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Empezó oficialmente el último año del gobierno de Gustavo Petro y, en materia de justicia y paz, los restos están en el orden del día. El panorama es un rompecabezas difícil de encajar: hay al menos 15 focos de conflicto activos en el país, según la Defensoría del Pueblo; la puesta en marcha de una reforma a la justicia que promete descongestionar el sistema; y los constantes desencuentros entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, que terminan en fuertes críticas y cuestionamientos que han puesto a temblar la separación de poderes y principios constitucionales. A doce meses de dejar la Casa de Nariño, el presidente tiene el tiempo contado para darle punto final a estos retos que, entre otros, fueron bandera de campaña en 2022.
La paz: entre negociaciones fallidas y sometimiento a la vista
En estos tres años de gobierno, uno de los puntos más sensible ha sido el de la política de la paz total. “El presidente lo aceptó en el discurso del pasado 20 de julio. Los errores en el diseño, en la caracterización de los grupos armados y el crimen organizado y en la implementación de la política, pues al final llevaron a un colapso territorial de la misma”, explicó Jorge Mantilla, investigador de crimen y conflicto. Ante este fracaso, Mantilla señaló que el gobierno optó por negociaciones focalizadas con grupos armados en regiones específicas y cesar el fuego con grupos como el Eln y disidencias. Sin embargo, “esto coincidió con el fortalecimiento territorial y en número de estos actores ilegales. Cuando se intentó retomar el control con una estrategia ofensiva, fue evidente que el Estado ya no tenía las capacidades para enfrentar a estos grupos”.
Este panorama deja al gobierno como reto principal el tener “una postura continuada, eficaz y contundente contra los grupos armados. Si no hay voluntad de paz, el gobierno no puede esperar a que sigan matando ciudadanos o líderes sociales y que sigan confinando a personas en Chocó, en el Bajo Cauca o en el Catatumbo”, agregó Andrés Nieto Ramírez, investigador en temas de seguridad. El experto advirtió que el país necesita una estrategia militar clara para recuperar el orden público. Señala que las Fuerzas Armadas requieren órdenes firmes, apoyo político y presupuesto suficiente para actuar con eficacia e insiste en que la recuperación debe ser integral: con seguridad, pero también con inversión social.
En medio de esta crisis en seguridad y del fracaso en las mesas de diálogos, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, presentó hace dos semanas la propuesta de una ley de sometimiento a la justicia que, en pocas palabras, busca la entrega de narcobandas, a cambio de beneficios judiciales. El proyecto fue duramente criticado por expertos, que señalaron que se estarían dando “gabelas” a responsables de graves crímenes sin una política adecuada de sometimiento. En medio de esas alertas, el reto para el gobierno será lograr el apoyo en el Congreso para que apruebe su propuesta y lograr, apenas en un año, la construcción de este sistema para el desarme de grupos armados ilegales.
Sobre los retos para el gobierno en este asunto, el abogado penalista Francisco Bernate señaló que el primer paso es que sea aprobada por el Congreso y “ahí hay dos problemas. El primero es que electoralmente es mucho más rentable cuestionar el proyecto, y si se logra, el reto más importante es que estos grupos efectivamente se acojan y que pueda implementarse en todo lo que tiene que ver con su permanencia en los territorios donde operan”.
La reforma a la justicia: un logro que le falta camino por andar
El pasado 14 de julio, el gobierno y buena parte de la Rama Judicial lograron la aprobación de una reforma a la justicia que, entre otras cosas, busca reducir los niveles críticos de impunidad superiores al 90 %, según la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. La reforma busca agilizar los procesos penales y priorizar la reparación a las víctimas, dos retos fundamentales que tendrá que impulsar el Ministerio de Justicia, no solo en la consecución de recursos para crear nuevos juzgados y fortalecer la justicia rural, sino también en el esfuerzo político y de gestión con otras entidades para que la reforma no quede en letra muerta. En una situación similar está la jurisdicción agraria.
Aunque su creación ya fue aprobada por el Congreso y está en estudio en la Corte Constitucional, ahora hace falta que el legislativo aprueba la ley para darle dientes a este novedoso sistema judicial. En otras palabras, hace falta la norma que sentará las normas de juego que deberá seguir esta jurisdicción, incluyendo el número de jueces, las reglas y procedimientos que deberá cumplir, y otra larga lista de funciones y otros asuntos más logísticos. El Ministerio de Agricultura y de Justicia trabajan a toda marcha, de la mano de la Judicatura, para que la ley que hace falta sea una realidad. Solo le faltan dos debates: uno en la plenaria de la Cámara y de Senado.
El juego por el poder: la separación de poderes y los principios constitucionales
Por último, y quizás el reto más delicado para esta administración, es el de proteger el debido proceso, la separación de poderes y los principios constitucionales que se han visto en jaque durante los últimos tres años. Ejemplos sobre estas situaciones hay varios: el anuncio de convocar a una consulta previa sin la aprobación del Congreso; la decisión de convocar a una séptima papeleta, pese a que no es un mecanismo de votación popular reconocida por la Constitución; las declaraciones del presidente sobre asunto de investigaciones penales que no corresponden a sus facultades como jefe de Estado; y el mensaje sobre un supuesto golpe blando que se estaría gestando en su contra en las altas cortes.
Luisa Rodríguez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional, analizó buena parte de los enfrentamientos que ha tenido el presidente con las altas cortes y otras entidades de control judicial. Estas tensiones, para la constitucionalista, revelan que la democracia colombiana posee un buen diseño para contener los ímpetus autoritarios de los presidentes, sean de derecha o de izquierda. No obstante, señaló una preocupación por la creciente politización de las altas cortes, un fenómeno que pone en riesgo su papel como contrapeso al poder presidencial. “Esto puede culminar en que, a lo largo de unos años, tengamos altas cortes cooptadas plenamente, lo cual resultaría supremamente peligroso”.
Siguiendo la línea de estos desafíos, el abogado Mauricio Pava, exdefensor del presidente, manifestó que para que el presidente mantenga el equilibrio con la justicia y respete la separación de poderes, nos solo basta con “responder a las investigaciones, si no en preservar la institucionalidad de la Presidencia como órgano de dirección del Estado. Esto implica mantener una relación respetuosa con los órganos de control y tramitar las tensiones a través de canales constitucionales”, declaró Pava. Con la pronta llegada del fin de su mandato, y un país sumido el conflicto, las acciones del presidente, en palabras del jurista, deben apuntar en bajar la “tensión institucional” que incide directamente en la capacidad del gobierno “para liderar agendas importantes como seguridad y paz”. Quedan 12 meses para lograrlo.
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