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El pasado 16 de abril, la Fiscalía de Medellín capturó por segunda vez a Jacinto Alberto Soto, alias Lucas. La primera vez de este hombre fue el 30 de abril de 1998, cuando fue sorprendido quemando centenares de documentos y disquetes en el denominado Parqueadero Padilla. Esos papeles eran esenciales, pues eran el vínculo irrefutable entre empresas reconocidas y las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, fundadas por los hermanos Castaño en los ochenta. Aunque la Fiscalía busca esclarecer el asesinato de tres agentes del CTI, se trata de una potente investigación paramilitar que lleva empolvada más de dos décadas.
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Manuel Guillermo López, John Jairo Ruiz y Luis Fernando Gonzales son los nombres de los agentes del CTI asesinados entre 1997 y 1998, al parecer por miembros de las AUC. A través de la captura de alias Lucas, aprehendido la semana pasada en Barbosa (Antioquia), la Fiscalía podría encontrar pistas sobre la persecución a los investigadores, quienes durante la época le seguían la pista al narcotráfico en la región y, además, a paramilitares infiltrados en la misma seccional del ente investigador.
Jacinto Alberto Soto, alias Lucas, puede ser un conocedor en detalle de las finanzas de los hermanos Carlos y Vicente Castaño, quienes fueron los máximos jefes de las AUC. A pesar de que nunca fue condenado, decenas de documentos de salas de Justicia y Paz lo vinculan como el presunto contador y administrador de la casa Castaño. Las autoridades lo agarraron por primera vez el 30 de abril de 1998 en el segundo piso del parqueadero de motos Padilla, antes ubicado en el centro de comercio El Hueco de Medellín. Su localización no fue escogida al azar: estaba cerca de La Alpujarra, el epicentro de la justicia en Medellín.
De acuerdo con una sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín en contra de siete exmiembros del Bloque Cacique Nutibara, publicado en septiembre de 2015, la Fiscalía encontró el organigrama de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en el Parqueadero Padilla. Y eso no es nada: los agentes encontraron una mina de documentos, entre los cuales había libros de contabilidad, extractos bancarios, facturas de compra de medicamentos, comunicaciones sobre operativos militares, un equipo de cómputo, 70 disquetes, cheques y dinero en efectivo.
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“El proceso del Parqueadero Padilla permitió identificar 496 cuentas bancarias de una serie de empresas, entre las cuales aparecen Granahorrar, Comfenalco, Conavi, Cadenalco, Lander y CIA., Leonisa, Coltejer, Codensa, Empresas Varias de Medellín, Miro Seguridad Ltda., Pinturas El Cóndor, Almacén Tennis, Transportes Botero Soto y Servicentro ESSO Las Vegas, entre muchas otras, cuyos vínculos con la financiación de las Autodefensas está por esclarecerse plenamente todavía”, agregó en ese momento el Tribunal Superior de Medellín.
La Fiscalía de Medellín encontró que, desde esa oficina, donde alias Lucas fue sorprendido junto a un par de secretarias, se financiaron y apoyaron logísticamente dos crudas masacres antioqueñas de la época en corregimientos de Ituango: El Aro, el 22 de octubre de 1997 y La Granja, el 15 de julio de 1996. De acuerdo con el Tribunal, el cual regañó a la Fiscalía por no remitir el material completo, Lucas habría “coordinado” las operaciones con militares y paramilitares, suministrándoles hombres y armamento.
De acuerdo con el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, en un valioso texto para el medio Universo Centro en mayo de 2013, era la época del auge de las compañías privadas de seguridad Convivir, “cuya creación se promovía desde el propio despacho de la gobernación de Antioquia con Álvaro Uribe y Pedro Juan Moreno a la cabeza”. En medio de las investigaciones por la expansión del paramilitarismo en la región, al CTI de la Fiscalía de Medellín, en cabeza de Velásquez, llegó el número de un mando medio de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá. Ahí empieza la historia del Parqueadero Padilla.
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Los investigadores del CTI escucharon por horas las conversaciones de un “para”, quien se acababa de fracturar una de sus piernas y estaba incapacitado en Bello (Antioquia). “Hablaba a sus anchas, con total desparpajo, sin saber que era escuchado en tiempo real por un analista del CTI en la sala técnica que dirigía Diego Arcila; esa inmediatez permitió, en varias oportunidades, frustrar acciones planeadas por el grupo armado” explicó Velásquez.
Escuchando las conversaciones del “para” lesionado, las autoridades se enteraron que en la mañana del 30 de abril de 1998 un camión, lleno de uniformes camuflados, se desplazaría desde Medellín hasta el municipio de Sopetrán, donde operaba uno de los bloques de las AUC. Un grupo de investigadores interceptó el vehículo y, tras su revisión, se encontró el punto desde donde habían salido las cajas. Se pensó que allí existía, simplemente, un fabrica textil, sin embargo, se trataba del famoso Parqueadero Padilla, ubicado a menos de 500 metros de la mismísima Fiscalía de Medellín.
De acuerdo con Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, líder de la banda sicarial La Terraza -que todavía funciona- y quien pasó de ser mano derecha de Pablo Escobar a serlo del líder paramilitar Carlos Castaño (con quien conformó Los Pepes), como venganza por descubrimiento del Parqueadero Padilla, ordenó asesinar a todos los investigadores que participaron en el operativo. Inició una oleada de terror. El 10 de junio de 1998, cuando el día estaba por acabarse, el funcionario Sergio Humberto Parra fue asesinado cerca del Cementerio San Pedro de Medellín, cuando iba para su casa.
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Parra fue uno de los hombres de la Fiscalía que interceptó la camioneta que iba repleta de uniformes militares. Además, fueron asesinados Augusto Jesús Botero, quien a su vez estaba investigando la muerte del defensor de Derechos Humanos Jesús María Valle, hoy declarado crimen de lesa humanidad; Tomás Eduardo Santacruz, investigador de La Terraza; Luis Fernando Mesa; Cristóbal Quintana; Edwar Holguín; Jorge Armando Fernández; Diego Arcila Gómez; y Yirman Arly Giraldo.
“Las órdenes de Carlos Castaño Gil se siguieron al pie de la letra. Fue así como los paramilitares lograron amedrentar y entorpecer la investigación. Desde antes del allanamiento había comenzado una oleada de asesinatos a miembros del CTI y la Fiscalía en Medellín y zonas aledañas. Esta violencia contra la institución llegó a su punto más alto cuando Sergio Humberto Parra fue asesinado a tiros en un semáforo de Medellín, mientras conducía camino a casa. Algunos medios dicen que aquél 10 de junio de 1998, le dieron 15 tiros con arma de fuego. Otros afirman que fueron 21”, agregó el portal Rutas del Conflicto.
Tal fue la violencia lograda por Carlos Castaño que, en septiembre de 1998, el fiscal general Alfonso Gómez Méndez ordenó trasladar el proceso a la Fiscalía de Bogotá. Mientras eso pasaba, alias Lucas salió por la puerta grande la cárcel de Bellavista (Antioquia), presentando una boleta falsa de libertad. Por esos hechos fue condenado el 29 de enero de 2004 el exfiscal Jhonny López Patiño, tras investigación ante la Corte Suprema. El exmagistrado auxiliar Iván Velásquez aseguró que el exparamilitar Éver Veloza, alias HH, le contó que la libertad de Lucas costó $800 millones.
¿Qué pasó con la investigación?
De acuerdo con el informe “Memoria de la impunidad en Antioquia: lo que la justicia no quiso ver frente al paramilitarismo”, del Instituto Popular de Capacitación (IPC) y la Corporación Jurídica Libertad, los investigadores del proceso, hoy exiliados, revelaron que tras el caso Parqueadero Padilla por primera vez los altos mandos de las AUC se sintieron acosados. Tal era la capacidad de la infiltración que tenía Carlos Castaño, que envió un emisario a Medellín para que hablara con un agente del CTI. Se trataba de un delegado del Comité Internacional de la Cruz Roja, quien se refirió a la captura de alias Lucas.
“El tipo me dijo: ‘Yo vengo a hablar con usted porque hace ocho días me reuní con Carlos Castaño en Urabá y, efectivamente, está muy bravo con usted y con el CTI’. Yo le respondí: ‘De malas, dígale a él que el problema aquí no soy yo, así me vaya o me muera, las cosas siguen, es un problema institucional, de la defensa de la democracia, y no hablemos más’ y lo saqué de mi oficina. El tipo era, en la práctica, un emisario de los paramilitares”, les dijo el investigador a los realizadores del libro del IPC y de la Corporación Jurídica.
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La Dirección Nacional de Fiscalías se llevó el expediente a Bogotá en septiembre de 1998, sin embargo, investigadores del IPC no encontraron copias de la Resolución N°057, en el cual se suponía que estaban las razones para tomar esa decisión. El 23 de diciembre de 1999, el caso pasó de la Unidad de Terrorismo a la Fiscalía Delegada antes Juzgados Penales del Circuito de Bogotá. Al parecer tampoco hay registros que sostengan ese traslado. Luego, el 10 de octubre de 2001, las carpetas aterrizaron, por última vez, a la Unidad de Fiscalías Delegadas para los jueces Penales de Medellín.
“Eran unos pocos incidentes los que apenas estábamos empezando a explotar, había mucho trabajo por hacer, muchas cosas por estudiar, muchas otras ciudades por visitar, pero con los días el expediente fue archivado en un anaquel”, explicó otro investigador consultado. Y en medio del desorden, alias Lucas se fugó de la cárcel de Bellavista (Antioquia). Se supo de él hasta febrero de 2004, cuando su abogada solicitó que cesara toda investigación contra él, alegando que tenía derecho a beneficios como paramilitar desmovilizado del bloque Cacique Nutibara de las AUC, en noviembre de 2003.
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Alejandro Albarracín, delegado del Alto Comisionado para la Paz, certificó la condición del alias Lucas como desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, el 10 de febrero de 2004. Luego, el Tribunal Superior de Medellín decretó la cesación del proceso contra el presunto administrador de la casa Castaño. Entre las consideraciones del despacho judicial, se accedió a lo que pedía por estar vinculado solamente a una investigación por el delito de concierto para delinquir. Le dieron el “sí”, pues no estaba señalado por terrorismo, secuestro, genocidio u homicidio.
“El proceso revela que sólo fueron vinculados penalmente los paramilitares Carlos Castaño Gil, Salvatore Mancuso e Isabel Cristina Bolaños Dereix, así como otras 26 personas más, a la mayoría de las cuales les precluyeron las investigaciones. Según varias fuentes judiciales, la fuerte influencia que sobre el proceso ejerció el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, quien asumió ese cargo el 31 de julio de 2001, motivó la preclusión de varias investigaciones que se desprendieron del proceso y evitó que se iniciaran otras tantas”, acusó el informe. Osorio, por su parte, siempre ha rechazado que su periodo en la Fiscalía derivara en ayudas a los paramilitares.
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