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El procurador delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge González, solicitó a la Corte Suprema que se abstenga de condenar al dirigente, que paga una pena de prisión por enriquecimiento ilícito, tras comprobarse que recibió dineros de hombres al mando alias "Martín Llanos".
Además de los seis años de prisión que paga actualmente y los indicios que existen sobre su supuesto vínculo con grupos paramilitares, Pérez enfrenta un juicio por celebración indebida de contratos, que se encuentra en la etapa de conclusión y que este martes fue objeto del pronunciamiento de parte de la Procuraduría.
En 1997, la Gobernación del Casanare había celebrado un contrato para dotar de energía eléctrica a los municipios de Trinidad y San Luis, lo que le mereció una acusación por haber suscrito un convenio que, al parecer, no contaba con todas las exigencias de Ley.
El representante del ente de control desestimó las versiones según las cuales la Gobernación había exigido prebendas en el proceso de licitación, basando en ello los parámetros de la decisión final.
"No existe indicio de que el acusado hubiera recibido la conducta típica", sostuvo González, señalando que la actuación del ex gobernador siempre estuvo mediada por los señalamientos acerca de la viabilidad de la concesión, entregados por la Secretaría de Obras Públicas de la región.
Agregó que si hubo un proceder errático no fue el del acusado sino del parte del funcionario de la Secretaría que le entregó el concepto para definir a quién se le otorgaba el contrato.
La audiencia fue suspendida en momentos en que la defensa exponía su alegato de conclusión, a través del cual puso en conocimiento de la audiencia que el acusado estaba padeciendo del virus AH1N1, y de ahí su ausencia en la Corte Suprema.
En medio de sus precisiones, manifestó que hubo numerosos vicios de procedimiento en el proceso, incluyendo la formulación de la acusación.
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