¿Otros dos alfiles uribistas cerca de una condena?

De la misma forma, han transcurrido, por lo menos, seis años desde que el 26 de junio de 2008 la Corte Suprema de Justicia condenó a cuatro años de prisión a Yidis Medina por el delito de cohecho por haber votado favorablemente el mencionado proyecto a cambio de una serie de “dádivas, halagos y promesas burocráticas (…) ofrecidas por varios funcionarios del gobierno”, en referencia a los exministros Diego Palacio y Sabas Pretelt de la Vega y al exsecretario General de la Presidencia, Alberto Velásquez.

Luego fueron condenados los excongresistas Iván Díaz Mateus y Teodolindo Avendaño por estos mismos hechos. Igualmente, ya hace casi dos años, el 30 de julio de 2013, Yidis Medina recuperó su libertad. Y, a los pocos días, el 15 de agosto de 2013, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que condenara a Palacio, a Pretelt de la Vega y a Velásquez por los supuestos ofrecimientos hechos a Medina para que cambiara su voto. Solicitud que fue apoyada por la Procuraduría el 20 de agosto. En ese momento el representante del Ministerio Público dijo que los exfuncionarios trastocaron “todas las reglas propias de la democracia (…) para hacer un vulgar negocio de contraventa”.

Pero, hasta ahora, la Corte Suprema se apresta a analizar una ponencia en la que el presidente de la Sala Penal, el magistrado José Luis Barceló, pide que se condene a estos tres alfiles uribistas por un cohecho por el que, hasta ahora, solo han sido condenados quienes recibieron los ‘regalitos’ pero no quienes, al parecer, los entregaron. A la hora de definir si condena o no a estos tres exfuncionarios, la Corte Suprema va a tener en cuenta, entre otras, el testimonio de la misma Yidis Medina, quien hace casi dos años, ante los magistrados del alto tribunal dijo que “casi la obligaron” para que votara a favor del proyecto reeleccionista.

“Me decían que era un favor que le debía hacer al presidente (Álvaro Uribe). Yo ya lo acepté y lo pagué. Pero ¿entonces qué? ¿El cohecho lo hice yo sola? (…). Telefónicamente usted (en referencia a Diego Palacio) me dijo que había que hacer patria sacando adelante ese proyecto. Me dijo que me iba a colaborar porque tenía instrucciones del presidente para colaborarme con puestos en Barrancabermeja”.

Los acusados, por su parte, siempre han negado haberle hecho cualquier ofrecimiento a Medina. “No le ofrecí nada a Yidis. Ella ya lo dijo, sus amigos lo dijeron. Lo dijo el mismo Teodolindo Avendaño. Ella cambió su voto, pero no por las presiones ejercidas por el Gobierno. Ella dijo claramente ese día que iba a votar a favor, que ella creía que era necesario para el país (…)No hubo ningún ofrecimiento de nada. Aquí se han presentado versiones medio lunáticas. Yo nunca he hablado de Yidis”, dijo Sabas Pretelt en su momento.

El exministro Palacio ha expresado que “existen pruebas que demuestran todo lo contrario a las versiones entregadas por Yidis Medina” y ha señalado que en las acusaciones en su contra hay un “enorme contenido político”. Por su parte, el exsecretario general de Presidencia Alberto ha dicho que Medina “siempre quería algo a cambio. Yo no le di nada, se molestó tremendamente conmigo. Entonces pienso que por esas razones cambió sus acusaciones y las dirigió hacia mí”. La Corte es quien define. Aunque, de nuevo, no deja de ser curioso que en estos 10 años solo se haya condenado a una de las partes del mencionado cohecho.

Tras casi seis años del fallo contra Medina, el escándalo de la Yidispolítica sigue generando la misma reflexión que se hiciera, en ese momento, la Corte Suprema de Justicia. Resulta inaudito, sostuvo el alto tribunal en 2008, “que desde las altas esferas del poder de la época, por algunos de sus miembros, se impulse la desinstitucionalización al promover el quebrantamiento de las reglas básicas del modelo de Estado cuando en busca de un beneficio particular se impulsó a toda costa un Acto Legislativo, sin importar que para sacarlo avante se llegare hasta la comisión de conductas punibles. Cobra fuerza en este momento la frase de Thomas Jefferson: Los fines políticos no justifican medios inmorales”