‘Pasé dos años muy amargos’

La noticia le llegó por un amigo suyo en noviembre de 2009. Días antes funcionarios de la Embajada de EE.UU. en Bogotá, con muchos rodeos, finalmente le habían dicho que por problemas administrativos no podían darle la visa para que pudiera visitar a su hija Laura, quien estaba por graduarse de la maestría que adelantaba. El reputado abogado y entonces presidente del exclusivo club Los Lagartos, Luis Carlos Gamboa, no vio venir entonces el comienzo de su calvario judicial. Su nombre fue incluido en la Lista Clinton del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Cuando constató la noticia quedó pálido. Aterrado por lo que ocurría, en peligro su reputación y sus clientes, y acosado por ese fantasma de saberse bajo sospecha sin entender por qué, Luis Carlos Gamboa aún no podía digerir que su nombre estuviera circulando entre las agencias antidrogas norteamericanas por sus supuestos nexos con el narcotráfico. En su momento lo relacionaron como colaborador de Hernando Mejía, un señalado testaferro, ni más ni menos que de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, los extraditados capos del cartel de Cali.

Fue a comienzos de 2007 cuando unos abogados españoles lo llamaron. Una prestigiosa firma quería contar con su ayuda para comprar unos terrenos en Cartagena (Bolívar), que eran de propiedad del señor Hernando Mejía. Se pretendía desarrollar un proyecto turístico. “Era una de las 15 firmas más importantes de España y eso me generaba confianza. Yo había trabajado con ellos. Además, el proyecto se me hizo sensato, no era en el Vichada, sino en Cartagena. Por eso acepté”, le dijo Gamboa a El Espectador.

Durante algo más de dos años hizo todo lo necesario para que la compra se diera. Revisó una y otra vez el contrato, verificó que nada se saliera del marco legal y que ni su cliente ni el vendedor tuvieran problemas con la ley. —Mejía no tenía entonces requerimiento judicial alguno—. En febrero de 2009 se firmó la compraventa. Pocos días después, sin embargo, Hernando Mejía fue capturado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Los clientes españoles de Gamboa lo llamaron asustados. Él prefirió apartarse del caso y les recomendó que buscaran otro representante legal. En ese momento ya estaba desarrollando otros proyectos.

La vida siguió su curso, sin mayores sobresaltos. Hasta que el 10 de noviembre de 2009 el nombre del presidente del club Los Lagartos fue reportado en la lista negra de EE.UU. “De inmediato convoqué a una reunión de la junta directiva del club, le dije lo que había sucedido y le pedí una licencia. No quería involucrar a nadie (…). Me paré frente a la junta y le conté todo, fue devastador. Estuve durante 10 años ahí y luché por llegar a la presidencia, y entonces todo ese esfuerzo se desvaneció. Al final me aplaudieron. Recibí mucho apoyo de ellos”.

Durante dos años tuvo que olvidarse de las tarjetas de crédito o la compra de seguros. Quedó vetado por su inclusión en la Lista Clinton. Su esposa asumió esos créditos —“mi esposa me invitaba a todo”, comentó jocosamente—. No podía ni siquiera adquirir el seguro obligatorio de su vehículo. “Mi mujer había sufrido un infarto dos meses atrás y se iba a quedar sin seguro y no sabía qué hacer. Fue uno de los peores días de todos. Al final los de la aseguradora me quitaron el seguro a mí, pero no a ella”.

Como podía paliaba el desastre. “Las navidades, usted no se imagina, eran terribles. Recuerdo un viaje a Santa Marta con mi esposa y mi hijo menor. Lo único que hice fue pensar, sentía como si hubiera hecho todo mal”, añadió Gamboa. “Hubo restricciones, cómo no. Nos tocó apretarnos un poquito. Eso sí, sin caer en la indigencia. No sabíamos lo que sucedería en el futuro”. De la vida exclusiva y tranquila de otros tiempos había pasado de súbito a la calamidad de saberse señalado.

“Estar en la Lista Clinton es un estigma, porque se asimila inevitablemente con narcotráfico. Hice el trabajo que debía hacer. Me ayudó mucho el apoyo que recibí. No me imagino qué sería de alguien a quien le pasara lo que me pasó y no contara con las herramientas que yo tuve”, dijo. Con ese respaldo comenzó a articular su defensa. Para salir de la lista recurrió a un bufete estadounidense que fue sincero con él: era posible ayudarlo, pero el proceso tardaría un buen tiempo. No se rindió.

“Sólo podía pensar en eso. Pasaba unas noches infames, lloraba otro rato, como podía iba a trabajar”. Por dos meses preparó el documento con el que limpiaría su nombre. Sin embargo, tuvo que esperar a que Estados Unidos les permitiera a sus abogados representarlo. Estar reportado por el Departamento de Estado norteamericano conlleva sanciones: ningún ciudadano de ese país puede tener negocios o vínculos con la persona en la lista. Por eso el bufete gringo requería permiso para apoderarlo.

Superado ese escollo, pudo contactar a la Secretaría del Tesoro de EE.UU. para enviarle todos los documentos que demostraban que no tenía vínculos con organizaciones ilegales. Pasaron nueve meses, hasta que esa oficina respondió y le dijo que querían entrevistarlo. Así sucedió. “Fueron muy amables conmigo, debo decirlo. Luego vino un silencio y una incertidumbre intolerables, hasta que por fin, el 19 de octubre de 2011, me dijeron que me retirarían de la lista. Volví a nacer”.

Exonerado de responsabilidad alguna, pudo por fin visitar a su hija después de dos años sin verla. “Hubo una etapa de reparación. Se me volvieron a abrir todas las puertas”. Antes de terminar la entrevista preguntó burlón: “¿Usted cree que si la Superintendencia Financiera tuviera algo como la Lista Clinton pasaría algo en Estados Unidos?”. Dice que no guarda rencores, que esos sinsabores pasan, que su firma de abogados resultó fortalecida, que fue ridículo que estuviera muerto financieramente para el mundo por una transacción que asesoró. Su historia encierra un drama conocido: el de haber sido señalado.