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Carlos Solarte, empresario de la construcción en juicio por negocios en los que participó con la brasileña Odebrecht, recibió una sorpresa hace un par de semanas: la Fiscalía le congeló siete bienes por su supuesta participación en un entramado de corrupción con un contrato en Bogotá. El asombro es porque se trata del segundo proceso de extinción de dominio que le inician por los mismos hechos, porque a pesar de que hay otras personas enjuiciadas en el expediente, en esta oportunidad solo a él le quitaron sus bienes; y porque entre las propiedades que podría perder está la casa en la que vive, una medida que a su defensa le parece innecesaria y desproporcionada.
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En concreto, Carlos Solarte está en juicio por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La Fiscalía lo llamó a juicio a causa del contrato por $243.000 millones que celebró su empresa, CASS Constructores, en consorcio con Odebrecht, para hacerle una obra a la Empresa de Acueducto (EAAB): construir un túnel para reducir la contaminación del río Bogotá en el sector Tunjuelo-Canoas, que por mucho tiempo fue un “elefante blanco”. Según el ente investigador, Solarte y la multinacional se hicieron a este contrato pagando coimas con dineros públicos.
Fue así que la Fiscalía anunció en un comunicado, del 4 de marzo pasado, la nueva extinción de dominio contra Solarte, asegurando que una fiscal había impuesto medidas cautelares de embargo, secuestro y toma de posesión de siete bienes, que ascendían a $40.000 millones. Es decir, que esa cantidad de propiedades pasarían a control de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras un juez determinaba si su origen fue ilegal, porque, según el búnker, Solarte “presuntamente se apropió de más de $48.620 millones, correspondientes al 20 % del adelanto entregado por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para la realización de la obra civil”.
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Lo que causó extrañeza es que Solarte no es el único implicado en este caso. Ya por el contrato Tunjuelo-Canoas fueron condenados, por ejemplo, Paola Solarte, hija de Carlos Solarte, quien manejaba la empresa de construcción. También su supuesto socio “en la sombra”: Orlando Fajardo, quien ofreció dinero a un abogado de otra empresa para que tomara una actitud pasiva en la licitación. Y Andrés Cardona, a quien subcontrataron para una porción de la obra, y aseguró haber servido de intermediario para entregar un soborno a Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, y su hermano, Iván Moreno, para que CASS y Odebrecht se quedaran con la obra.
Ya en octubre de 2021 la Fiscalía había iniciado un proceso de extinción de dominio contra Solarte y algunos bienes de Fajardo y su familia, así como de Jaime Buenaventura, interventor del contrato, y Carlos Acero, exfuncionario del Acueducto. En ese momento, el ente investigador afectó 77 bienes avaluados en $27.044 millones y aseguró que la mayoría habrían sido adquiridos con dinero procedente del contrato de Tunjuelo-Canoas. Pero antes de que se resolviera ese proceso, y de que siquiera se definiera su responsabilidad en el supuesto entramado de corrupción, al empresario de la construcción le llegó la noticia de que podría perder muchos más bienes, hasta por $40.000 millones.
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Aquí es donde todo se torna aún más confuso. Cuando CASS y Odebrecht se quedaron con la licitación, firmaron un contrato de mandato. Esto implicó que la empresa de los Solarte fue la que realmente ejecutó el contrato y, en ese proceso, tomó la decisión de trasladar $48.000 millones que les había dado el Acueducto como anticipo a una comisionista de bolsa. Según la Fiscalía, ese movimiento impidió que la interventoría del contrato hiciera un seguimiento juicioso a lo que sucedía con el anticipo y fue lo que permitió pagar las supuestas coimas, celebrar contratos ficticios y, a Solarte, apropiarse de dinero público.
No obstante, en el escrito de acusación con el que la Fiscalía llamó a juicio a Carlos Solarte no está claro a qué monto asciende el dinero que el empresario supuestamente se apropió. En un párrafo dice, por ejemplo, que “ascenderían los pagos irregulares a la suma de $5.160 millones” y se reseñan los supuestos sobornos a los hermanos Moreno y al abogado de la constructora rival, entre otros. Pero en el siguiente se asegura: “El monto del anticipo, $48.000 millones, fue el que fue objeto de peculado por apropiación al ser trasladado el dinero a la comisionista de bolsa”. Sin embargo, dos documentos judiciales podrían contradecir esas versiones.
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El primero es el laudo de un tribunal de arbitraje de 2015, que determinó que el Acueducto incumplió el contrato con CASS y Odebrecht, al no entregar a tiempo unos predios necesarios para la obra, lo que ocasionó retrasos y que se convirtiera, en palabras de los árbitros, en un “elefante blanco”. Tras revisar toda la documentación financiera, ese documento concluye que, hasta entonces, estaba amortizada (legalizada con soportes) casi la totalidad del anticipo. Dos años más tarde, un informe de la Contraloría de Bogotá confirmó esa cifra y añadió que el dinero restante fue utilizado para pagar el tribunal de arbitramento.
Juan Francisco Navarrete, abogado de Solarte, le dijo a este diario que apenas hace unos días la Fiscalía le envió el documento con el que decretó las medidas cautelares sobre los bienes de su cliente y que va a pedirle a un juez que las tumbe. A su juicio, no solo son innecesarias y desproporcionadas, porque el empresario podría terminar perdiendo su lugar de vivienda, sino que no tendrían asidero, pues, con el contrato de Tunjuelo-Canoas, CASS perdió dinero y no se enriqueció. La decisión que siga será clave, porque las extinciones contra Solarte son de los pocos esfuerzos conocidos de la justicia por recuperar el dinero que se pudo desviar con la corrupción de Odebrecht.
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