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Tras aceptar la solicitud presentada por la Fiscalía General, un juez de control de garantías dictó orden de captura internacional contra el empresario Victor Maldonado, procesado por su presunta participación en los hechos que rodearon las actividades ilegales en el Fondo Premium de la comisionista de bolsa InterBolsa S.A.
Ante esto, el ente investigador le solicitó formalmente a la Interpol que expida una captura internacional con el fin de garantizar su presencia en la audiencia en la que se le imputarán los deltios de concierto para delinquir. manipulación fraudulenta de especie en el registro nacional de valores, estafa agravada, captación masiva y habitual de dinero, no reintegro de dineros captados del público.
El fiscal General, Eduardo Montealegre Lynnet explicó que en la audiencia judicial se manifestó que Maldonado no ha comparecido ante las autoridades judiciales. «Eludió injustificadamente la acción de la justicia, y frente a esa renuencia de no comparecer las autoridades judiciales estamos facultados para solicitar ordenes de caprtura».
Hasta el momento las autoridades desconocen en qué lugar se encuentra el beneficiado del Fondo Premium, hecho por el cual se le solicitó al organismo internacional que expida circular roja. «Queremos que comparezca al país, que le ponga la cara a la justicia, a las victimas de esta gran defraudación. Por renuente, por haber eludido se justifica esta medida extraordinaria que adoptó una juez».
El jefe del ente investigador aseguró que ya «se activaron todos los mecanismos que tiene la justicia colombiana para lograr la comparecencia ante los tribunales en Colombia». Frente a la pregunta sobre si Maldonado es capturado en un país en el que no exista acuerdo de extradición con Colombia «se puede plantear la deportación como un mecanismo de cooperación».
Según la investigación, el deudor del Fondo Premium participó en las actividades ilegales dirigidas a aumentar el precio de las acciones de la empresa textil Fabricato S.A. Así como la realización de actividades ilegales con el dinero de los socios, estas acciones se adelantaron sin que los inversionistas supieran en que eran utilizados sus recursos.
“Una verdadera empresa criminal de cuello blanco en la que resultaron damnificadas cientos de personas naturales y jurídicas quienes hacen sus reclamaciones para recuperar su dinero el cual iban a parar a más de 8 empresas de Colombia, Islas Vírgenes o Curazao sin autorización de la Superintendencia Financiera”, aseguró la fiscal del caso.
Agregó que se negociaba el dinero en mercados secundarios o se realizaba la compra venta de acciones entre los mismos accionistas sin autorización de la Superintendencia Financiera, lo que constituye el delito de captación masiva de dinero, expresamente contemplado en el código penal.
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