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En un escrito de 10 páginas, la Fiscalía General de la Nación presenta varias consideraciones sobre los hechos que enmarcaron la extraña muerte del joven grafitero, Diego Felipe Becerra el pasado 19 de agosto.
Según las pruebas recolectadas por la Fiscalía, en esa noche el patrullero Wilmer Antonio Alarcón «corretió» y requisó al joven de 16 años, comprobando que no estaba armado o no tenía algún objeto que presentará alguna amenaza.
Sin embargo, el grafitero después de la requisa salió corriendo por motivos aún desconocidos. Pocos minutos después se presentó la acción en la que el uniformado le disparó «por espalda» al joven, provocándole una herida mortal.
En este sentido, la Fiscalía consideró que el patrullero Alarcón tenía la intención de «dar muerte» al joven, quien presuntamente había sido señalado por un conductor de un bus de haberlo atracado junto a otros dos jóvenes a la altura de la 106 con avenida Suba.
«Dirigió su voluntad a la realización de la conducta. Además, no corría riesgo alguno y por lo tanto actuaba sobre seguro de conseguir su cometido, el cual no fue otro diferente que dar muerte a esta persona», precisa uno de los apartes del escrito de acusación.
Con los testimonios de un grupo de personas y versiones oficiales se pudo establecer que el patrullero Alarcón no pudo encontrarle nada al grafitero, excepto unas latas de pintura y un caja vacía de alcohol.
Igualmente tampoco se pudo encontrar nada a los otros dos jóvenes que acompañaban a Becerra esa trágica noche y quienes también fueron acusados de participar en el supuesto atraco.
«El patrullero Alarcón, conocía y sabia que el joven Becerra no representaba ningún riesgo, pues, lo había requisado había determinado que dicho joven no portaba arma u objeto alguno, para repeler un ataque con arma letal o colocarlo en algún estado de peligro», se detalla en el escrito.
Fuentes allegadas al proceso se señalan que existe una gran cantidad de pruebas testimoniales que indican que un grupo de oficiales y suboficiales de la Policía «plantaron» una pistola y modificaron la escena del crimen con el fin de inculpar al joven de 16 años en un acto ilegal y criminal.
En este sentido se indica que existe además un testimonio clave en el que se indica el momento en el que el patrullero persigue por unas cuadras al joven y en un momento determinado le dispara, produciéndole inmediatamente que cayera al suelo, donde es recogido por un vehículo particular quien lo trasladó inmediatamente a un centro hospitalario ubicado a pocas cuadras del lugar.
«Al tratar de alcanzarlo desenfundó su arma de dotación y procedió a disparar contra la humanidad de Becerra, hiriéndolo en la espalda, luego es llevado en un vehículo a la Clínica Shaio donde fallece», se precisa en la investigación recolectada por la Fiscalía en estos meses.
En este proceso, que ha sufrido varios aplazamientos, la Fiscalía ha sido clara en indicar que existen 70 pruebas entre documentales y testimoniales en contra del uniformado.
Alarcón, quien fue cobijado en febrero pasado podría pagar una pena entre 30 y 40 años de prisión por el delito de homicidio agravado, sin el beneficio de rebaja de pena pues atentó contra un menor de edad.