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El Consejo de Estado le dio un plazo de seis meses al Gobierno con el fin de implementar medidas en contra de la pesca y caza indiscriminada de tiburones en el archipiélago de San Andrés.
En este sentido, el alto tribunal le ordenó a las autoridades ambientales crear e implementar una serie de acciones con el fin de combatir dichas actividades ilegales que se realizan en la zona marítima.
Se espera además que en los próximos días se emitan las resoluciones que permitan lograr la reglamentación en el tipo de multas y sanciones que serán emitidas en contra de las personas que incurran en esas acciones.
Igualmente el tribunal ordenó prohibirse la comercialización y distribución de los productos derivados del tiburón, los cuales son utilizados en actividades gastronómicas, principalmente en países de Asia y Europa.
La decisión se tomó luego de aceptar los argumentos presentados en una acción popular en la que se pedían medidas de protección que permitiera el acceso el derecho a un medio ambiente sano así como la existencia del equilibrio ecológico y aprovechamiento de los recursos naturales.
El accionante señalaba además que las especies marítimas de tiburón tigre, toro y martillo están en vía de extinción en el archipiélago.
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