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Un documento de 17 páginas en el que también se relaciona a Daniel Ángel y Margarita Pabón con el delito de lavado de activos, fue el que llegó este lunes al Alto Tribunal.
En el Alto Tribunal se radicó un pliego de cargos en el que la Corte del Distrito Sur de Nueva York expone los motivos en los cuales se acusa a David Murcia de lavar más de dos millones de dólares desde México.
El documento, que consta de 17 páginas, cuenta con los testimonios de varios fiscales estadounidenses y agentes de la DEA en los que también se hace referencia a Daniel Ángel Rueda, Margarita Pabón y Fernando Cediel Rozo.
En el documento se encuentra descrito cómo David Murcia y Margarita Pabón convencieron a un tercero para que abriera una cuenta de inversiones en Merrill Lynch, a nombre de ‘Blackstone Internacional Development’, en donde finalmente fueron depositados a través de diferentes transacciones unos US$2 millones.
De igual forma reseñan cómo un primo de Daniel Ángel Rueda es la persona clave en los supuestos negocios ilícitos en México.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, había informado sobre la existencia de evidencias de operaciones ilegales del propietario de la comercializadora DMG en el país del norte.
David Murcia había manifestado su deseo de una posible extradición a Estados Unidos por considerar que el juicio que se le sigue en Colombia no es justo y no tiene las debidas garantías.
En la mañana de este lunes, la Corte Suprema recibió de manera oficial del Gobierno de Estados Unidos la petición para adelantar el proceso de extradición del cerebro de DMG.
Gustavo Salazar, abogado defensor de David Murcia, dijo en su oportunidad que David Murcia no veía garantías para un juicio justo e imparcial, y por eso le conviene más la extradición.
David Murcia ya había manifestado su descontento con el curso de su juicio, cuando en la última audiencia pidió el cambio de juez porque no se sentía satisfecho con su actuación.
El Tribunal había rechazado la solicitud de David Murcia de cambio del juez porque no encontró motivos suficientes para atender la recusación del acusado.
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