«Pido perdón a la sociedad por los errores cometidos»: Hipólito Moreno

Igualmente manifestó que está dispuesto a colaborar con la justicia con el fin de se aclaren todos los episodios referentes al ‘carrusel’, entre los que se encuentra el sistema de salud y la malla vial.

Se espera que el próximo miércoles, el juez defina el monto de la pena en contra del exconcejal del partido de la U.

Este aplazamiento se presentó debido a que el juez consideró que es menester estudiar minuciosamente los 400 folios que hacen parte de este proceso judicial.

La reparación

En el marco de la diligencia judicial, el abogado Dario Bazzani, quien representa los intereses del excabildante aseguró que ya le manifestó a la Fiscalía y a los representantes de las víctimas que adelantará una reintegración económica y un evento de perdón público.

«Hemos hecho un ofrecimiento verbal consistente en la entrega a titulo de reparación de un apartamento propiedad del procesado a su nombre y avalúo comercial 1.286 millones de pesos ubicado en el norte de Bogotá», precisó el jurista.

“Lo que ha manifestado en que aún cuando no es una condición legal reintegrar dinero de aquel que haya sido recibido como consecuencia del cohecho de todas maneras es su voluntad hacer dos tipos de reparación como manifestación de perdón a la sociedad”, indicó.

En este sentido, el abogado aseguró que en la imputación de cargos no se hizo mención alguna sobre la suma que habría recibido su cliente como comisión por su gestión para la entrega del multimillonario contrato.

“No determinaron en concreto cuánto recibieron las personas en estos hechos irregulares. En consecuencia el va a devolver la suma de dinero que él reconoce haber recibido pero que además ha sido corroborada por la Fiscalía General a través de otras declaraciones que participaron en los mismos hechos. No es una cifra producto del invento o del ingenio del momento”, explicó ante las preguntas de los periodistas.

El caso

Según la Fiscalía General, en el año 2009 el entonces concejal pactó una promesa remuneratoria con el contratista Emilio Tapia Aldana y el secretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano para conseguir el contrato para la prestación del servicio de ambulancias en el Distrito el cual tenía un valor cercano a los 63 mil millones de pesos.

En este sentido se indicó que se vulneraron los principios establecidos para la contratación pública, ya que siendo consciente de que estaba inmerso en una actividad delincuencial y hacía parte de una «empresa criminal» cobró el 9 por ciento de ese multimillonario contrato para facilitar su adjudicación.

Ya en el proceso de licitación, se modificó el pliego de condiciones con el fin de beneficiar a una de las empresas presentadas por el ingeniero Federico Gaviria, la cual pese a no cumplir con los requisitos exigidos recibió la adjudicación del convenio que buscaba mejor y ampliar el servicio de ambulancias del Distrito.

«No se tuvo en cuenta el componente humano pese a ser prestación de servicios ni la planta de ambulancias para la prestación del servicio», indicó el fiscal al anunciar que esto era fundamental para el contrato, consideraciones que no fueron tenidas en cuenta a la hora de su presentación ni adjudicación.

Igualmente el fiscal aseguró que se hizo caso omiso a las alertas sobre la ausencia de los requisitos legales obligatorios, así como la falta de requisitos sobre cupos de endeudamiento aprobados por una entidad bancaria.

Sin embargo, en su intervención el procurador que hace parte de la agencia especial conformada para estos hechos, aseguró que el funcionario judicial debía confirmar que el procesado ya había reintegrado el 50 por ciento del dinero que hizo parte del incremento patrimonial injustificado y que hacia parte de las actividades ilícitas.

Además de la comprobación de un compromiso que permitiera asegurar que se iba a recaudar el 50 por ciento restante para satisfacer los intereses de la sociedad la cual «es víctima colectiva del desvio de esos dineros públicos».