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El Consejo de Estado le ordenó a la Policía Nacional pagarle una indemnización a una familia del municipio de Gama, Cundinamarca, cuya casa fue destruida tras un ataque de la guerrilla de las Farc registrado en febrero de 1998.
En el hecho materia de estudio se determinó que la vivienda sufrió graves daños después de que un policía se refugiará en la misma para proteger su integridad personal y su vida del ataque guerrilla.
Pese a que el tribunal de lo contencioso administrativo no encontró que el hecho hiciera parte de una falla de servicio, si se determinó que los daños a la vivienda fueron responsabilidad de la entidad Institución.
Esto teniendo en cuenta que el hecho se presentó en el marco de una confrontación emprendida por el Estado contra los grupos armados ilegales, por lo que no es aceptable que las instituciones deje abandonadas a las víctimas.
“A pesar de que a los uniformados se les impone el cumplimiento del deber de distinción –en aplicación del Derecho Internacional Humanitario-, el Policía que se resguardó en la casa no lo hizo para transferir allí el escenario del enfrentamiento, sino simplemente para proteger su vida”, precisa uno de los apartes de la decisión.
En este caso se tuvo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente la distinción que debe hacerse frente a los protagonistas del conflicto armado, haciendo énfasis en la protección de la población civil y su patrimonio en el marco del mismo.
En su decisión se ordenó hacer una evaluación de los daños materiales para cuantificar los perjuicios causados. Igualmente ordenó el pago de una indemnización por daños morales.
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