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La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) suspender temporalmente los nuevos contratos de arrendamiento y renovación para los terrenos ubicados en las Islas del Rosario, situadas a 35 kilómetros de Cartagena.
El alto tribunal manifestó que se debe suspender este tipo de actividades hasta que se determine la viabilidad para adjudicar dichos terrenos a las comunidades negras que allí habitan y quienes presentaron una acción judicial argumentando que son los propietarios ancestrales del territorio.
En la misma determinación se le advierte a las entidades gubernamentales que todas las decisiones que afecten a las comunidades debe contar con el concepto de las mismas.
La Corte Constitucional reiteró que ningún particular puede ser propietario de las Islas del Rosario pues son terrenos del Estado.
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