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Mientras el gobierno de Gustavo Petro sigue pedaleando los diálogos con grupos armados, como el Eln y el Estado Mayor Central (una facción de las disidencias de las Farc), el departamento de Arauca es el escenario en donde nadie cumple su palabra. Una ola de violencia como pocas en los últimos tiempos tienen a la comunidad y a sus autoridades pidiendo con desespero que frenen las confrontaciones entre ambos grupos, como así lo prometieron en el cese al fuego que firmaron con el Ejecutivo en el marco de su política de paz total. Sin embargo, y pese a que el gobierno insiste en negociar, esa promesa de paz no ha llegado a Arauca. Mucho menos en los últimos días.
Tan solo en la última semana han sido asesinadas cuatro personas que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos en la región de Sarare, un espacio territorial que comprende los municipios de Fortul, Tame, Arauquita y Saravena. El recrudecimiento de la violencia en la zona respondería a enfrentamientos por el control territorial entre el Frente Oriental del Eln y las disidencias de las Farc, conocidas como Estado Mayor Central, según las autoridades. La situación que obligó al gobernador, Renson Martínez Prada, a escribirle una carta al presidente Gustavo Petro, para solicitarle una intervención urgente en el territorio.
En este documento, además de exponer la situación de orden público que atraviesa el departamento, con 29 homicidios en tan solo tres meses, el líder del departamento elevó una petición para que las vulneraciones que está viviendo la comunidad sean un tema que se discuta durante las mesas de negociación que ha establecido el gobierno con ambos grupos armados ilegales. El llamado central desde Arauca es a que cese la confrontación y se excluya a la población civil. Esto debido a que los crímenes cometidos responderían a homicidios selectivos ordenados por los comandantes de los dos mandos, a modo de retaliación, según expuso el gobernado Martínez Prada durante el Consejo de Seguridad Departamental del pasado 2 de abril.
Esta ola de asesinatos comenzó con el homicidio del firmante del Acuerdo de Paz con las Farc, Luis Alfredo Gaitán, el pasado 25 de marzo, como reportó Indepaz. Gaitán había realizado su proceso de reincorporación en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda Filipinas y hacía parte de varias asociaciones municipales. Tan solo dos días después, la oenegé reportó el homicidio de Emerson David Silva Martínez, un joven líder y excandidato al Concejo Municipal de Saravena durante las elecciones regionales de 2023. El joven fue secuestrado el pasado 23 de febrero por un grupo de hombres armados y el 27 de marzo su cuerpo fue encontrado en una vía que comunica Arauca con Boyacá.
A estos hechos violentos se sumó el homicidio de Graciel Mendoza, el pasado 31 de marzo, quien también fue secuestrado y posteriormente asesinado. El hombre era reconocido por su labor como líder social y campesino en el municipio de Tame. Finalmente, el último reporte llegó el pasado lunes 1 de abril, con la muerte de Ever Albeiro Espí Hernández, actual presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Beisal de Maporal en Arauquita. “Se está viviendo un ataque en contra de las comunidades y organizaciones de derechos humanos de la zona del Sarare que han venido resistiendo al conflicto armado, a la imposición de normas y ejercicios de control social”, explicó Leonardo González, director de Indepaz.
El experto agregó en diálogo con este diario que, en las voces de las comunidades se escucha un “total desespero” y solicitan una presencia integral del Estado, la cual esperan que no se limite al accionar de la fuerza pública, sino que se tengan proyectos de educación, mejoras en las vías y garantías de acceso a la justicia. Particularmente porque esta zona fronteriza con Venezuela se ha caracterizado por una “inestabilidad militar”, en la cual los grupos armados ilegales se mueven entre un país y otro, evadiendo el control de las autoridades, aprovechando, además, situaciones de abandono estatal de varias décadas, explica el Leonardo González.
La situación que hoy vive Arauca tiene, además, tiene un factor adicional que pone en duda la voluntad de paz de los grupos armados que hoy negocian con el gobierno. En teoría, en el departamento sigue vigente el cese al fuego acordado, tanto con el Estado Mayor Central, como con el Eln, situación que no ocurre, por ejemplo, en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. Precisamente, por este motivo, el gobernador Martínez Prada resaltó la importancia de que se sigan cumpliendo los acuerdos que se habían establecido en las mesas de diálogo y exigió respeto y responsabilidad con los compromisos. Por ejemplo, la suspensión del secuestro, pues dos de los cuatro líderes sociales asesinados habían sido privados de su libertad antes de su asesinato. Por este motivo, la comunidad tiene la esperanza de que todos estos hechos sean tratados en las mesas de diálogos con ambos grupos armados.
A la zozobra por el asesinato de los líderes sociales, a la situación que vive Arauca hay que sumarle otro ingrediente más. Como si no fuera suficiente con los cuatro crímenes, la población civil también ha sido víctima de la confrontación de los grupos ilegales. En la noche del 31 de marzo pasado, dos habitantes de la zona rural de Tame fueron asesinados y tres más, entre ellos un niño de 6 años, se encuentran retenidos de manera ilegal, según informó la gobernación. Las autoridades del departamento reconocen que muchos hechos no han sido denunciados por el miedo que generan estas organizaciones en la población. “Les exigimos en el marco de los acuerdos, en medio de estas mesas de diálogo, que no se presenten más víctimas en estas confrontaciones. Excluyan a la población civil de una vez por todas en medio del conflicto que puedan tener estas organizaciones ilegales” enfatizó Renson Martínez Prada.
El Ejército ya tiene la orden de aumentar su presencia en varios sectores rurales del departamento, principalmente en la vía que comunica a Arauca y Tame. Así mismo, esperan poder agilizar las investigaciones de los homicidios de los líderes sociales, logrando la judicialización de los líderes de estas organizaciones criminales, señalados de dar las órdenes. Las autoridades reconocen que, pese a todos sus esfuerzos, se han visto en la necesidad de escalar la situación nivel nacional para lograr garantizar la seguridad de los habitantes. Mientras que avanzan los diálogos, en Arauca siguen gritando que cese al fuego y que los grupos armados respeten su palabra.
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Por Luisa Fernanda Moscoso Gutiérrez
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