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La verdad del general (r) Iván Ramírez Quintero podría ser uno de los testimonios de mayor valor para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Fue jefe del Comando de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército y comandante de la extinta Brigada XX militar, desactivada en 1998 tras cargar una estela de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La Sala de Definición de la JEP acaba de aceptar el sometimiento de Ramírez Quintero, en concreto sobre el proceso que cursa en su contra por el holocausto del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
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Según la Sala de Definición, en un plazo de 15 días el militar en retiro deberá presentar un documento en el cual se comprometa a decir la verdad y entregar pormenores de la retoma del Palacio de Justicia. Según conoció El Espectador, Tendrá que aclarar, de haberlo conocido, cómo miembros de la fuerza pública se extralimitaron tras intentar contrarrestar la incursión violenta del M-19, cuyo objetivo era hacer un juicio político en el recinto. Distintos expedientes, contra militares y rebeldes, han permitido concluir que el Ejército se desbordó en sus funciones y fue responsable de desapariciones forzadas y asesinatos.
Ramírez Quintero deberá entregar nombres, circunstancias y otras herramientas que le permitan a la JEP aumentar su panorama sobre el holocausto. Es un expediente que el militar (r) conoce de cerca, dado que en 2011 resultó absuelto por orden del Juzgado 51 penal de Bogotá. No obstante, los registros marcan que, en primera instancia, quedó libre por duda procesal. La Fiscalía, no obstante, mantiene la hipótesis de que Ramírez Quintero había participado en la desaparición forzada de la guerrillera Irma Franco, una de las primeras militantes en ingresar por las malas al Palacio.
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“(Franco) fue separada del resto de las personas que salieron con vida del Palacio de Justicia y sometida a un violento interrogatorio (…), procedimiento que se constituyó en la antesala de su desaparición forzada (…) y que necesariamente requería de una orden superior que solo podía darla el entonces coronel Iván Ramírez Quintero”, precisó la Fiscalía, durante la instancia en que Ramírez Quintero resultó absuelto. Fue señalado por estudiantes del Externado, quienes dijeron que el comando de Inteligencia funcionó como un centro de torturas una vez el Palacio quedó en manos del Ejército.
Durante ese juicio, la Procuraduría adhirió a los argumentos de la defensa de Ramírez Quintero. “Después de todo el proceso no hay un convencimiento completo que permita sustentar un fallo de condena contra el implicado, de haber tenido las pruebas y los testimonios yo lo estaría sosteniendo, pero es que nosotros como Procuraduría no buscamos condenas porque si”, se registró en 2011. Su representación judicial ha sido insistente en que nunca estuvo en el lugar de los hechos y que las voces que lo incriminan no son convincentes.
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El militar de inteligencia también es pieza clave en el marco de la investigación por la persecución a integrantes de la Unión Patriótica, partido político resultante de acuerdos de paz y que, según organizaciones sociales, padeció el asesinato de alrededor de 5.000 simpatizantes. Desde 2018 la Sala de Reconocimiento cuenta con informes que hablan sobre la posible relación entre el exterminio de la UP y agentes del Estado. Entre ellos, un par de la Fiscalía y del Centro de Memoria Histórica.
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En el informe “el caso del BINCI y la Brigada XX: La inteligencia militar contra la oposición política y social (1977- 1998)”, organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) enviaron información a la JEP sobre el paso de Ramírez Quintero por la Brigada XX, donde fue comandante, y en el Binci, en el cual se desempeñó como jefe de operaciones. “Ha sido caracterizado como más representativo oficial en el área de inteligencia de los últimos 30 años”, explicaron las organizaciones en su informe.
El Cajar y los demás intervinientes denuncian el concepto de “doctrina del enemigo interno”, como una supuesta “política de persecución y eliminación implementada contra los sectores de izquierda en Colombia. Desde 1977 hasta finales de 1998 los organismos de inteligencia adscritos al Ejército Nacional utilizaron los medios humanos, técnicos y tecnológicos a su alcance para llevar a cabo la persecución de personas que hacían parte de movimientos políticos afines a ideologías de izquierda o comunistas”.
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