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La Corte Suprema de Justicia está en boca de expertos judiciales del país por estos días. El alto tribunal escogió a José Joaquín Urbano Martínez como nuevo magistrado de la Sala Penal de esa corporación, para completar 19 de los 23 togados que componen la Sala Plena de la Corte y que toman las decisiones más importantes del país en materia judicial. Sin embargo, de esas 19 sillas que están ocupadas, solamente cinco las tienen mujeres y la llegada de Urbano desató, nuevamente, un debate sobre la falta de paridad de género en las posiciones de poder en los altos tribunales.
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Históricamente, las altas corte (Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional) han estado bajo el control mayoritariamente de hombres. Ante ese panorama, en mayo de 2023, la magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel Cabo, lideró la sentencia C-134 de 2023, con la que se modificó la ley que establece las condiciones para la administración pública (ley 270 de 1996), dentro de las cuales están los requisitos para elegir magistrados de las altas cortes. Allí, quedó establecido que los altos tribunales deben garantizar y promover “una mayor participación de las mujeres en las altas cortes”.
A pesar de lo que dice la ley y la sentencia de la Corte Constitucional, expertas en derecho y género como María Adelaida Ceballos, directora de la línea de Sistema Judicial en el Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), señalan que la Corte Suprema no está cumpliendo. Para Ceballos, el alto tribunal está desconociendo lo que señalan las normas y dejando de lado ese compromiso con la incentivación de la participación y escogencia de mujeres para magistraturas. Además, resalta que las convocatorias deben “asegurar el cumplimiento de los principios de paridad, alternancia y universalidad en la participación de las mujeres dentro de las listas y ternas”.
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, aunque no es la única en dónde la presencia de mujeres es muy escasa, sí es la que más exhibe la poca participación de ellas. Allí, además de Urbano Martínez, quien recién fue elegido, hay otros siete hombres. Diego Corredor (actual presidente de esa Sala), Gerson Chaverra, (presidente de la Corte), Fernando Bolaños, Gerardo Barbosa, Jorge Hernán Díaz, Hugo Quintero y Carlos Roberto Solórzano. La única mujer que hace presencia en la Sala Penal es la magistrada Myrian Ávila, quien llegó en noviembre de 2021.
Aunque la Sala Penal es la más grande, con nueve magistrados, en las salsas Civil y Laboral, cada una con siete cupos, la paridad tampoco es visible. En la Civil, las únicas dos magistradas son Hilda González Neira y Martha Patricia Guzmán Álvarez. Allí, hay todavía dos vacantes que están por definirse en las que la Sala Plena podría, pero sin garantía alguna, decantarse por mujeres para descontar la diferencia que por ahora hay con los hombres al interior de toda la corporación. En el caso de la Sala Laboral, las sillas solo han podido ser ocupadas por las magistradas Marjorie Zúñiga Romero (presidenta de esa Sala) y Clara Inés López Dávila.
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Ante este panorama, la experta Ceballos le dijo a este diario que “las mujeres somos más de la mitad de la población y la mitad de los abogados en Colombia, y deberíamos estar reflejadas en esa misma proporción en los espacios de poder”. Asimismo, sostuvo que la diversidad judicial es fundamental para robustecer la legitimidad de la justicia y (bajo ciertas circunstancias) llevar perfiles diversos a la justicia puede hacer una diferencia en términos de los enfoques con los que se imparte justicia.
Por ahora, quedan cuatro cupos por llenarse en la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia y así completar los 23 magistrados en ejercicio. Aunque esas cuatro sillas se le dieran a mujeres, solamente habría nueve en toda la corporación, sin llegar así ni a la mitad y dejando de lado, nuevamente, la paridad de género. Según Ceballos, “ahora deberíamos exigirle a la Corte Suprema no solo que se tome en serio su deber de seleccionar más magistradas, sino que también se esfuerce por restaurar esa confianza rota” en relación con la paridad de género. De no hacer, recalca, habría “una vulneración a la igualdad política, que puede traer problemas de legitimidad judicial y puede representar una oportunidad perdida para diversificar las miradas al interior de la justicia”.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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