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Tras 40 años del holocausto del Palacio de Justicia, la mala sombra de la impunidad sigue sembrada sobre los expedientes. El M-19, que encendió la mecha de lo ocurrido entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, no ha respondido por su responsabilidad. ¿La razón? El indulto a algunos de sus miembros, tras las negociaciones de paz de 1989, borró de tajo la posibilidad de que entregaran la verdad y le puso sello a lo que víctimas y juristas llamaron un “pacto de silencio”. Tampoco el Estado colombiano, pese a una condena internacional por su responsabilidad en graves crímenes durante la retoma de las Fuerzas Militares, ha respondido. Las víctimas coinciden en que no hay verdad, justicia ni reparación suficientes.
Durante las 28 horas que duró el asalto al centro de la justicia colombiana, en el edificio en el que funcionaban la Corte Suprema y el Consejo de Estado, murieron un centenar de personas, más de 11 fueron desaparecidas forzosamente y otras tantas fueron sometidas a torturas e interrogatorios. El 13 de noviembre de 1985, el gobierno del presidente Belisario Betancur, quien asumió la responsabilidad de lo sucedido en el Palacio de Justicia, expidió un decreto enmarcado en el estado de sitio y creó el Tribunal Especial de Instrucción para investigar los hechos. Ese órgano, en principio, atribuyó la responsabilidad solamente al M-19 y dejó de lado el rol del Estado en el uso desmedido de la fuerza durante la retoma.
Un acuerdo fracturado
El M-19 y el gobierno de Belisario Betancur firmaron un cese al fuego en Corinto (Cauca), el 24 de agosto de 1984, tras negociar una salida a la guerra. Pero a ese acuerdo de papel le siguieron una serie de incumplimientos de parte del Estado y de la guerrilla, que fracturaron cualquier intención de paz hasta hacerla trizas, como recopiló la Comisión de la Verdad. A finales de ese año, por ejemplo, el general Miguel Vega ordenó la “Operación Garfio”, en la que fueron atacados al menos 70 guerrilleros que se habían asentado en el mismo municipio en el que se pactó el primer acuerdo. El ataque derivó en una crisis política y en la decisión del M-19 de adelantar una campaña de proselitismo político.
La “Operación Garfio” fue una de las razones en las que el M-19 se escudó para tomarse violentamente el Palacio de Justicia en noviembre de 1985 y hacerle un juicio político al presidente Betancur, por haber “traicionado” los acuerdos de paz. Sin embargo, el asalto del grupo armado y la respuesta desmedida por parte de las Fuerzas Militares terminaron en una tragedia que hoy, 40 años después de los hechos, sigue sin ser esclarecida por completo. El avance más importante en materia de justicia es, hasta ahora, la condena que emitió en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado colombiano. Pero la responsabilidad del M-19 fue borrada de un plumazo por el indulto de 1989.
Las primeras luces de la justicia
Tras la toma del Palacio de Justicia y la publicación del informe del Tribunal Especial de Instrucción, el 17 de junio de 1986, salió a la luz la primera orden de la justicia penal relacionada con el holocausto. El 31 de enero de 1989 un juez de Instrucción Criminal, Uriel Alberto Amaya Olaya, acusó formalmente a la plana mayor del M-19 por su responsabilidad en los hechos. El togado señaló que la toma fue “un ataque contra el sistema mismo sobre el cual se asienta la legitimidad institucional”. Sobre esa determinación, la Comisión de la Verdad dijo también en su momento que la justicia “concluyó que el incendio del Palacio de Justicia fue intencional, aunque sin precisión sobre los autores”.
La acusación del juez Amaya Olaya “determinó que todos los guerrilleros con jerarquía en el M-19 y capacidad funcional decisoria fueron autores mediatos de los hechos punibles”. En ese sentido, los acusó y emitió orden de captura preventiva en contra de los principales líderes de esa guerrilla, incluido Carlos Pizarro, quien en ese momento era su máximo comandante. Con esa acusación, la justicia colombiana, en concepto de la Comisión de la verdad, “cerró” el capítulo de sus actuaciones penales contra el M-19. Mientras en la justicia se tomaba esa primera decisión, en la Casa de Nariño se planeaba una nueva negociación con la guerrilla, pues estaba claro que la represión armada no era una salida fácil ni viable.
El salvavidas del indulto
En agosto de 1986, antes de que se cumpliera el primer año del holocausto del Palacio de Justicia y con una cifra de víctimas que dejaba más preguntas que certezas, Belisario Betancur le entregó el poder a Virgilio Barco. Al asumir su cargo, el nuevo presidente de la República retomó la idea de negociar la paz con el M-19 y el 6 de enero de 1989, en Chaparral (Tolima), inició sus propios diálogos que duraron 14 meses. Luego, el 9 de marzo de 1990, en el corregimiento de Santo Domingo, en Toribío (Cauca), el grupo comandado por Carlos Pizarro entregó las armas. La negociación estuvo atravesada por un acuerdo político que incluía el indulto para los integrantes de la guerrilla.
Fue así como el 22 de diciembre de 1989 se expidió la Ley 77, con la cual el presidente Barco, en cabeza del Estado colombiano, le concedió el indulto a los integrantes del M-19 que se acogieron a la negociación con el Gobierno Nacional. Ese beneficio judicial, con el que se perdonaron por completo las responsabilidades penales de los delitos cometidos por los exguerrilleros en el marco del conflicto armado, significó cerrar también de un portazo el proceso penal relacionado con los crímenes cometidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
Revive la responsabilidad del M-19
Poco más de dos años después de que el presidente Barco le concediera el indulto al M-19 y cerrara la posibilidad de esclarecer judicialmente los hechos del holocausto, una jueza de orden público decidió reabrir las investigaciones contra exmiembros de la guerrilla y el expresidente Belisario Betancur. Se trataba de Clemencia García de Useche, una togada que hacía parte de los denominados “jueces sin rostro”, que administraban justicia sin revelar su identidad para protegerse de los embates del narcotráfico y el terrorismo. El 15 de mayo de 1992, la jurista ordenó investigar a los exguerrilleros por los crímenes cometidos en el Palacio de Justicia.
Como lo contó en para la época El Espectador, para la togada había argumentos suficientes para sustentar que dos de los delitos cometidos por la ya desmovilizada guerrilla del M-19 durante el holocausto, no eran amnistiables. “Este cambio de procedimiento de la justicia radica en que se encontró aplicable el delito de terrorismo en concurso por incendio, que no es conexo con los de rebelión, sedición y asonada, y en los cuales se basó anteriormente el Congreso de la República, para dictar la ley de indulto”, narró este diario en su momento. En ese sentido, emitió 31 autos de detención sin excarcelación, contra la plana mayor del desmovilizado M-19.
Entre los cobijados por esa medida preventiva estaban el hoy presidente Gustavo Petro, el expresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, Antonio Navarro Wolff; el hoy Consejero Comisionado para la Paz, Otty Patiño; y los entonces senadores Vera Grabe, Hebert Bustamante y Eduardo Chávez. En cuanto a Carlos Pizarro, excomandante del M-19, no fue acogido por la orden de la jueza García de Useche, pues había sido asesinado el 26 de abril de 1990, poco después de la firma del acuerdo de paz y en medio de su campaña presidencial. Pero el expresidente Betancur no quedó por fuera, pues la togada compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que lo investigara por homicidio culposo.
Un espaldarazo de Uribe Vélez
Con la decisión de la jueza Clemencia García de Useche andando, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que para 1992 era senador de la República por el Partido Liberal, le dio un inesperado espaldarazo a la desmovilizada guerrilla. El 20 de mayo de 1992 lideró un debate en el Congreso en el que cuestionó la acusación y la orden de captura emitida por la togada, solo una semana antes. Esa discusión derivó en la creación de una comisión accidental que evaluó el trámite de un instrumento jurídico que extendiera el indulto a los exintegrantes del grupo armado y acogiera los delitos cometidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia.
La discusión sobre la responsabilidad de la plana mayor del M-19 en delitos de lesa humanidad cometidos durante el holocausto dio un giro de lo judicial a lo político, por el riesgo que representaba una fractura en el acuerdo de paz. La propuesta de Uribe Vélez, denominada como “ley de reindulto”, fue vista por víctimas del Palacio como una movida contradictoria a la línea política del expresidente y que terminaba de sembrar el temor de la impunidad que ya se tendía sobre los expedientes del asalto al centro de la justicia colombiana. Finalmente, en 1993 se aprobó el proyecto de ley redactado bajo el trabajo de esa comisión accidental y se dejó sin efecto la decisión de la jueza García de Useche.
La verdad inconclusa
El espaldarazo de Uribe Vélez al indulto del M-19 borró de tajo la posibilidad de que sus exintegrantes aportaran verdad judicial y respondieran a las exigencias de justicia y reparación que las víctimas han hecho desde hace cuatro décadas. Para Ángela María Buitrago, exfiscal que tuvo a cargo el expediente del Palacio de Justicia entre de 2005 y 2010, el indulto y reindulto a la antigua guerrilla le puso selló al pacto de silencio y a la impunidad. “La construcción de un pacto político para cerrar las investigaciones estaba listo, todo el mundo estaba en modo: ‘No vamos a investigar’. Eso llevó obviamente a la relajación y a la incomprensión de las víctimas”, dijo en un diálogo reciente con El Espectador.
Pese a los portazos de la justicia en la cara de las víctimas del Holocausto, años después se intentó revisar las condiciones de los beneficios entregados al M-19. En 2015, el entonces fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, anunció la revisión del indulto. En su concepto, las pesquisas podrían dar lugar a que se tumbaran amnistías ya otorgadas y determinar si hubo delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por parte de personas desmovilizadas. Pero en julio de 2016 se cerró la investigación porque, en concepto del fiscal general encargado, Jorge Fernando Perdomo, el hecho ya había pasado a cosa juzgada y no se podían tomar nuevas decisiones de fondo.
Las víctimas han hecho lo propio para intentar que se revise el indulto y que el M-19 responda por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Palacio de Justicia. En 2017, Raúl Alfonso Talero, hermano del capitán de la Policía Héctor Talero, muerto en la retoma del edificio, le pidió a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que revisara la cosa juzgada sobre los indultos y amnistías a la guerrilla. Dos años después, en enero de 2019, el alto tribunal inadmitió la petición y, una vez más, se cerró la posibilidad de que los responsables del asalto al Palacio de Justicia, liderada por 35 guerrilleros que se tomaron a sangre y fuego el edificio, ayuden a levantar la opacidad que reina sobre el expediente.
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Por Gustavo Montes Arias
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