue transparente y que no está incluida en la petición.
Lo que dice la Fiscalía y que nos explicaban en la redacción Política, es que “al parecer la firma brasilera se comprometió a pagar una parte de los servicios que el publicista Duda Mendoça prestaba a la campaña, lo cual se hizo a través de una cuenta en Panamá que tenía el reconocido asesor de campañas presidenciales. La Fiscalía encontró que Odebrecht giró 1,6 millones de dólares y que Zuluaga terminó de cubrir los honorarios de Duda Mendoça. Los investigadores también hallaron que el excandidato tenía conocimiento del aporte ilícito y que cuando presentó la contabilidad de la campaña, omitió el pago ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se estableció que su hijo, David Zuluaga, quien era gerente de campaña, también le mintió a la autoridad electoral”.
Las contradicciones y pruebas del expediente contra Óscar Iván Zuluaga
¿Y entonces qué ha pasado desde ese instante? Que llegamos al día de la imputación de cargos en contra de Zuluaga padre y Zuluaga hijo el pasado lunes. La Fiscalía puso todas sus pruebas sobre la mesa. Expuso uno a uno los argumentos con los que considera que “ambos participaron de una estrategia criminal en la que ocultaron a autoridades colombianas que la multinacional brasileña financió la campaña presidencial en 2014, mediante el pago al reconocido publicista conocido como Duda Mendoza”. Pero ninguno de los dos aceptó y se declararon inocentes. “Ahora el excandidato presidencial responderá por los delitos de fraude procesal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado, mientras que su hijo, David Zuluaga Martínez, solo fue imputado por el delito de fraude procesal”, contó la redacción Judicial.
“Para la Fiscalía, Óscar Iván Zuluaga sabía, al menos desde la primera vuelta presidencia, en mayo de 2014, que Odebrecht estaba dispuesto a pagar los honorarios del publicista y logró ocultarle esa maniobra ilegal, no solo a los miembros de su partido, sino a también a su propio hijo. Además, el fiscal del caso, Andrés Palencia Fajardo, detalló que la ilegalidad se extendió en el tiempo, pues, para 2017, cuando David Zuluaga le entregó su versión al Consejo Nacional Electoral, el gerente de la campaña, que ya habría conocido de esa financiación ilegal, le ocultó esos hechos a la entidad”.
¿Qué sigue? Aquí nos los explicaron los colegas que han seguido el caso en detalle: “Al no aceptar los cargos imputados, el excandidato presidencial y su hijo tiene dos caminos. El primero es la negociación con la Fiscalía en la que, a cambio de beneficios, ambos investigados podrían entregar información sobre el caso y, de esta manera, buscar una reducción en su pena. De esa colaboración podrían firmar un preacuerdo o un principio de oportunidad que, sí o sí, debe aprobar un juez. Si esta es la vía que toman los Zuluaga, los beneficios a los que podrían acceder son: reducción en una eventual sentencia o la inmunidad penal. El segundo camino es más largo, pero serviría para probar su inocencia: Óscar Iván y David Zuluaga irían a juicio, en donde, con pruebas en mano, tratarían de desvirtuar todo el proceso de la Fiscalía”.
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Las cinco preguntas y respuestas que deja el primer round para Óscar Iván Zuluaga
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Lo último que se sabe es que Óscar Iván Zuluaga le pasó sus bienes a su esposa el mismo día que estaba siendo objeto de la imputación de cargos: una casa en Caldas, una bodega en la zona franca y un apartamento en el norte de Bogotá. Que, después de tantos años, esta parece ser la coyuntura más importante de uno de los casos de corrupción más grandes de la historia de Colombia. Que se pide y espera justicia, no solo por la responsabilidad de los dos Zuluaga sino de todos los que tuvieron que ver con Odebrecht, porque mientras en los demás países hay resultados contundentes, aquí vuelve a suceder lo que en muchos casos judiciales: si no hubiera sido por un audio grabado por uno de los corruptos y que ahora usa a su favor, el país no conocería la verdad. Que se entienda también que existe una responsabilidad del Consejo Nacional Electoral que se encargó de investigar estas campañas porque aquí hay una realidad inocultable y es que en este país, tocando el hombro de muchos poderosos, trabajó Odebrecht, la misma compañía que tenía una unidad interna a nivel vicepresidencial para controlar el pago de sobornos y que, como la calificó el entonces procurador Fernando Carrillo, era una verdadera “multinacional del crimen organizado”.
Me despido con nuestro acostumbrado mensaje: si les gustó este newsletter y el contenido que desarrollamos en El Espectador, invitados a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos en nuestra página web. En esta labor de todos los días necesitamos compañía no solo para las críticas, que las recibimos con humildad, sino para que nos ayuden a construir un mejor país, denunciando, indagando, investigando, informando. Y no olviden dejar aquí abajo los temas que ustedes quisieran que investiguemos en la redacción de El Espectador. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta pronto.
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Por Edwin Bohórquez Aya
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