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El próximo 16 de febrero, un juzgado de Bogotá dará a conocer la condena contra Ana Catalina Noguera, quien encabezó las direcciones contra el lavado de activos y las finanzas criminales de la Fiscalía. Esta antigua cabeza del ente investigador de Francisco Barbosa aceptó cometer tres delitos (fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones y violación de datos personales), al ordenar chuzar el celular de una mujer para constatar si tenía una relación sentimental con su exnovio. Mientras la justicia determina cuántos años estará privada de la libertad la hija de Rodrigo Noguera, rector de la Universidad Sergio Arboleda, a la Fiscalía General llegó el pasado 22 de enero una denuncia en su contra por delitos aún más graves.
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El Espectador conoció que a la Unidad de Investigaciones Priorizadas de la Fiscalía llegó un documento de seis páginas por parte de los abogados de Emil Eduardo Romano, un promotor de la construcción que adquirió hace varios años tres lotes en Soacha (Cundinamarca) para la construcción de un enorme proyecto urbanístico de 300 hectáreas. Ese gran terreno es el centro de la denuncia en la que aparecen viejos conocidos de los asuntos judiciales y que en el pasado ya fueron ligados a la confesa corrupta fiscal Noguera. Ese memorial conocido por este diario indica Noguera, una fiscal y dos exnarcotraficantes habrían presionado a Romano con el fin de apoderarse “fraudulentamente” de los predios denominados la Azotea 2, 3 y la Sacan.
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De acuerdo con la cronología de la denuncia, entre septiembre y noviembre de 2019, Ignacio Álvarez Meyendorff, exnintegrante del cartel del Norte del Valle, y gente cercana a este presionaron al Romano para que le entregaran los lotes o él “arreglaría a su manera” ese problema. Además, el antiguo hombre de la mafia habría amenazado con incluir las propiedades en un extenso y enredado proceso de extinción de dominio, que estaba negociando con la Fiscalía. Los abogados de Romano señalan que justo después de las presiones, en el ente investigador se empezaron a adelantar acciones por parte de la dirección de extinción de dominio, que en ese momento era liderada por Ana Catalina Noguera.
“La condenada fiscal, justo después de que iniciaron las actuaciones denunciadas, de manera concomitante, suscribió una resolución el 12 de septiembre del 2019, donde destacó de manera especial a la fiscal Constanza Santoyo Robles (de su confianza) para que investigara hechos supuestamente relacionados con mi prohijado y los bienes que eran objeto de solicitud irregular por parte de los señores Ignacio Álvarez Meyendorff, Carlos Ramón Zapata (alias el Médico) y demás miembros de la organización ilícita (…) El ente acusador deberá interrogar a la exfuncionaria sobre los motivos que la llevaron a suscribir dicha resolución, porque no se sometió a reparto la misma”, señalaron los abogados de Romano.
No es la primera vez que Noguera, Meyendorff y Zapata son mencionados en un mismo contexto. En el proceso que la corrupta exfiscal está ad portas de ser condenada, el ente investigador los asoció en una red que presionaba a personas que tenían procesos en extinción de dominio, pero extrañamente no les imputó delito alguno sobre estas graves acusaciones. En febrero de 2023, durante la imputación de cargos contra Noguera, el fiscal Mario Burgos también la situó junto a Zapata y Álvarez Meyendorff en una reunión con Gabriel Puerta Parra, el condenado ganadero que fue cercano al exjefe paramilitar Carlos Castaño y uno de los aportantes de información a las autoridades para capturar a Pablo Escobar.
Los abogados de Romano también señalan que alias el Médico —quien es el puente entre narcotraficantes y las autoridades de Estados Unidos para negociar extradiciones— también citó a socios de Romano a una reunión en Medellín en octubre de 2020. “A esa reunión también asistieron Meyendorff, un sobrino de este y una serie de abogados, quienes buscaron a través de documentos fraudulentos y versiones erradas sobre la adquisición de los predios, manifiesta nuevamente su intención de negociar o incluir los predios en los procesos de extinción de dominio que cursan en la Fiscalía”. El Espectador habló con El Médico pero este señaló que no puede hablar porque está en medio de un proceso de colaboración de la Fiscalía.
Un abogado de Álvarez Meyendorff asegura que era imposible que eso hubiera ocurrido, puesto que Álvarez no tenía propiedades en el sur de Bogotá. Sin embargo, el abogado señaló que conoce la denuncia penal en contra de su cliente, aunque la desestimó, diciendo que no había prosperado porque era muy débil: “A Ignacio no lo han vinculado a ningún proceso [por esa denuncia], la Fiscalía no ha realizado ningún tipo de vinculación formal”. Lo cierto es que seis meses después de las presuntas presiones contra Romano, un investigador de Policía Judicial de la Fiscalía incluyó los lotes en un informe de campo para el despacho de la fiscal Constanza Santoyo.
Los argumentos de la Fiscalía para incluir los predios en el proceso se basan en que la empresa Suever, titular de ambos lotes, perteneció hasta 2016 a Yerson Triana y Eduar Alexis Triana, quien fue alcalde de Maripí (Boyacá) y ahora es representante a la Cámara por ese departamento. Su padre, Horacio Triana, conocido esmeraldero, fue extraditado a EE. UU. en 2019 por cargos de narcotráfico y Yerson también fue investigado por la Fiscalía General en el caso de la oficina de sicarios de los Sanandresitos, hoy en libertad mientras se define su caso en los estrados judiciales. Romano ha dicho ante las autoridades que cuando compró la empresa a los Triana, en 2016, no tenían problemas judiciales.
Lo que pretenden los abogados de Romano con el reciente documento es que la Fiscalía interrogue a Noguera, Álvarez Meyendorff y a alias el Médico. Este último, dicen los penalistas, ha sido citado tres veces por parte de ellos para que declare sobre estos hechos, pero ha sido imposible. En esas oportunidades Zapata argumentó motivos de salud para no asistir a las declaraciones. Por ahora, la Fiscalía no se ha pronunciado sobre el caso Romano que se suma a una larga lista de denuncias sobre un fantasma que ha rondado sobre las últimas tres administraciones de la Fiscalía (Montealegre, Martínez y Barbosa): la existencia de pactos mafiosos y extorsivos en el interior de la Dirección de Extinción de Dominio del ente investigador.
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