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La violencia sexual en Colombia afecta de manera desproporcionada a las mujeres. El 85% de los exámenes que hace Medicina Legal en estos casos son practicados a niñas y adultas. Pero hay un sector del Estado donde esa cifra es al revés: en la fuerza pública. Para los casos de violencia sexual entre militares, según datos que recopiló la Fiscalía en un informe que entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 87% de las víctimas son hombres. Y la mayoría de estos crímenes están en la impunidad.
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En el informe “Violencia basada en género cometida por miembros de la Fuerza Pública”, como contó El Espectador en su edición impresa del pasado 27 de octubre, la Fiscalía recopiló 206 casos de violaciones y abusos sexuales cometidos entre 1993 y 2016. Cincuenta de estos fueron cometidos intrafilas. Es decir, de militares hacia sus compañeros o subordinados. El panorama es desesperanzador, pues revela la homofobia, los estereotipos de género y abusos de autoridad que reinan en las instituciones castrenses.
El 64% de las víctimas del informe se encuentran entre los 18 y 30 años, pues “la mayoría son personas que para el momento de los hechos se encontraban prestando servicio militar”. No obstante, decidieron denunciar lo que les hicieron sus superiores o compañeros, sin que sus pedidos de justicia tuvieran mayor eco. “Los resultados investigativos de estos hechos han sido limitados por cuanto se ha deslegitimado la versión de la víctima al señalar que las conductas punibles corresponden a otras conductas, como lesiones personales o torturas”, agrega el documento.
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Por ejemplo, el informe cita el siguiente testimonio de un soldado: “yo estaba viendo televisión un programa que se llama día a día, llegaron por detrás (sus compañeros) y me taparon la cara con unas sábanas azules y no me dejaron respirar, luego me amarraron las manos con un cordón de luz y de allí me amarraron los pies me quitaron la ropa, quedé desnudo totalmente, me dieron tablas, palo y con un palo de escoba me lo metieron”. Luego de esto, contó el uniformado, los soldados sacaron sus genitales y se los pusieron en la boca y la cara, entre otros tratos degradantes.
Él denunció y la Fiscalía inició una investigación, pero al poco tiempo la cerró. Este fue el argumento del fiscal del caso, según el informe: “si bien es cierto, los compañeros lo aprehendieron, lo amarraron, le ocasionaron lesiones en su humanidad, al igual que otros actos en su cuerpo, los mismos iban encaminados para darle una lección de ‘hombría’ o de comportamiento sexual masculino ya que él presentaba manifestaciones de ‘homosexual’, más no nunca para satisfacer sus apetencias sexuales pues se declararon todos en una sola voz en ser hombres y jamás inclinación homosexual”.
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Lo que sufrió este soldado es una muestra de una categoría de violencias sexuales entre militares que la Fiscalía catalogó como “una forma de persecución dentro de la institución”, ya que en el relato mismo de los victimarios estaba que querían darle una lección. Ahora bien, el ente investigador documentó otras formas de violación y abuso, siendo la principal característica en común el “aprovechamiento del rango superior del victimario para cometer el hecho”. Es decir, que un militar en rango superior accede sexualmente a otro inferior contra su voluntad.
Este es un testimonio recopilado por la Fiscalía en el informe, que da cuenta de ese tipo de violencia. Es la voz de un joven que estaba prestando servicio militar y tenía que custodiar un comando de la Policía: “el mayor me hizo señas de que entrara al estudio del comando, por ser mi superior obedecí, después me dijo ‘pase allá’, señalando el estudio de él. Cuando yo entro, me siento y me encuentro con que había un portátil y tenía puesta pornografía entre hombres, y ahí me dijo que quería hacer eso conmigo,”.
Y continúa: “que yo sabía que él era mayor y que si hacía eso me garantizaba la libreta militar y si no lo hacía vería las consecuencias y le insistí que eso no me gustaba”. El joven terminó siendo violentado por el mayor. Recibió atención psicológica y lo trasladaron a otra unidad de la institución, pero el hecho dejó graves secuelas graves en su salud mental, al punto que tiene que tomar medicación. El caso quedó en manos de un fiscal de la región, pero nunca pasó de la fase de indagación preliminar. Ni siquiera se vinculó al señalado victimario al proceso.
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El informe de la Fiscalía reúne otros testimonios y detalles, pero la conclusión general es que, “la mayoría de los hechos se presentan durante el desarrollo de las funciones al interior de la respectiva institución, se utiliza el material de intendencia y la posición dentro de la institución para acceder a las víctimas y muchas veces para ocultar el hecho”. A su vez, que la alta tasa de impunidad “se relaciona con las erradas concepciones sobre los delitos sexuales que tienen los operadores judiciales (fiscales y jueces), y la falta de diligencia para recaudar elementos probatorios e identificar a los presuntos responsables”.
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