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En las próximas semanas, la justicia colombiana resolverá un delicado caso que ha pasado de agache y en el que están en disputa $305.000 millones, una cifra tan grande que es cercana al presupuesto del Ministerio de Ciencia y al de la Dirección Nacional de Inteligencia para 2024. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca se alista a fallar, en primera instancia, una demanda presentada por la firma brasilera Odebrecht contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y con la que pretende tumbar una multa por esa abultada suma. Según la entidad estatal, la multinacional mintió en sus declaraciones de renta de 2014 y 2017, años claves dentro del escándalo de sobornos de Odebrecht.
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El Espectador conoció que, en los últimos días, tanto Odebrecht como la DIAN presentaron ante el tribunal los alegatos de conclusión, es decir, los documentos en los que condensaron sus principales argumentos esgrimidos durante el pleito (iniciado en mayo de 2023) y que representan la antesala al fallo. La abogada de la entidad recaudadora de impuesto, Yalile Lamk, insistió en sus alegatos que algunas operaciones reportadas por los brasileros en 2014 y 2017 fueron falsas y se trataban de sobornos a personas que ayudaron la compañía a adquirir importantes obras con el Estado colombiano y que todavía hoy tiene a altos funcionarios de la compañía respondiendo ante la Fiscalía.
Entre las empresas citadas por la DIAN está Presoam, mencionada como una de las compañías que movió sobornos en la Ruta del Sol 2 y 3. También figura Gistic, firma que habría servido como vehículo para que dinero de Odebrecht llegara a la campaña de Santos 2014 (hechos que todavía investiga la Fiscalía). Otro de los pagos injustificados citados por la DIAN es uno de $1.000 millones que recibió el condenado exsenador Otto Bula, quien fungía como lobbista de la firma brasileña y otro por $145 millones a la empresa ZM Consulting, firma que no había sido mencionada en el caso Odebrecht, pero que sus registros públicos figura Eduardo Zambrano, uno de los primeros condenados por este caso que estalló en Colombia a finales de 2016.
La investigación de la DIAN también advierte sobre $100 millones de los que no pudo identificar qué se pagó con ellos. En suma, que Odebrecht, además de los sobornos que pagó en Colombia y ser el protagonista de uno de los peores escándalos de corrupción de la década, tampoco hizo bien su declaración de renta y quería disimular su verdadero valor, haciendo trampa. De acuerdo con la DIAN, la sanción fue impuesta porque incluyeron costos y deducciones derivados de un contrato ficticio e ilícito, “en cuya investigación se comprobaron contratos ficticios a través de los cuales se desviaron dineros para el pago de coimas” y en los que han sido condenados congresistas, lobbistas de Odebrecht, entre otros.
Los argumentos de Odebrecht
Uno de los argumentos que reiteró la constructora en sus alegatos es que las resoluciones de la DIAN, que advertían sobre las irregularidades en las declaraciones de renta, fueron emitidas fuera del tiempo previsto por la ley, que es de cinco años. Odebrecht dice que, sobre la primera investigación relacionada con los impuestos de 2014, la DIAN tenía plazo de pronunciarse hasta julio de 2020, pero lo hizo en septiembre de ese mismo año. Sobre la segunda, relacionada con los impuestos de 2017, dice la multinacional, también se pronunció dos meses tarde de lo permitido. Además, Odebrecht le entregó evidencias al Tribunal de que no fueron notificados de algunas actuaciones y que la DIAN no ha aportado documentación que así lo indique.
Desde agosto de 2021, uno de los representantes legales de Odebrecht en Colombia es el abogado Darío Laguado, quien fue designado por la Superintendencia de Sociedades como agente liquidador de la constructora. Las resoluciones emitidas después de esta fecha, dice Odebrecht, no fueron comunicadas al liquidador Laguado lo que representaría una “clara violación” del debido proceso. Sin embargo, la DIAN dice que sus acciones se ajustaron a los tiempos previstos en la ley y que sí notificaron a Odebrecht. Durante el caso, la abogada Lamk también tuvo palabras más fuertes contra Odebrecht, que intentó justificar el pago de coimas argumentando que solo fueron algunos funcionarios de la compañía quienes cometieron delitos.
El argumento esgrimido por la corrupta multinacional levantó polémica porque judicialmente está comprobado que las cabezas de la compañía autorizaban esos pagos a través de una oficina, la cual entregó millonarios sobornos en Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Perú, Panamá, Guatemala, entre otros. Es decir, se trató de una acción sistemática de la constructora. Los directivos de Odebrecht en Colombia Luiz Bueno, Eder Paolo Ferracuti, el abogado Yesid Arocha, entre otros funcionarios, le han contado a las autoridades como los dineros habrían llegado a campañas políticas como la de Óscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Santos y de otros funcionarios claves en la adjudicación de obras en territorio nacional.
“Lo que aquí se está tratando es de un asunto tributario, de la aplicación de una norma fiscal que no tiene efectos penales, ámbito hacia el cual Odebrecht pretende desviar la discusión al margen del contenido de la norma tributaria. Odebrecht solo cuestiona es que los delitos no los cometió la compañía, lo cual es cuestionable si se tiene en cuenta que hacía parte del consorcio en el cual se suscitaron una serie de delitos y con fundamento en los cuales se decretó la nulidad absoluta por causa y objeto ilícito del contrato. Odebrecht no contradice las pruebas con fundamento en las cuales la DIAN rechazó sus declaraciones de rentas”, señaló la abogada Lamk, haciendo referencia a los sobornos del contrato de la Ruta del Sol 2.
Una fuente del caso le dijo a El Espectador. “Hay que aclarar un asunto sobre esta demanda: Odebrecht no está buscando que le den $305.000 millones a cambio, solo que se declaren nula la multa de la DIAN”. En caso de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y una eventual revisión del Consejo de Estado dejen en firme las determinaciones contra Odebrecht, esta compañía no tendría cómo responder al Estado colombiano. Una de esas fuentes asegura que la constructora en liquidación tendría en su cuenta bancaria solo $211.000 millones. Este dinero fue el que tuvo que entregarle el Estado colombiano a Odebrecht, como parte de las decisiones del tribunal de arbitramento de 2019.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene en sus manos resolver este espinoso tema en el que la confesa corrupta multinacional pretende tumbar la millonaria multa que la DIAN le impuso por mentir en sus declaraciones de renta.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por David Escobar Moreno
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