‘Peros’ a la minería en Colombia

Hace apenas tres días, un informe realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ambiente, le advirtió al país que sus fuentes de agua están en riesgo por el incremento de las explotaciones mineras, y que este fenómeno puede recrudecerse por el crecimiento en la concesión de títulos para la explotación, pues cada vez el país va a tener más minas. Sin embargo, los daños a término indefinido que genera esta actividad no sólo afectan al territorio, sino también a sus pobladores. El Espectador conoció un estudio, que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que registra los impactos sociales de 22 proyectos mineros, operados por empresas canadienses en América Latina.

Seis de ellos se encuentran en Colombia y comparten una particularidad: el “abandono estatal”, según señaló Dora Lucy Arias, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización que participó en la elaboración del informe. “Colombia, a diferencia de los demás países de Latinoamérica, tiene una institucionalidad fuerte que no se refleja en la atención a las comunidades donde están los proyectos mineros, por eso se siente un desamparo para poner en el debate público sus problemáticas”, añadió. Precisamente, en el documento —que será presentado hoy a las 11 de la mañana en el Centro Distrital de Memoria de Bogotá— se lee que los países donde se realiza la minería a gran escala “no ofrecen recursos judiciales efectivos, mediante los cuales las comunidades y las personas afectadas en sus derechos logren obtener declaraciones de responsabilidad, sanciones por las violaciones y daños causados”.

En concreto, el informe del Grupo de Trabajo sobre Minería y Derechos Humanos en América Latina revela que las comunidades que conviven con la minería carecen de canales para acceder a la justicia y reclamar algún derecho que se les haya podido vulnerar con la actividad de extracción. “Parte de lo que se reclama es que el Estado investigue clara y oportunamente los hechos que las personas denuncian, para que así se generen vías eficaces de hacer justicia, pero en Colombia pareciera que las autoridades se ponen del lado de las empresas”, explicó Dora Lucy.

De hecho, el informe resalta que esta situación está presente desde el mismo momento en que se negocia y se toman decisiones “de manera bilateral entre Estados y empresas, sin participación real de la ciudadanía, de las comunidades afectadas ni de otros actores sociales”. Un escenario que le impide de tajo a las comunidades la opción de intervenir en acuerdos que son de toda su incumbencia porque definen su manera de vivir. Incluso, según en el estudio, ni siquiera se les comenta o se les hace saber, pues “en algunos casos la gente se entera de un proyecto por el cambio en el movimiento del lugar, por la presencia de camionetas o la carencia de agua”. Lo que demuestra la ausencia de una consulta libre, previa e informada que busque el consentimiento de los pobladores sobre el proyecto.

De acuerdo con la base de datos del Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, a enero de 2014 en Colombia existían 12 conflictos activos por causa de la mega minería. Un panorama que se ha reflejado en demandas ante la Corte Constitucional y otros procesos de consulta que buscan dilucidar sobre una actividad que se ha vuelto preocupación nacional. Precisamente por el choque de derechos y el impacto ambiental que genera. Un polarización que sigue sin resolverse.

La extracción minera en Colombia también ha afectado reservas naturales y zonas protegidas: “En la zona de influencia de la mina de Santurbán existen alrededor de 200.000 hectáreas de páramos y de bosques andinos en la frontera entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en un área que cuenta con una amplia biodiversidad y aloja más de 58 lagos. Asimismo, el proyecto Mazamorras (Nariño) se lleva a cabo en una zona de monumento nacional y reservas arqueológicas calificadas como parque nacional”. Además, se recalca que tampoco se ha hecho caso de la especial protección que tienen los territorios habitados por comunidades minoritarias. Dora Lucy explicó que “la molestia en Marmato (Caldas) fue porque con el proyecto no se respetaron los derechos de los pueblos indígenas y afro que allí habitan y se ignoró su condición de especial protección”.

Cuando el recuerdo de la tragedia por el derrumbe de una mina ilegal en Santander de Quilichao aún sigue fresco en la memoria del país, el informe evidencia que la extracción minera a gran escala también tiene sus riesgos y pone en peligro a los ciudadanos, porque sus costos, además de ser ambientales, también son sociales. Por eso recomienda “establecer mecanismos que aseguren una protección judicial efectiva para remediar las violaciones de derechos humanos derivadas de la extracción de recursos” y tener presente “la obligación de prevenir daños irreparables y de realizar una consulta libre, previa e informada” a las comunidades que deberán convivir con los proyectos. Una perspectiva que pone el foco sobre los altos costos de una actividad que se escuda detrás de la idea de desarrollo.

mrincon@elespectador.com

@macamilarincon