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Los últimos días de Francisco Barbosa a la cabeza de la Fiscalía General terminan en una guerra verbal y descarnada con la Casa de Nariño. En las últimas semanas, y a medida que el calendario le iba marcando a Barbosa que son pocas los días que le quedan al mando del ente investigador (termina periodo el próximo 12 de febrero), el lenguaje de ambos altos funcionarios fue escalando al punto de que el fiscal general llegó a comparar la gestión del presidente Gustavo Petro con las andanzas del capo Pablo Escobar. El último capítulo de esta disputa estalló luego de que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia ordenara la inspección a las instalaciones de Fecode, hace dos semanas, por un millonario aporte al partido del presidente en medio de la campaña presidencial de 2022.
Además, este fin de semana, el presidente habló desde su cuenta de X sobre una “ruptura institucional”, luego de esa diligencia judicial en Fecode y planteó una posible imputación de cargos contra el entonces gerente de su campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. Sin embargo, la Fiscalía no ha dicho públicamente si la vinculación de Roa a un proceso penal es cierta. “La respuesta desesperada será no solo suspender el canciller de la república, sino procesar penalmente al presidente de Ecopetrol y al superintendente de servicios públicos por haber sido presidente del partido Colombia Humana. La Fiscalía pedirá mi juicio político sin ocultar que ha hecho investigación inconstitucional en mi contra buscando el triunfo que el pueblo no les otorgó”, señaló el primer mandatario en sus redes sociales.
La génesis de la pelea entre Petro y Barbosa
La relación Barbosa y Petro ya venía caldeada desde antes de que el presidente llegara a la Casa de Nariño. Durante la campaña presidencial, el entonces senador Petro dijo que no iba a renunciar a su curul porque, sin su fuero, “quedaría a merced” de Barbosa y recalcó la estrecha relación de este con el entonces presidente Duque. Sin embargo, ya con el triunfo de Petro en segunda vuelta, el escenario cambió y ambas partes terminaron reconciliándose, con tinto de por medio, en una reunión a finales de agosto de 2022. “Se hicieron unos comentarios en el pasado, pero ya quedaron superados. El fiscal general no será obstáculo para el ejercicio de gobierno del presidente Petro. Hay un espíritu de trabajo”, dijo Barbosa al final de esa reunión.
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Lo cierto es que ese espíritu colaborativo jamás se vio, y, por el contrario, los cruces a través de medios de comunicación mantuvieron tensa la relación (o la empeoraron) durante 2023 ante distintas coyunturas. El primer tira y afloje ocurrió en diciembre de 2022, luego de otra reunión en Palacio y el tema fue la propuesta del presidente de liberar a algunos jóvenes que fueron capturados en medio del paro nacional contra Duque un año antes. Barbosa salió de esa reunión diciendo que había sido informado de la situación, pero que estaba tranquilo porque la decisión de liberarlos quedaría en manos de jueces. Además, recalcó que no había detenciones arbitrarias, un asunto que insinuó Petro durante la carrera presidencial.
Después de las fiestas de final de año y que el presidente empezará a dar sus primeros pasos en el proyecto de Paz Total, su principal bandera de Gobierno, la relación entre ambos se empezó a tensionar. Pero todavía la discusión se mantenía en discrepancias jurídicas y se planteaban posibles escenarios de conciliación entre el Ejecutivo y la Fiscalía. Entre enero y marzo de 2023, la discusión empezó a elevarse de tono cuando el ente investigador puso sobre la mesa varios reparos sobre el proyecto de ley que pretendía someter a la justicia a varias bandas criminales. Con un tema adicional: las denuncias sobre un posible cartel de abogados que cobraba dineros para recibir beneficios judiciales de la política de Paz Total.
En este delicado asunto, Barbosa y Danilo Rueda, el entonces Comisionado de Paz y hombre de confianza de Petro, se trenzaron en una fuerte discusión porque el primero decía que el funcionario del gobierno tenía el deber de denunciar estos hechos de corrupción. Mientras que el segundo advertía que ya lo había hecho y le correspondía a la Fiscalía ir a fondo. En abril, el presidente y Barbosa volvieron a reunirse y a discutir varios temas sobre el proyecto de ley de sometimiento a la justicia de organizaciones criminales. Pero a los pocos días, a principios de mayo, Petro acusó al ente investigador de proteger al Clan del Golfo por un supuesto archivo de un expediente. El presidente pidió que se investigara los hechos y se atrevió a decir que era el jefe de Barbosa.
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Una frase que en últimas terminó siendo el punto de no retorno en la relación entre ambos y el inicio de otro contrapunteo en medios de comunicación. “Es un paso alarmante (…) Lo que acaba de hacer Gustavo Petro, es decir, que no es el presidente de la República, sino un dictador en Colombia”, dijo Barbosa en mayo de ese año entrevista con Caracol Radio. Sin embargo, estas discrepancias pasaron a un segundo plano por cuenta de un escándalo judicial y político que hasta hoy sigue marcando parte de la agenda nacional.
Un lío familiar
Se trata del caso del hijo del presidente, Nicolás Petro, quien fue capturado el 29 de julio del año pasado, relacionado con un posible caso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito por hechos que ocurrieron en medio de la campaña presidencial. Según la investigación de la Fiscalía, este miembro de la familia presidencial recibió dinero de personas relacionadas con la mafia, pero que hasta el momento no se ha podido constatar que entraron a la campaña Petro Presidente 2022. A partir de allí, el expediente ha oscilado entre una posible colaboración de Nicolás Petro ante la Fiscalía (terminó siendo fallida) y el llamado a juicio por parte de la Fiscalía a principios de enero de 2024.
En ese interregno, la relación Petro-Barbosa se deterioró más, entre otras cosas, por la labor de la Fiscalía en este expediente, pues supuestamente, desde el ente investigador estaban presionando a su hijo para declarar. En medio de esa polémica, también se presentaron otros dos hechos que terminaron por mandar al traste esa relación destinada al fracaso. En julio de 2023, el fiscal anunció que, supuestamente, había un plan del ELN para matarlo y que, supuestamente, el Ejército y la UIAF, tenían información al respecto. Sin embargo, desde el Ministerio de Defensa, señaló que no tenían nada al respecto. Al final, el asunto quedó en un cruce de versiones y las tensiones entre el Ejecutivo y la Fiscalía terminaron trasladándose a otros escenarios.
Por ejemplo, los problemas de orden público ocasionados por las disidencias de las FARC en plena negociación con el Gobierno también terminaron enfrentando a Barbosa con Petro y la cúpula militar durante las campañas regionales de octubre de 2023. En ese momento, el grupo criminal terminó, prácticamente, sugiriéndole cómo entrar a algunas comunidades en el Cauca en donde estos hacen control territorial. ¿El Estado está promoviendo ese tipo de medidas impidiendo que el Ejército entre? ¿O quieren suplir a la fuerza pública?”, aseveró el fiscal general en octubre pasado.
Ante la inminencia de que la vicefiscal Martha Mancera ocupe de manera interina el cargo de fiscal general mientras la Corte Suprema de Justicia elige al reemplazo de Barbosa, Petro ha enfilado sus declaraciones contra ella. Además de revivir un supuesto encubrimiento de Mancera con fiscales en Cali, también la ligó a otro supuesto encubrimiento de funcionarios del CTI en Buenaventura y que hay una “toma mafiosa de la Fiscalía”. Lo cierto es que el alto tribunal tiene cita el próximo jueves 8 de febrero para votar por las candidatas ternadas por el presidente, quien para la misma fecha convocó a marchas, entre otras cosas, para pedirle al alto tribunal elija lo más pronto posible al sucesor de Barbosa.
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