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En medio del escándalo por las denuncias del ministro del Interior, Armando Benedetti, de un supuesto abuso de poder de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, en su contra, le pidieron a la Procuraduría que suspenda al alto funcionario por los términos en los que se expresó de la togada.
El exsecretario de Transparencia, Camilo Alberto Enciso Vanegas, fue quien hizo la petición al Ministerio Público, luego de que Benedetti calificara de “demente, loca y delincuente” a la magistrada Cristina Lombana.
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Según Enciso, su petición se fundamenta en que lo hecho por Benedetti afecta la separación de poderes y es, a su parecer, “obstrucción a la justicia”.
En sus redes sociales, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que su vivienda estaba siendo allanada, hecho que calificó como un “abuso de poder” por parte de la magistrada Cristina Lombana, de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.
“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana. La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de 3 años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos del 2023, 2024 y 2025″, dijo el líder de cartera.
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En la solicitud de suspensión presentada por Camilo Alberto Enciso Vanegas, el abogado argumentó que el ministro del Interior, Armando Benedetti, utilizó expresiones “impropias de un servidor público, vulnerando el principio de independencia de la Rama Judicial y de colaboración armónica entre las ramas del poder público”.
Asimismo, Enciso Vanegas señaló que, en una entrevista concedida este 11 de noviembre a La W Radio, el ministro aseguró tener información interna y confidencial de la Corte Suprema de Justicia, la cual no es de carácter público y que, según explicó, “únicamente podría conocerse por filtraciones o canales indebidos”, lo que podría constituir una obstrucción a la justicia.
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Además, el abogado advirtió que el cargo que ostenta Benedetti lo posiciona como un “interlocutor directo del Gobierno con otras ramas del poder público, por lo que su permanencia en el cargo podría influir indebidamente en funcionarios públicos, afectar la independencia judicial y facilitar presiones sobre quienes intervienen en el proceso”.
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