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Al igual que el representante de la Fiscalía, el procurador delegado, Manuel Sánchez, pidió que López Gómez sea declarado culpable, argumentando que el contrato nunca fue cumplido. Sin embargo ambos le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que tenga en cuenta que los dineros equivalentes a la celebración del contrato, fueron restituidos por parte de López Gómez.
Por otro lado, el abogado de López Cabrales indicó que la defensa se basa en dos presupuestos, el primero es que no se puede hablar de celebración indebida de contrato porque nunca existió uno, sino que "se dio una orden de prestación de servicios unilateral para impedir la suspensión de un servicio público de salud obligatorio para niños discapacitados mentales", refiriéndose a 340 menores del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Montería. No se dio peculado, según Rafael Toncel porque el gobernador no ordenó el pago, sino que la orden la dio un Comité de conciliación, señaló Toncel.
Jesús María López Gómez fue gobernador del departamento de Córdoba desde principios de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003. E 28 septiembre de 2007, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación contra López Gómez, como presunto responsable de esos delitos.
Según reseñó la Corte Suprema de Justicia en audiencia pública de juzgamiento el jueves, el ex gobernador habría realizado contratos con la empresa Laborando S.A., para a través de ella recibir los servicios temporales de 32 personas, "por la reestructuración de la planta global de secretarías de educación" del departamento de Córdoba.
Lo que trata de establecer la Corte Suprema de Justicia es si realmente el contrato se cumplió, y de lo contrario, cuál fue el destino final de más de 140 millones de pesos, que supuestamente pagaron a esa empresa por los servicios.
El ex gobernador no asistió a la audiencia de juzgamiento, argumentando que no puede viajar a Bogotá debido a su enfermedad cardiaca.
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