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Como un “terremoto económico y social” catalogó Ulmer Mosquera, alcalde de Bahía Solano, en Chocó, la decisión de la Corte Constitucional sobre prohibir la pesca deportiva porque causa maltrato animal. A punto de cumplirse un año de proferida la sentencia y entrar en vigencia los efectos de la decisión, las consecuencias del fall, tomada desde el centro de Bogotá, empiezan a escucharse con fuerza desde las regiones que realmente viven sus efectos. Las comunidades como la que lidera Mosquera son las que se ven afectadas con esta decisión que, a su juicio, tomaron desde la comodidad de las oficinas en Bogotá, desconociendo a su paso, la realidad en las regiones y lugares apartados donde las oportunidades por subsistir son pocas.
En diálogo con este diario, Mosquera dijo que un poco más de la mitad de la población que habita en Bahía Solano se dedica al negocio de la pesca deportiva y, no es para menos, el municipio escondido en el pacífico colombiano, por su ecosistema, es el escenario perfecto para realizar esa práctica. No en vano muchos expertos lo consideran como el segundo mejor lugar en el mundo para desarrollar este deporte que deja dividendos que casi alcanzan el presupuesto anual que tiene el municipio al año. Los recursos destinados para el municipio superan por poco los $10 mil millones y el negocio de la pesca deportiva deja una utilidad de casi $7 mil millones.
La diferencia es que, en esa labor, que para ellos ya es cotidiana, existe una cadena económica tan grande que se mueve prácticamente sola y en función de los pescadores extranjeros. Desde conductores, motoristas, capitanes de lancha, personas que venden la hidratación, los propietarios de hoteles, las personas que les lavan la ropa y quienes les cocinan hasta el que cuida la lancha y ayuda a bajar y a subir los pesados equipos para la práctica, son parte de ese engranaje que la Corte Constitucional, a juicio del alcalde, olvidó tener en cuenta para tomar una decisión de fondo.
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“Al prohibir la pesca una gran cantidad de personas se quedan sin sustento. Por instinto de supervivencia se dedican a otras actividades ilícitas”, dijo Mosquera. Añadió que existe mucha probabilidad que una persona de su municipio se emplee en un actividad ilícita si le quitan de tajo la posibilidad de una labor legal. Para nadie es un secreto que, así como el pacífico tiene poderosos ecosistemas que generan y robustecen la fauna y flora del país, también es un corredor importantísimo en la cadena del narcotráfico. Por lo que el mandatario no descarta que al erradicar una labor lícita como la pesca deportiva está obligando a su población a reinventarse y no de la mejor manera.
Sobre el argumento de la Corte que dice que con la práctica se consigue un maltrato animal en el pez, Mosquera explicó que no existe riesgo alguno ya que el pescador “lo captura” con un anzuelo biodegradable se toma la foto para el recuerdo y luego lo libera nuevamente. “No existe maltrato animal, existe cuando se fomenta la corrida de toros. Por el contrario, la costumbre nuestra es acompañar a los turistas para que capturen el pez y lo devuelvan al mar en perfectas condiciones”, explicó el mandatario. Añadió que resulta incoherente que en Colombia grandes barcos pesqueros de otros países tengan la oportunidad de cazar todo tipo de peces y desechar en el mar “lo que no les sirve” erradicando a su paso varias especies.
Para Jorge Iván Chica, uno de los pioneros y propietarios de dos hoteles especializados en pesca deportiva en Bahía Solano, la decisión de la Corte corta de tajo la lucha por preservar el medioambiente y el cuidado del mar que durante años han realizado. “Nosotros somo la Colombia olvidada (…) si nos quitan la pesca deportiva nadie se va a dejar morir de hambre. ¿Si nos quitan la pesca de qué vamos a vivir? Después van a decir que vivimos del narcotráfico, pero a eso están llevando a la población joven. La Corte no se tomó la tarea de investigar. Solo porque unos animalistas dijeron que los peces eran animales sintientes tomaron esa decisión”, dijo Chica.
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El empresario tiene claro que una vez los pescadores extranjeros tengan conocimiento de que la pesca deportiva en Colombia está prohibida buscarán otros escenarios para practicar el deporte y, sencillamente, toda la cadena económica alrededor de esa práctica quedará en ruinas y sin posibilidades de generar ingresos. “Si la Corte sigue dejando en firme la decisión tenemos que cerrar los hoteles. Hay personas que tienen 40 o 50 lanchas que aún están debiendo y que destinaron para la pesca deportiva ¿ellos qué van a hacer? Lo mismo pasa con los restaurantes y las cafeterías”, dijo Chica en diálogo con este diario.
Bahía Solano no es el único municipio que sufrió afectación con la decisión de la Corte. Según reposa en el expediente del alto tribunal, son alrededor de 2.150 familias las que viven de la pesca deportiva en Colombia. Comunidades en departamentos como Meta, Casanare, Guainía y Vichada también están en vilo por la decisión. Andrés Reyes, presidente de la Asociación Colombiana de Piscicultura y Pesca (Pispesca) no cuenta un escenario diferente al de Mosquera y Chica. Dice que “vulneran el derecho al trabajo y a la vida de las comunidades que hoy estaban en una labor lícita. Es un daño gravísimo a las personas más vulnerables del país”, le dijo a El Espectador.
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La pesca deportiva, para Reyes, cuida el medioambiente, pues, aunque los peces son capturados por segundos vuelven a ser dejados en libertad. No los matan ni los violentan porque son conscientes que un pez vivo vale mucho más que uno muerto. A esa postura, por ejemplo, se sumó el empresario Chica quien resaltó que un pescado muerto puede valer $50 millones, pero un pez vivo supera los $300 millones porque cada pescador extranjero deja alrededor de $10 millones en una visita solo por tomarse una foto con un pez al que, posiblemente, en una segunda visita, vuelva a encontrarse en su camino siendo el animal un poco más grande y robusto.
Delio Suárez, líder de la comunidad indígena la Ceiba, ubicada en Inírida, es un convencido de que la pesca deportiva es el mejor sustento económico que puede tener su gente. El hombre de 57 años, cuatro hijos y dedicado a la protección del medioambiente se rehúsa a dejar de lado lo que con tanto sacrificio sacaron adelante. A diferencia de Mosquera y Chica, quienes están en la orilla del pacífico colombiano, Delio cuida lo que denominan la estrella fluvial, un conjunto de cinco ríos dulces, en los que en se pasea el pavón de color blanco, dorado y negro, un pez atractivo para los pescadores por su colores.
El líder indígena coincide con Reyes y Chica sobre el valor, no solo económico, sino también ancestral que tienen los peces que, por naturaleza, se utilizan en la pesca deportiva. Aunque están en río dulce, el tratamiento es el mismo: los capturan por segundos se toman la foto le aplican un ungüento en el labio para que el pez no tenga afectaciones físicas y luego es liberado en el caudal. En el caso de Inírida, aunque la comunidad de Delio suele ser pequeña, el impacto económico parece ser el mismo. Alrededor de 37 familias, es decir, 105 personas, entre niños, mujeres, jóvenes y hombres se dedican a esta práctica.
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Saulo Usma, miembro del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), por sus siglas en inglés, como experto le explicó a este diario que si la decisión de la Corte está basada en el sufrimiento a una especie “nos dejarían a todos sin poder comer”. El biólogo quien ha recorrido varias regiones apartadas del país hizo un análisis crítico. Consideró que “no se deben tomar decisiones desde lo afectivo y sentimental” cuando lo que está en juego es la realidad que vive un país en materia de violencia. “Es un fallo que tiene una salida a lo legal. La pesca de consumo no queda prohibida. ¿Qué dientes va a tener esa sentencia en lo real? A la gente no le va a tocar de otra que engrosar las filas de actividades delictivas”.
El narcotráfico, la deforestación y la minería ilegal hacen parte de los delitos que se pueden cometer en regiones donde el único sustento legal es la pesca deportiva. Usma llamó la atención sobre la decisión argumentando que si el actual Gobierno busca prevenir la deforestación y proteger el medioambiente se le deben dar herramientas y formas de empleo a “los guardianes de las fronteras y los ecosistemas”. Para Usma está claro que la decisión de la Corte está poniendo una carga más a poblaciones que de por sí ya están vulneradas, incluso, ecológicamente.
El experto explicó que el alto tribunal debió fomentar una consulta previa con el propósito de indagar en las comunidades si se estaba o no de acuerdo con la determinación. El mecanismo nunca fue contemplado por la Corte Constitucional. La ponencia de la magistrada Diana Fajardo, que fue aceptada por la mayoría de la Sala Plena, dijo que la pesca deportiva constituía un peligro para el animal y dejó en firme esa postura al estudiar una nulidad de fallo que presentaron el líder indígena Delio Suárez y el presidente de Pispesca, Andrés Reyes, con el que pretendían tumbar la decisión que empezará a regir el próximo 27 de abril. El alto tribunal dio ese plazo (un año desde emitida la sentencia) para que las comunidades se adaptaran. Sin embargo, con base en los consultados, ese no parece ser un paso tan claro si afecta su economía y no se les brinda otro tipo de oportunidades para subsistir en espacios en donde prima el narcotráfico.
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