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Cuando Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, fue capturado, el máximo líder del Clan del Golfo no estaba solo. En la modesta vivienda donde se escondía hasta hace unos días, en la vereda Pítica de Turbo (Antioquia), fue hallada una niña de 15 años, quien ahora está en poder del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para que verifique sus condiciones físicas y emocionales. Según ha explicado la Policía, las cabezas del clan serían unos depredadores sexuales, quienes tienen entre sus víctimas favoritas niñas entre los 12 y 16 años, sin oportunidades y oriundas del Urabá. Tal es el caso de Rodolfo Alexander Manco Úsuga, alias Carepalo y familiar de alias Otoniel.
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Alias Carepalo es el protagonista de la primera sentencia por violencia sexual contra los máximos representantes del clan del golfo, la organización criminal con mayor presencia en el país -especialmente en el Pacífico- que, ante la alianza delictiva familiar, incluso llegó a tener el nombre del clan Úsuga. El 12 de noviembre de 2019, Manco Úsuga fue condenado a 14 años de prisión por el delito de trata de persona. Su defensa apeló la decisión, pero en julio del año pasado el Tribunal Superior de Antioquia confirmó la sentencia, endilgándole la investidura de reclutador sexual, encargado de satisfacer las depravaciones de la tropa.
En el contexto de la sentencia quedó claro que el clan del golfo era una organización conocida en el Urabá como el clan Úsuga, “dedicada a la comisión de delitos de narcotráfico, homicidios, desaparición y desplazamiento forzado”. Manco Úsuga, quien para la fecha de su proceso ya estaba en prisión, fue sentenciado como captador de mujeres con fines de explotación sexual. Entre ellas está la denunciante, María Camila*, quien en 2012 y a través de engaños fue trasladada desde Medellín hasta la zona rural de Chigorodó (Antioquia). Allí, durante 40 días fue obligada a mantener múltiples relaciones sexuales con los criminales al servicio de Otoniel.
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Durante el juicio oral contra alias Carepalo, María Camila* explicó que en Medellín fue contactada por una mujer quien la convenció de trabajar preparando alimentos para unos trabajadores de una finca, en el Urabá Antioqueño, el centro de operaciones del clan. “Estando allí la recibió un sujeto con el alias de Carepalo quien le informó que su actividad no era cocinar sino sostener relaciones sexuales con varios hombres pertenecientes a la organización armada ‘Clan del Golfo’”. En 40 días, María Camila* estuvo obligada a sostener relaciones sexuales con entre 20 y 30 hombres al día, quienes cancelaron a Carepalo $300.000 por cada violación.
La testigo, tras denunciar los hechos, describió el rostro del reclutador en retratos hablados y, luego, lo ubicó en una fotografía enseñada por las autoridades, cuando Manco Úsuga ya estaba en prisión. Al final el criminal resultó condenado, pero su defensa exigió una segunda valoración porque la víctima había dicho que alias Carepalo tenía ojos verdes y tatuajes, características físicas que serían distintas a las del acusado. No obstante, el Tribunal Superior de Antioquia dejó claro que la defensa no atacó la veracidad del testimonio completo de María Camila.
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“El asunto destacado por la defensa está más determinado por una estrategia improvisada que por una objeción reflexiva y sustentada probatoriamente al señalamiento de la testigo. (…) más allá de que la testigo hubiere referido la existencia de unos tatuajes en los brazos del acusado y luego afirmara no recordarlos, la jurisprudencia ha aclarado en relación con este tipo de inconsistencias que prevalece la credibilidad del testigo si la narración en coherente en lo fundamental”, explicó el Tribunal.
El expediente da cuenta de que María Camila* fue reclutada en compañía de otras dos mujeres, todas vulnerables por ser madres y estar en difíciles condiciones económicas. Aseguró haber escuchado una y otra vez el sobrenombre de Otoniel, y que incluso había niñas de 13 años sometidas en los cambuches destinados para la explotación sexual. Hoy la víctima vive en un país de Europa, asilo que logró gracias al trabajo de la Corporación Anne Frank, una organización feminista comunitaria en defensa de los derechos humanos.
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Las autoridades han explicado en medios de comunicación que Otoniel y sus más cercanos representarían todo un peligro para las niñas del Urabá. A través de casas hechas en madera, como en la que encontraron al líder del clan, montarían centros de prostitución forzada de menores de edad. Otoniel tendría una fijación por niñas a las cuales obligaría a usar prendas de su preferencia. Lo mismo se ha podido establecer sobre Roberto Vargas, alias Gavilán, quien murió en operativo militar, en 2017, en el municipio de Turbo (Antioquia).
Al parecer, las niñas son engañadas con regalos de alto valor, como cuatrimotos o altas sumas de dinero, para ser obligadas a prostituirse. La Policía Nacional tiene en sus registros testimonios de víctimas, quienes aseguran que los líderes del clan del golfo suelen compras pastillas “del día después” e inyecciones abortivas, para mantener relaciones sin protección. Incluso, criminales como Uldar Cardona, el fallecido alias Pablito, líder del clan en Córdoba, habría obligado a familias con hijas de entre seis y ocho años a preparar las víctimas una vez cumplieran 10 años. De negarse, venía el desplazamiento o el asesinato de algún miembro del hogar.
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