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Aunque fue inadmitida, pero tiene chance de tres días para que le hagan ajustes, llegó al Consejo de Estado la primera demanda contra la elección de presidente y vicepresidenta de Gustavo Petro y Francia Márquez. El documento que pide que se deje sin piso su elección como mandatarios, dice que en varios lugares de votación del país no hubo presencia de jurados electorales.
Marco Di Sierra, el demandante que debe hacerle ajustes a su recurso y volverlo a presentar, dice que se repartieron tarjetas para “comprar votos en los barrios estrato 1 y 2 y fuera de los centros de votación”, además, aclaró que los votos “se pagaron en parte en efectivo en los distintos centros como se evidencia en los volantes y en parte con programas de gobierno de Petro”.
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Di Sierra señaló que existen una serie de denuncias de ciudadanos, según lo relatado por medios de comunicación, donde había tarjetones de votación idénticos a los originales diligenciados a favor del líder del Pacto Histórico y “tenían otros volantes similares con dispositivos de programación electoral para evadir los controles en caso de ser descubiertos”.
Además, explicó que, supuestamente, se presentó manipulación al “sistema electoral informático donde también votan los muertos y sobre todo en la circunscripción”. Pese a lo expuesto en el recurso, la Sección Quinta del Consejo de Estado inadmitió la demanda al considerar que “si bien la parte actora hizo una relación de los hechos del caso, de su lectura no es posible deducir con claridad el fundamento fáctico de su demanda, pasó por alto invocar las normas que considera infringidas y desarrollar el concepto de la violación con los requerimientos especiales en el contexto del proceso electoral”.
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Así las cosas, el despacho del magistrado Luis Álvarez le dio un plazo de tres días para que Di Sierra presente nuevamente la demanda precisando las normas que, a su juicio, se vulneraron. Debe señalar con exactitud las zonas, los puestos de votación por municipio en los que se habría presentado las irregularidades que menciona. Además, debe entregar una relación de las cédulas que fueron suplantadas y bajo cuál modalidad.
De igual forma, el magistrado le solicitó ser preciso en cuanto a los puestos de votación que no contaron con jurados electorales e indicar cuál fue el tipo de manipulación que sufrió el sistema electoral e informático.
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