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En las oficinas de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entre las responsabilidades que tiene la magistrada Bertha Lucy Ceballos, se encuentra un proceso judicial de interés máximo para el país. Se trata de una demanda impulsada por el contratista que les hace los pasaportes a los colombianos, Thomas Greg & Sons, la cual le podría costar al país hasta $119.000 millones. El Espectador conoció detalles de lo que será la fase final de ese expediente y expone los puntos clave de un memorial de intervención allegado al tribunal por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje). Se trata de un documento de 60 páginas con el que la entidad dirigida por César Palomino Cortés intenta evitar el pago de semejante cifra. Aunque el gobierno de Gustavo Petro necesita al inversionista para producir pasaportes, hasta 2025, no está dispuesto a indemnizarlo en el ámbito judicial.
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Thomas Greg demanda que Colombia le violó sus derechos, en 2023, al terminar de tajo, irregularmente y con supuestas presiones políticas una licitación con potenciales ganancias por hasta $599.000 millones, por decisión del excanciller Álvaro Leyva Durán. El expediente es tan espinoso, que tiene aristas penales, disciplinarias y hasta diplomáticas. Ahora, el memorial significa un antes y un después en el proceso, pues la magistrada Ceballos, el mes pasado, avisó que estaba por emitir una sentencia anticipada, negando la práctica de pruebas. Es decir, no iba a suceder un juicio donde Thomas Greg y la Cancillería, parte y contraparte, mostraran sus argumentos. Pero, ahora sí habrá debate probatorio, por cuanto la Andje presentó el memorial haciendo las veces de interviniente especial. Según la ley, tendrá las mismas facultades que el equipo de defensa de la Cancillería para defender tal cantidad de dinero en disputa.
Para entender el caso, hay que situarse en septiembre de 2023. El excanciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación de los pasaportes, pues iba a favorecer exclusivamente a Thomas Greg. Tal era la ventaja que, al final, este fue el único proponente que se presentó a la fase final de la licitación pública. El gobierno nacional explicó que se evidenció una suerte de favorecimiento al contratista, pues el proceso precontractual parecía haber quedado a la medida justa de ese inversionista. Uno que llevaba ganándose ese contrato desde 2014, a través de otros cuatro procesos que, se suponen, son de convocatoria abierta. El presidente Gustavo Petro, incluso, señaló con nombre propio al exsecretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, a quien despidió a principios de 2024 y de quien solicitó una investigación penal a la Fiscalía, pues fue el funcionario que adelantó lo precontractual y a quien Leyva le quitó poder antes de la firma final.
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En lo corrido de este año, Thomas Greg cocinó su demanda y logró que llegara ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El punto central del recurso es tumbar las resoluciones 7485 de septiembre y 7540 de 14 de septiembre de 2023, con las que Álvaro Leyva firmó la declaratoria desierta. Como medida subsidiaria, el inversionista solicita que se le reconozca una indemnización económica por el dinero que ha dejado de percibir desde entonces y que, cada día, se hace más grande en intereses. Según el memorial de intervención de la Andje, absolutamente ningún argumento de Thomas Greg tiene futuro, pues los motivos de la declaratoria desierta “correspondieron exclusivamente a la imposibilidad de una selección objetiva, dado que no existían la condiciones para la participación en igualdad de quienes mostraron interés en el proceso”, se lee en el documento conocido por este diario.
La seguridad esencial
Para empezar, en una argumentación hasta ahora desconocida por el país, el gobierno de Gustavo Petro señaló ante el tribunal que este no es un expediente cualquiera, sino uno que compromete la seguridad nacional y el manejo de datos sensibles. Según pone de presente el documento, de acuerdo con la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU, un organismo conformado por 193 países, entre ellos Colombia, en un contexto de crecimiento continuo de viajeros, se está incrementando la delincuencia internacional, el terrorismo y la inmigración ilegal. Por ello, los países miembros de ese organismo buscan reducir sus preocupaciones por la seguridad de los documentos de viaje. La Aeronáutica Civil explicó, en un informe de junio pasado, que diariamente 1.244 se van de Colombia para no volver, y que entre 2010 y 2022 se registró la salida de más de dos millones de connacionales. Por ello, dice la Andje, era necesario realizar una licitación mucho más rigurosa.
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Álvaro Leyva, considera la Andje, habría sido consciente de la estrecha relación entre la expedición de los pasaportes y la protección de la “seguridad esencial” del territorio. El término entrecomillado corresponde a una estrategia de defensa ante demandas contra el país, que tomó fuerza este 2024, cuando, en junio pasado, Colombia se salvó de pagarle $US300 millones al grupo de inversionistas estadounidenses que buscó lanzar el proyecto inmobiliario Meritage en Medellín. El expediente se desarrolló ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Si bien la sociedad norteamericana consideraba que este país expropió su inversión al iniciar un proceso de extinción de dominio sobre los terrenos de Meritage, Colombia logró probar que actuó en defensa de la seguridad esencial, pues había prueba de que la Oficina de Envigado y dineros del narcotráfico eran transversales al proyecto inmobiliario.
Ante un panorama que comprometería la seguridad nacional, la Andje considera de suma importancia que el Tribunal desarrolle audiencias en las que las partes puedan mostrar sus pruebas, lo que, de hecho, es el esquema normal de este tipo de expedientes. Prescindir de “la audiencia inicial y la práctica de pruebas vulnera el debido proceso, teniendo en cuenta que limita la posibilidad de aportar pruebas y controvertir las aportadas por la contraparte (…) De otro lado, en este proceso fue aportado por la parte demandante un dictamen pericial respecto del cual solo se puede realizar la contradicción en audiencia y/o mediante un dictamen de contradicción”, agrega la Agencia en el memorial. Entre otras circunstancias que el gobierno quiere probar, en juicio, está que Álvaro Leyva sí tenía competencia para intervenir en la fase final del proceso licitatorio.
La libre competencia
La demanda de Thomas Greg establece que Leyva no tenía argumentos que probaran el presunto favorecimiento a ese inversionista. No obstante, la Andje pone de presente que, en realidad, hasta las demás empresas interesadas dejaron consignado su total descontento con el proceso. La mayoría de los puntos de discordia los resumió la empresa Imprenta Nacional Casa Da Moeda S.A., entidad oficial portuguesa: “Tras revisar las condiciones de los pliegos y los criterios de evaluación resulta más que preocupante que esto incluye numerosos requisitos que favorecen al proveedor actual. Como la: solicitud de muestras de pasaporte colombiano, la obligación de contar con una planta de personalización en Bogotá; de una fábrica de impresión de pasaportes implementada en territorio nacional; y de una Planta de Personalización como Plan de Contingencia (PCP), que favorece a quien esté en Norteamérica sobre las demás regiones”, señaló.
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A todos los oferentes, así como a Leyva y ahora la Andje, le llamó la atención que el exsecretario José Antonio Salazar permitiera una licitación en la que se le iban a otorgar puntos a la empresa que tuviera una planta de producción en Norteamérica, cuando Thomas Greg era la única que la tenía. De hecho, aunque la Cancillería tuvo tiempo en 2023 para escuchar y leer los descontentos de los interesados, el pliego de condiciones definitivo de la licitación siguió privilegiando la planta en Norteamérica, que daba 70 puntos más con respecto al que la tuviera en Europa y 100 más con respecto a América del Sur. Aparte, también se le iban a otorgar una gran cantidad de puntos al oferente que tuviera una fábrica de pasaportes en Bogotá, cuando solo Thomas Greg contaba con ella. En síntesis, que las condiciones “eran de imposible cumplimiento para proponentes distintos”, dice la Andje.
El as bajo la manga
Otra de las pruebas vinculadas al expediente por la Andje es un informe realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional, de noviembre de 2022, el cual también critica que, entre los requisitos, estuviese solicitarles a los oferentes entregar muestras de pasaportes. “No es una práctica común pedir ejemplares a los proveedores en el momento de la presentación de las propuestas, ya que no son motivo de exámenes, ya que ningún proveedor (excepto el actual), podrá dar especímenes finales, por lo tanto, solo se favorecería al actual proveedor”, se lee en el informe del organismo independiente. Con ello cierra la intervención de la Andje, explicándole a la magistrada Ceballos que tampoco hay manera de probar que hubo desviación de poder o “instrucciones irregulares” de Álvaro Leyva o el mismo presidente Gustavo Petro.
El Espectador formuló unas preguntas al apoderado judicial de Thomas Greg, pero obtuvo como respuesta que, por ahora, no se va a pronunciar. No obstante, como se ha registrado, la demanda también obedece a fracasados procesos de conciliación entre las partes. No obstante, del lado de Thomas Greg parece estar la Procuraduría, la cual tiene en juicio disciplinario al excanciller Álvaro Leyva, y bajo una suspensión para ocupar cargos públicos. En la teoría del caso investigada por el órgano de control, Leyva podría ser responsable de declarar desierta la licitación “sin tener los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, con lo que pudo transgredir los principios que rigen la contratación estatal”. Y le recrimina haber decretado sin piso jurídico la declaratoria de urgencia manifiesta, con la cual Thomas Greg siguió expidiendo pasaportes este 2024, atendiendo la alta demanda de colombianos que quieren salir del país.
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En medio del proceso disciplinario, Álvaro Leyva renunció y Gilberto Murillo fue nombrado canciller. Este último ha mapeado la posibilidad de estatizar la producción de pasaportes, no obstante, en los últimos meses la Imprenta Nacional le respondió que no está en capacidad para asumir las actividades. Por ello, el pasado 13 de septiembre, mientras la Andje avanza en la defensa de la millonaria demanda, el mismo Murillo confirmó que llegó a un acuerdo con Thomas Greg para extender la urgencia manifiesta que terminaba este 3 de octubre, y que irá hasta el 31 de agosto de 2025. Lo que, en pocas palabras, significa que al final el inversionista se quedó con las labores de expedición de pasaportes, pero bajo la figura de una contratación urgente y no en el marco de una licitación con pluralidad de oferentes. En esta nueva etapa, la Cancillería le solicitó al Ministerio de Hacienda $247.516 millones de la vigencia de 2025, y $121.422 millones de 2026.
Aun así, el plan de gobierno colombiano, en lo político y diplomático, es que el gobierno de Portugal entre a asesorar la transición para que, en un término de 10 años, a partir de 2025, sea la Imprenta Nacional la que realice el servicio para los colombianos. Lo cual incluye la creación de una planta y precios más bajos para la adquisición de los documentos, según las promesas de Murillo. Sin embargo, como el gobierno nacional se está moviendo a dos bandas, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado se planta en pelea judicial por los $119.000 millones que reclama el inversionista Thomas Greg & Sons. Advierte que se trata de un expediente crucial para la seguridad nacional y que Leyva, en sí, evitó un presunto caso de corrupción. Por ello, le pidió a la magistrada Ceballos que también escuche a la Fiscalía y a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y, así las cosas, Colombia tendrá pasaportes, mientras mide fuerzas en juicio con su contratista
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