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Más de 30.000 personas confinadas, 27 veredas bajo crisis humanitaria, toque de queda de grupos armados, calles vacías, miedo, angustia. Así está el panorama en el departamento del Guaviare desde la madrugada del lunes 16 de junio, cuando inició el paro armado decretado por las disidencias de las Farc, al mando de alias “Iván Mordisco”. Una situación que tiene a comunidades y mandatarios regionales pidiendo atención urgente del Gobierno Nacional.
El constreñimiento comenzó luego de que en la tarde del pasado domingo, el Estado Mayor del Bloque Amazonas de las disidencias anunciara un paro armado entre las 00:00 horas del lunes 16 de junio y las 00:00 del sábado 21. Una semana de restricciones de movilidad terrestre y fluvial, medidas de cierre para el comercio y advertencias de seguridad. La razón: existe una confrontación territorial de ese grupo con la facción disidente de alias “Calarcá”.
Información de inteligencia militar indica que el constreñimiento de las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare obedece a la disputa entre tres estructuras de las disidencias de “Iván Mordisco” y dos del ala de “Calarcá”. Ambos grupos con un mismo objetivo: hacerse a las jugosas rentas de la minería ilegal, la extorsión y el narcotráfico. Y, a la cabeza de esa guerra, cuatro líderes de la guerrilla: alias “Corea”, “Jimmy”, “Chifle” y “Miller”.
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La guerra de las disidencias
El paro armado de esta semana no es la primera acción violenta de las disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare. Desde inicio de este año, las autoridades venían advirtiendo los posibles efectos de una inminente confrontación en la región. El 19 de enero, por ejemplo, hubo un enfrentamiento entre presuntos integrantes de los bloques Amazonas y Jorge Suárez Briceño de las disidencias.
Esas confrontaciones pusieron en alerta a habitantes del municipio de Calamar, uno de los sitios más afectados por la acción violenta y que estuvo durante viarias horas en medio del fuego cruzado. El hecho, según reportaron las autoridades, dejó un saldo de 20 combatientes muertos: cinco mujeres y 15 hombres, cuyos cuerpos fueron trasladados por el Ejército a Villavicencio (Meta) para su identificación.
Entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo advirtieron que una escalada violenta en la región era inminente. “Las vulneraciones a los derechos humanos son significativas, con imposición de normas de control social, restricciones a la movilidad y ‘cercos humanitarios’, lo que expone a la población a riesgos constantes y limita la acción de la fuerza pública”, señaló en su momento la entidad.
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Luego, el 27 de abril, un pelotón del Batallón de Infantería No. 19 Joaquín París fue emboscado por hombres al servicio de alias “Calarcá”. Los uniformados adelantaban labores de seguridad en el Antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Aetcr) de Charras. El hecho dejó a siete uniformados muertos y uno secuestrado, el soldado Jean Carlos Bolaño Romo. Su cuerpo sin vida fue hallado un día después del ataque.
El interés por manejar las rentas ilícitas de la extorsión, la minería ilegal y el narcotráfico, así como la lucha frontal de los grupos al margen de la ley contra el Estado, siguió alimentando la crisis de seguridad en el departamento de Guaviare. El último capítulo es este paro armado anunciado por la organización comandada por alias “Iván Mordisco”, detrás del cual las autoridades lograron identificar la participación de tres líderes disidentes.
Por el lado de las disidencias de “Iván Mordisco”, son alias “Chifle” y “Camilo”, del frente 39; alias “Corea”, del frente primero; y alias “Jimmy Martínez”, del frente 44, quienes estarían liderando las acciones armadas. Todas dirigidas en contra de alias “Miller”, uno de los hombres más poderosos de las estructuras Jorge Suárez Briceño y Jhon Linares, de la facción disidente de alias “Calarcá”.
La información de inteligencia agrega también que el paro armado se estaría planeando desde enero, cuando las disidencias de “Iván Mordisco” habrían hecho los primeros movimientos de hombres armados desde los departamentos de Caquetá, Nariño y Cauca, hacia Guaviare. Todo, con un solo objetivo: ganar poder e incrementar su porción de territorio dominado.
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La respuesta de las autoridades
Pese a las advertencias tempranas de autoridades regionales y organizaciones de derechos humanos por una inminente escalada violenta en Guaviare, las acciones preventivas eran escasas. Horas antes de que las disidencias emitieran el comunicado en el que anunciaban la realización del paro armado, el presidente Gustavo Petro hizo una publicación en su cuenta de X en la que desestimó las denuncias de confinamiento por presiones violentas.
“Yo estuve personalmente en San José de Guaviare hasta La Lindosa, ayer (sábado 14 de junio), donde está la capilla sixtina del arte rupestre de 20.000 años de antigüedad. Cuna de la cultura humana. No está confinada”, escribió el presidente Petro. Luego, tras el anuncio de paro armado de las disidencias de “Iván Mordisco”, el presidente emitió un nuevo mensaje: “No se permiten paros armados en la cuna de la civilización de la humanidad”, dijo.
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En contraposición a lo dicho por el presidente, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la situación de Guaviare, y la calificó de “grave”, por cuenta del confinamiento que supone el paro armado de las disidencias de las Farc. La entidad dijo que habitantes de veredas como La Paz, podrían quedar en medio del fuego cruzado. Además, ya hay desplazamiento de personas “sin garantías mínimas de seguridad ni atención humanitaria”.
“Alertamos sobre la crítica situación humanitaria y de seguridad que enfrentan las comunidades del departamento del Guaviare, especialmente en el corregimiento Charras Boquerón (San José del Guaviare) y el caserío La Paz (El Retorno), como consecuencia del recrudecimiento del conflicto armado entre estructuras disidentes de las extintas Farc-EP”, señaló la entidad.
A renglón seguido, la entidad pidió que se active de forma inmediata un corredor humanitario para la evacuación segura de las personas que están saliendo del territorio y apoyar las acciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. También citó a una reunión de urgencia, que se desarrolló en la tarde del lunes 16 de junio, con el objetivo de evaluar la situación.
Lo propio hicieron desde las Fuerzas Militares. El Espectador conoció que, tras el anuncio del paro armado, la Brigada 22, con área de operaciones en el departamento del Guaviare, lidera el despliegue militar en la región con el apoyo de tropas de la Brigada 7, con jurisdicción en Meta, y la Brigada 31 de, Vaupés. También hay respaldo estratégico de las Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra) Número 1 y Número 11. En total, son unos 1.200 soldados los que hacen presencia en la región en este momento.
Además, en la tarde de ayer se desarrolló un consejo de seguridad extraordinario en el que participaron altos funcionarios del gobierno, integrantes de la cúpula militar y de Policía, y mandatarios regionales, en San José del Guaviare. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que hay refuerzo de las capacidades de la Fuerza Pública y monitoreo constante de los corredores viales.
“Verificamos la veracidad del comunicado con inteligencia especializada, alertamos a la Fuerza Pública por posibles planes violentos, reforzamos la presencia militar y policial en vías y centros poblados, y articulamos con alcaldes y autoridades locales”, señaló el ministro Sánchez Suárez.
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Por su parte, el gobernador de Guaviare, Yeison Rojas Martínez, dijo a medios de comunicación que a la fecha hay más de 30.000 personas confinadas en los cuatro municipios del departamento, por cuenta del paro armado. Esto, sumado a las afectaciones a sectores productivos como el lechero, por ejemplo, que está dejando de recoger cerca de 170.000 litros de leche al día.
“También se ha frenado el comercio agrícola y la movilidad en veredas y corregimientos, agravando la situación económica de cientos de familias”, informaron desde la gobernación. Una crisis de seguridad que se suma a los problemas que está causando la ola invernal en el departamento y que también ha dejado importantes afectaciones. “Son más de 30 mil personas damnificadas. No las vamos a dejar solas. Pero necesitamos el respaldo decidido del Estado”, concluyó el gobernador Rojas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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