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El Ministerio Público le solicitó al Tribunal Administrativo del Valle que derogue la decisión del juez de primera instancia de hacer efectivo el pago de la millonaria deuda contraída por la administración del departamento con la empresa Concesionaria de Infraestructura S. A, CISA, a través de una acción popular.
Según el organismo de control, el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali erró al tratar de salvaguardar un derecho particular como este, a través de la demanda de un derecho colectivo.
Tras la acción, el despacho había ordenado que se diera trámite a las disposiciones de un laudo arbitral según el cual la Gobernación del Valle oscultaba una deuda de más de 26 mil millones de pesos con la CISA.
Aún cuando la Procuraduría no desconoce la viabilidad del cobro, por el no cumplimiento de una obligación adquirida por una de las partes, según lo destaca el documento, se debe recurrir a una acción ejecutiva que debe ser propuesta por el dueño del título.
El ente de control advirtió que no es el derecho colectivo a la Moralidad Pública y la Defensa del Patrimonio Público, el que está siendo vulnerado en este caso, como lo precisa la demanda, por cuanto se trata del daño ocasionado a un particular, la firma CISA.
Así lo determinó el procurador 18 Judicial II Delegado, Pedro Emilio Montes Sánchez, al solicitarle al Tribunal Administrativo que revoque lo actuado en el proceso por el Juzgado 16 Administrativo del Circuito de Cali, sin perjuicio de lo señalado en el laudo.
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