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El extraditado líder del Clan del Golfo, alias Otoniel, volvió a ser noticia la semana pasada porque, desde una cárcel de Estados Unidos, pidió al grupo armado detener el plan pistola contra la Fuerza Pública. Aun con las estrictas medidas de seguridad con la que está custodiado, Dairo Antonio Úsuga logró enviar otro mensaje a sus hombres con la orden de hacer un cese al fuego para buscar un diálogo con el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. Mientras se conocen los detalles de esa vía para la dejación de armas, en un juzgado de extinción de dominio de Medellín avanza a paso lento un proceso que pone en evidencia cómo fue que durante años el Clan del Golfo lavó dinero para sus andanzas criminales.
En el centro del proceso judicial están varias empresas y personas que habrían hecho parte de una red de lavado de activos y testaferrato para alias Otoniel y su grupo de narcotraficantes, que opera principalmente en Antioquia, Córdoba y Chocó. El Espectador conoció detalles de ese expediente que, según fuentes cercanas al proceso, toca el corazón de las finanzas de la familia Úsuga y de sus hombres de confianza. Tan crucial ha sido el proceso para el bolsillo del Clan, que ya cuatro de los principales lavadores de Otoniel se sometieron a sentencia anticipada y fueron condenados.
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Entre ellos está José Delio Pineda Gómez, alias Carra, conocido por haber sido el principal cambista de divisas en El Hueco en Medellín y los San Andresitos, famosos centros de comercio informal en donde coordinaba el pago de mercancías de contrabando pedidas por el Clan del Golfo y que permitían blanquear dineros del narcotráfico. Este hombre, de 50 años y oriundo de Santuario (Antioquia), cumple una pena de seis años y ocho meses de prisión por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. En el proceso de extinción de dominio que marcha actualmente también están vinculados varios bienes de quienes serían las otras dos cabezas de esa red que lavó dinero del Clan del Golfo.
Se trata de Juan Guillermo Meza y Juan Pablo Vásquez Giraldo. De este último, las autoridades dicen que su hermano (Ómar Alberto) también estaba lavando dinero del Clan y era socio de alias El Indio, un narcoparamilitar del extinto Bloque Centauros de los paramilitares y que alcanzó a ser tercero al mando del Clan del Golfo, pero murió durante un operativo policial en 2018. La semana pasada, 500 de las propiedades de El Indio fueron ocupadas con fines de extinción de dominio y están avaluadas en $40.000 millones. Sobre Juan Pablo Vásquez Giraldo, las autoridades señalan que lavó dinero a través de empresas que expedían bebidas a diferentes comercios de Medellín.
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Por eso es que en este hermético caso figuran empresas como Para Urabá Todo Bebidas SAS (Turbo, Antioquia), Sociedad Big SAS (Montería, Córdoba), Comercializadora Disura Primero SAS (Turbo, Antioquia), Bebidas y Mercadeo SAS (Apartadó, Antioquia), Logitransportes OMI (Apartadó, Antioquia). Estas sociedades, que la mayoría quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), están ubicadas en municipios donde históricamente Otoniel y el Clan del Golfo han sido fuertes. En el expediente también se menciona a otra empresa que fue la génesis de la extensa investigación de quienes blanquearon plata a este grupo sucesor del paramilitarismo durante casi una década.
Aunque los investigadores empezaron a seguir la pista del dinero del Clan del Golfo en 2013 —cuando encontraron las caletas de la hermana de Otoniel—, un año después recibieron información sobre la red de lavado. Una fuente humana le dijo a las autoridades que el grupo criminal estaba lavando a través de la sociedad Grupo Smart Vazugi, ubicada en Itagüí (Antioquia), y que era la empresa que expendía la conocida bebida Smart Aloe. Para 2014, las autoridades capturaron en Envigado a Hugo de Jesús Ardila, alias El Suegro, con $2.400 millones que fueron lavados en esa empresa y que iban a ser repartidos entre las familias de los capos del Clan, entre ellos, El Indio y Otoniel.
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¿Cómo funcionaba la red de blanqueo?
La Fiscalía realizó miles de interceptaciones a las comunicaciones de Pineda Gómez y Vásquez Giraldo, que dan cuenta de los movimientos de millones de pesos entre Bogotá y Medellín que ya habían sido lavados. Además, hombres de su confianza ingresaban de manera ilegal cargamentos panameños de cigarrillos y licores, que luego eran comercializados. Esas mercancías, en su mayoría, entraban de manera irregular por el Golfo de Urabá. “Coordina el ingreso de sumas de dinero a Colombia y el cambio de divisas a través de contactos en bancos chinos y que son producto del narcotráfico del Clan del Golfo”, dice el expediente en contra de la red de lavado.
También quedaron en evidencia cómo comerciantes de El Hueco, en pleno centro de Medellín, guardaban los millones de pesos blanqueados en dos centros comerciales: Tenerife Cúcuta y Guayaquil. La zona de El Hueco ha sido una zona en la que históricamente el paramilitarismo ha movido su dinero. Allí estaba ubicado el Parqueadero Padilla, en donde, en los años 90, estaba instalada una oficina que tenía la contabilidad de las empresas y personas que entregaron dinero a los paramilitares. También, es un sector donde las bandas de la Oficina (antes conocida como la Oficina de Envigado) realizan control territorial y se lucran del microtráfico y la extorsión de comerciantes.
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Las otras redes de lavado
Entre las 105 propiedades que hoy están bajo la lupa de la Fiscalía, varios de sus dueños alegan haberlas adquirido legalmente. De esta red criminal que le lavó más de $200.000 millones al Clan del Golfo, fuentes cercanas al caso señalan que aún quedan varios empresarios en el Hueco y los San Andresitos que le continuaron lavando dieron a Otoniel. Actualmente, también avanza un juicio contra John Freddy González Carvajal, cabeza de la extinta cadena de supermercados Consumax en el Urabá, región considerada como el corazón del Clan del Golfo. Según la Fiscalía, desde 2012, esta empresa le lavó dinero y le suministró de víveres y otros productos para sus hombres, pero él se declara inocente.
En mayo pasado, la Fiscalía también entregó información de lo que podría ser otra vía por la que el Clan del Golfo estaba lavando dinero. En ese momento fue capturado Antonio Ballesteros, alias Toño, hombre de confianza de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo, quien a su vez, sería uno de los sucesores de Otoniel, tras su captura en octubre de 2021. El ente investigador señaló que este hombre, requerido por la DEA y una Corte de Texas por narcotráfico, ya había sido capturado en 2014 por lavado de activos, pero recobró la libertad y actualmente tenía fincas y casas de lujo en sitios turísticos de Urabá, incluyendo hoteles, los cuales ahora están bajo la lupa de las autoridades.
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Sobre el proceso de extinción de dominio de los lavadores de Otoniel en El Hueco, fuentes cercanas al caso señalan que avanza a paso lento, como suele ocurrir en este tipo de casos. Además, advierten que aunque la mayoría de comerciantes de El Hueco no son colaboradores de los grupos criminales, hay algunos que continúan blanqueando los dineros del crimen organizado y no han sido tocados por la justicia. Al menos no por ahora.
Por David Escobar Moreno
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