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Siete exfuncionarios más del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, se sumaron al nombre de su exdirectora Liliana Pardo y el exsubdirector técnico y jurídico Inocencio Meléndez, destituidos e inhabilitados en el ejercicio de funciones públicas durante 18 y 17 años, respectivamente, por decisión de la Procuraduría General de la Nación.
A ambos exfuncionarios se les sindica de guardar responsabilidad disciplinaria en la concesión del contrato de la Fase Tres de Transmilenio, ejecutada por las empresas del grupo Nule.
Con el mismo tipo de sanción, que se mantendrá vigente durante 14 años, fueron cobijados el exsubdirector de Infraestructura Luis Eduardo Montenegro; y el exdirector técnico de Planeación Rafael Hernán Daza Castañeda. Esta decisión también privará de la función pública durante 16 años al exsubdirector técnico de Ejecución de obras Aldemar Cortés Salinas; el exsubdirector General Luis Esteban Prada; y la exdirectora técnica de Construcción Carmen Helena Lopera.
También fueron suspendidos e inhabilitados durante 11 meses la exdirectora técnica de Predios Martha Mercedes Castrillón y la exdirectora técnica de Gestión Contractual María Clemencia Cantini Ardila.
El IDU, responsable de la concesión de los convenios, conservando tal autoridad, también se hace responsable de los privilegios que tuvieron los contratistas, modificando unilateralmente los pliegos de condiciones contenidas en los contratos y determinando, a voluntad propia, varias adiciones presupuestales.
Aparentemente, los concesionarios no guardaban la debida capacidad técnica y financiera para seguir ejecutando las obras y, pese ello, se les autorizó un aumento inusitado en los anticipos que, en el caso de la Fase Tres, alcanzaron los 85.000 millones de pesos.
Según el expediente, no hubo suficiente vigilancia tampoco en la inversión de los recursos, que fueron gastándose sin la debida legalización, hasta que se hizo evidente su desvío y la necesidad de hacer efectivo el cobro del seguro del contrato, cedido a la firma Segurexpo.
Por los mismos hechos ya fueron acusados penalmente Liliana Pardo e Incoencio Meléndez, que se encuentran privados de su libertad; a la primera se le endilgan los cargos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación de terceros, prevaricato por omisión e interés indebido en la celebración de contratos, mientras el segundo deberá responder por prevaricato por acción, interés indebido en celebración de contratos, concusión como autor, prevaricato por omisión y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales.
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