Otro palo en la rueda del TLC

El espinoso tema de las ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros de las Fuerzas Militares, amenaza otra vez en convertirse en un palo en la rueda para las relaciones de Colombia con el Congreso de los Estados Unidos, en momentos en que el ministro de Comercio, Luis Guillermo Plata, anuncia con bombos y platillos que sólo faltarían 35 votos demócratas para la aprobación del TLC y el vicepresidente Francisco Santos se empeña en demostrar ante la comunidad internacional que la situación de los derechos humanos en el país ha mejorado en los últimos años.

Un informe de la Fiscalía General de Nación, conocido por El Espectador, en el que se hizo un cruce de información y depuración con los datos que tiene la Justicia Penal Militar, revela que desde 2002 hasta lo corrido del presente año se adelantan 229 procesos sobre ejecuciones extrajudiciales, cuyo número de víctimas asciende a 445 y la cifra de sindicados e imputados es de 796. El informe señala además que el año 2006, con 63 casos, ha sido el más crítico y que Antioquia sigue ocupando el primer lugar en cuanto a ejecuciones extrajudiciales, con 92 casos.

Según la Fiscalía, el trabajo de depuración se inició con un universo de 1.074 procesos que conocía la Justicia Penal Militar, lo que permitió establecer una base de 724 casos con 1.017 víctimas, presentados a través de quejas y denuncias de diferentes entidades como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Gobernación de Antioquia y la Cruz Roja Internacional, entre otros. La información se cruzó con 189 procesos que tenía la Fiscalía y se encontró que algunas víctimas habían sido reportadas por diferentes entidades, duplicando el número de registros.

El fiscal general Mario Iguarán anunció la conformación de una subunidad de apoyo a la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional, con el fin de impulsar las investigaciones que se adelantan por homicidios presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública. Asimismo, se adelantarán brigadas de búsqueda con los fiscales y jueces penales militares para ubicar e identificar las investigaciones faltantes y se seguirán depurando los datos de las denuncias e investigaciones sobre homicidios cometidos por los agentes del Estado.

Las acciones de la Fiscalía se dan en el preciso momento en que una Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia -compuesta por juristas, antropólogos, periodistas y expertos en derechos humanos de cinco países-, concluyó que en el país la impunidad es "casi absoluta" y le recomendó a la comunidad internacional condicionar la ayuda militar al Gobierno al fin de las ejecuciones extrajudiciales.

‘Primas por positivos’

Para la Misión, que actuó por invitación de la Coordinación Colombia-Europa-E.U. (Cceeu) y contó con el apoyo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, los casos tienen generalmente lugar en el marco de operaciones militares antiguerrilla y las víctimas son, en gran proporción, dirigentes comunitarios campesinos, indígenas o trabajadores, capturados ilegalmente. Las cifras que manejaron los observadores hablan de que en los últimos cinco años los casos de ejecuciones extrajudiciales en el país totalizaron 955.

Pero hay cosas más graves. El informe señala que el Gobierno promueve este tipo de acciones, a través de primas económicas o profesionales de "rendimiento" por cada "positivo", como se denomina la muerte de un guerrillero. "La impunidad está garantizada por un sistema en que la justicia militar y los mismos que han matado presuntamente en combate al supuesto guerrillero, son los que efectúan la investigación y llevan adelante el proceso, impidiendo u obstaculizado la acción de la justicia civil", señala el informe.

Por otra parte, algunas organizaciones internacionales intentan llamar la atención de la comunidad internacional sobre las posturas del mismo presidente Álvaro Uribe, a quien acusan de utilizar un lenguaje "peligroso" y "desafiante" al descalificar a quienes denuncian las ejecuciones extrajudiciales. El caso más inmediato -dicen- ocurrió el 25 de julio, cuando en la conmemoración de los dos años de la Ley de Justicia y Paz, el Primer Mandatario dijo: "Ahora la estrategia es otra: cada que se le dé una baja a la guerrilla, ahí mismo se movilizan sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial".

El colectivo de abogados José Alvear Restrepo, uno de los denunciantes, expresó que las denuncias no buscan desprestigiar a la Fuerza Pública y a los organismos de seguridad, sino llamar la atención sobre conductas inconstitucionales e ilegales para que estas instituciones y sus integrantes ajusten su comportamiento a doctrinas y prácticas compatibles con los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano, la Constitución y la ley.

TLC en riesgo

Aunque para el gobierno de Estados Unidos la situación de los derechos humanos en Colombia ha mejorado ostensiblemente y ve como positivos los esfuerzos que se hacen, el Departamento de Estado ha llamado la atención en el sentido de que se necesita hacer más en lo que respecta a este tema y ha advertido que la administración Bush "toma muy en serio" todos los informes sobre abusos de los derechos humanos cometidos. Precisamente hace cuatro meses, El Espectador reveló que Estados Unidos estaba muy preocupado por el tema de las ejecuciones extrajudiciales y que el asesor legal de la Embajada gringa, Carlos Julio Vargas, le había solicitado a la Procuraduría un informe sobre las investigaciones adelantadas en los últimos años, "con el fin de ser estudiados y analizados para la certificación en derechos humanos al país".

En respuesta, el viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau le envió un documento de 21 páginas en el que se detallaba que, desde el 1º de enero de 2002 hasta junio de 2007, el Ministerio Público había iniciado 54 procesos disciplinarios contra oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública por operativos irregulares en los que habrían sido presentados como guerrilleros muertos en combate campesinos que, al parecer, no eran subversivos.

El informe de la Misión Internacional de Observación sobre ejecuciones extrajudiciales e impunidad en Colombia, ya está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas, organismos donde apuntan ahora los opositores al TLC. Un vocero cercano a la negociación del Tratado señaló que si bien el gobierno Uribe ha dado pasos importantes en el Congreso norteamericano, "todavía no se puede cantar victoria". Y el tema de las ejecuciones extrajudiciales sigue causando roncha en el Ejecutivo, que seguramente se empeñará ahora en dirigir su armada a demostrar que no se trata de una práctica reiterada y mucho menos auspiciada, que se respalda a la Fiscalía en las investigaciones y que se le están buscando soluciones al problema en el interior de las Fuerzas Militares.