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Este 28 de abril se cumple un año de la muerte del joven Marcelo Agredo en Cali. Tras patear al patrullero Luis Piedrahíta, ahora investigado, este respondió baleándolo por la espalda, lo cual significó el primer homicidio atribuido a fuerzas del Estado en el pasado paro nacional. “Papá, no hay apoyo de nada”, fueron las últimas palabras que escuchó Armando Agredo, uno de los familiares de víctimas que dejó las extendidas manifestaciones. Cinco meses que quedarán para la historia tras una mixtura de disturbios, cuerpos desangrados, edificios en llamas, bloqueo de vías, intervención internacional y permisividad con justicieros por mano propia.
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El detonante fue la fallida reforma tributaria del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, hoy en el Banco de la República. Propuso que para 2022 los colombianos afrontaría un aumento en el IVA de la gasolina y productos de la canasta básica. Se eliminarían más de 40 beneficios tributarios. Todo mientras el Covid-19 sacudía la economía. El hueco fiscal, según informó el Gobierno en abril de 2021, era de $94 billones y la pobreza monetaria llegaba al 42,5%, según el DANE. Es decir, 21,2 millones de personas no tenían ingresos para suplir sus necesidades básicas. Y aún peor: 7,4 millones estaban en condición de pobreza extrema.
A principio del año pasado, el DANE informaba que la pandemia terminó con 2,4 millones de empleos. Tan demoledor como esa cifra, fue el llanto de Milena Meneses el 1° de mayo de 2021, captado por Ecos de Combeima y difundido ampliamente en redes sociales. Esa noche, su hijo, Santiago Murillo, murió tras recibir un disparo en Ibagué, cuando regresaba de casa de su novia. Un año después de las marchas, se trata del caso que presenta mayor avance judicial, pues la Fiscalía tiene en audiencias preparatorias de juicio al mayor Jorge Mario Molano. El proyectil encontrado en el cuerpo del joven coincide con su arma de dotación. Él se declara inocente.
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Los muertos empezaron a ser noticia del día. Según el último reporte de la Fiscalía, se registraron 29 homicidios (16 en Cali 16, cinco en otros municipios de Valle del Cauca, tres en Cundinamarca, tres en Bogotá, uno en Popayán y otro en Ibagué). En contraste, organizaciones sociales, como Indepaz, han reportado 83 homicidios en diez departamentos. Se tiene casos particulares como el de Jovita Osorio, de 73 años y madre comunitaria, quien murió asfixiada luego de que un proyectil de gas lacrimógeno irrumpiera su casa en Cali. En esa ciudad, el funcionario del CTI, Fredy Bermúdez, mató a dos manifestantes y luego fue linchado en vía pública. Además, para octubre del año pasado, el mecanismo de búsqueda urgente seguía activo para 27 personas dadas por desaparecidas.
Mientras Colombia aparecía en los principales noticieros del mundo, las estatuas de viejos colonizadores caían derrumbadas por indígenas y activistas. Las primeras líneas se agrupaban en las ciudades principales, respaldadas por mamás que, con palos y escudos improvisados, hacían frente a los excesos de miembros de la Policía. En Bogotá, el Portal de las Américas fue nombrado “Portal Resistencia”, taponado por manifestantes día y noche. Allí, el motociclista Cristian Vélez murió tras chocar con un cable tensado por estos marchantes. El 26 de mayo de 2021, el Palacio de Justicia de Tuluá ardió en llamas, mientras el fiscal general Francisco Barbosa señalaba al Eln y a las disidencias Farc por infiltrarse en el estallido social.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó Colombia. A sus delegados, el 25 de mayo de 2021, el Defensor de Pueblo, Carlos Camargo, informó que el costo diario del paro era de “$484 mil millones”. En dos meses, según sus cifras, los bloqueos generaron pérdidas por $10 billones y la pérdida de miles de toneladas de alimentos. Al final, la CIDH escuchó a entidades de Gobierno, órganos de control y denunciantes en toda Colombia. Constató un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía y realizó más de 40 recomendaciones al Estado. Entre ellas, separar a esa entidad del Ministerio de Defensa.
Encontró que la figura del “traslado por protección”, amparada en el Código de Policía, fue una excusa para que manifestantes fueran violentados. Los uniformados no hicieron “traslados”. En vía pública directamente golpeaban a los marchantes y, luego, los retenían por horas en URIS y estaciones, sin presentarlos ante un juez de Garantías. Sobre la asistencia militar propuesta por el presidente Iván Duque, la CIDH recomendó que el orden público fuese mantenido, principalmente, por los cuerpos de seguridad de la Policía. Además, que toda violación de derechos humanos no podría ser competencia de la Justicia Penal Militar.
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La Policía Nacional, por su parte, emitió su último balance general del paro el 16 de septiembre de 2021. Informó que 1.755 uniformados resultaron lesionados en cinco meses. Los “traslados por protección” fueron más de 18 mil. Asimismo, recopilaron las afectaciones a sus bienes institucionales: 130 CAI, 622 vehículos, 29 instalaciones de Policía y hasta un dispensario de Sanidad. La institución tampoco se quedó de brazos cruzados, desde lo judicial, y presentó 934 denuncias por violencia contra servidor público. Murieron tres uniformados entre abril y septiembre. Uno de ellos, el capitán Julio Alberto Solano, quien hoy hace un año fue apuñalado en Soacha.
En Cali, por otro lado, las investigaciones avanzan contra cinco civiles, quienes dispararon contra manifestantes e indígenas en el barrio Ciudad Jardín. Uno de ellos, Andrés Escobar, a quien el pasado 29 de marzo le fue comunicada su imputación por el delio de usurpación de funciones púbicas. Además, el coronel de la Policía, Edgar Vega, comandante de operaciones especiales, fue acusado este mes por los delitos de homicidio y lesiones personales. No se le recrimina haber accionado su arma, sino presuntamente fallar en su posición de garante, en una ciudad que presentó en el paro nacional al menos 45 muertes violentas, según Indepaz.
Con la llama del paro apagada, el Gobierno lanzó el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Este año lo promulgó, pero la Corte Constitucional ha admitido tres demandas que buscan tumbar ocho artículos. Tanto la Fiscalía como el Gobierno han insistido en relacionar con el crimen a las primeras líneas. Sin embargo, a corte de febrero pasado, de 201 civiles investigados, no se ha condenado a ninguno. Tampoco a ningún uniformado (solo dos han sido destituidos). Igual de incierta sigue siendo la supuesta filtración del Eln y las disidencias de las Farc en los hechos violentos. A un año del histórico paro, lo único claro es la exigencia de las víctimas de obtener justicia.
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