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El jefe de una de las bandas extorsivas más peligrosas de Bogotá, José Manuel Vera, alias Satanás, fue trasladado como medida urgente a la cárcel La Tramacúa de Valledupar, tras conocerse un audio amenazante que envió desde la cárcel de Girón en Santander y que significó, de nuevo, un escalofrío para los comerciantes de la capital. “Las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días”, dijo, a pesar de estar bajo custodia del Inpec.
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Su caso fue el disparador para que el caos de la extorsión desde las cárceles sea enfrentada por el Gobierno Nacional y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, desde un nuevo enfoque: el plan Lobo Blanco. Se trata de una novedosa medida que utiliza tecnología empleada por el ala militar de la República, para inhibir la señal de celulares en las cárceles del país.
La tecnología de Lobo Blanco actualmente es aplicada por los militares en los centros de reclusión que tienen a su cargo. Por ejemplo, el centro de reclusión en Malambo (Atlántico), donde está la excongresista Aida Merlano, o el Cantón Militar El Paraíso, donde estuvo el investigado exsenador Arturo Char. Según el director Gutiérrez, esos inhibidores permiten mitigar o restringir la señal de los celulares, a partir de la perturbación del espectro electromagnético.
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“Se usa en sitios más pequeños, dado que tiene una focalización más cerrada y que no afecta el exterior. Lo ideal sería probar eso. Verificar los costos y demás. Pero iniciará únicamente en los establecimientos que están priorizados en la Operación Domino (contra la extorsión en las cárceles)”, explicó Gutiérrez en rueda de prensa.
Asimismo, como profundizó el coronel Gutiérrez en entrevista con El Espectador, esta estrategia de ninguna manera significa cortar de tajo con los derechos de los recluidos, quienes tendrán acceso a las llamadas que la ley les permite hacer. Sin embargo, las primeras apuestas apuntan a que los mismos dinamizadores de la extorsión pagarán por estas llamadas.
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El panorama es claro: según la Policía Nacional, en todo 2023, se presentaron 8.551 denuncias por el delito de extorsión. El año anterior, la cifra fue de 9.791. En lo que va del 2024, a estas cifras se suma que líderes de la extorsión en Colombia han osado con comunicar, incluso estando presos, que seguirán con su estrategia criminal y que toda acción en su contra la pagarán con sus vidas los comerciantes, es decir, sus víctimas.
Son actualmente ocho los centros de reclusión considerados de alta actividad extorsiva por el Inpec. La lista la completó la cárcel La Tramacúa con la llegada de alias Satanás. Así las cosas, la estrategia Lobo Blanco inicialmente se ejecutará en esa cárcel, así como en La Picota de Bogotá; la Dorada de Caldas; Cómbita de Boyacá; La Picaleña de Tolima; la cárcel de Jamundí de Valle; Palogordo de Santander; y San Isidro de Cauca.
Para Norberto Hernández, profesor de derecho penal de la Universidad Javeriana, los inhibidores de señal solo funcionan para cárceles ubicadas en zonas apartadas de la ciudadanía, pues Colombia no ha podido adquirir tecnología que le permita evitar las afectaciones a las casas aledañas. Como primera medida, propone que el Estado compre predios cercanos a estas ocho cárceles, si es que pretende invertir en nuevos inhibidores.
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Y agrega: “el gran problema es que tenemos una población carcelaria gigantesca y es incontrolable. No hemos podido siquiera determinar con eficiencia actividades de resocialización para ellos. Si tuviéramos un tamaño de población un poco pequeño, podríamos tener un mejor control, que podría llevar a que no haya uso de celulares al interior de la cárcel. O incluso, que, existiendo uso de celulares, haya un mejor control sobre qué se hace con ellos”.
La Procuraduría está ejerciendo presión para solucionar la extorsión desde las cárceles. Entre los datos que dejó abiertos al público está que, de los 22 inhibidores de señal instalados en las prisiones, solo dos están en funcionamiento. “La situación empeora la cadena de criminalidad con el hacinamiento que se viene dando no solo en cárceles, sino también en las Unidades de Reacción Inmediata”, explicó Javier Sarmiento, delegado para los derechos humanos.
Por su parte, el ministro de Defensa Iván Velásquez, dio a conocer que las carteras de Tecnología y de Justicia, así como la Dirección de la Policía, están teniendo reuniones para buscar nuevos desarrollos que permitan contrarrestar la extorsión. Desde su orilla, consideró que los bloqueadores no funcionan e, incluso, terminan afectando a la población cercana a los inhibidores, quienes ha presentado tutelas por vulneración de derechos.
Es de tal magnitud el problema que el Inpec tiene identificados 40 dinamizadores de la extorsión desde las cárceles. Una lista que creció en 10 criminales en el último mes y de la cual hace parte alias Satanás, cuyos subordinados prometieron un “derramamiento de sangre” si no mejoran sus condiciones en prisión. El director, el coronel Gutiérrez, respondió aumentando el control sobre sus comunicaciones y aislándolo de la organización que dirige. Ahora, intentará la llegada de tecnología militar a las prisiones bajo su custodia.
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