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Que se investigue por su posible responsabilidad en delitos de lesa humanidad cometidos por la Farc a la senadora Piedad Córdoba solicitó la Procuraduría General de la Nación a la Corte Suprema de Justicia.
El Ministerio Público optó por esta determinación, luego de considerar probado el vínculo que unía a la dirigente liberal con el grupo rebelde y que le valió la destitución e inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas por 18 años.
El procurador Alejandro Ordóñez contrastó el contenido de las USB y los computadores que fueron encontrados en el campamento donde murió el segundo al mando del las Farc, Edgar Devia, alias ‘Raúl Reyes’, con algunos testimonios que certifican la relación entre la senadora y la insurgencia.
Informes de organismos de Policía Judicial multilaterales y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, sirvieron de sustento a la entidad para optar por la destitución de la congresista
“La senadora promovió y colaboró con grupos armados al margen de la Ley; esa es una falta gravísima, que determinó la decisión sancionatoria (…) Existen las declaraciones del ciudadano ucraniano, interceptaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, certificaciones de Interpol e informes técnicos del CTI y la Dijín”, sostuvo Ordóñez.
La decisión podrá ser sometida al recurso de apelación al que sería interpuesto por la defensa de la congresista liberal quien ya manifestó que es inocente de ese tipo quejas y acusaciones.
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