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El 23 de octubre de 2021, una vez la Policía capturó al hombre más buscado del país, alias Otoniel, el presidente Iván Duque anunció “el final del Clan del Golfo”. Como si se tratara de un mensaje de tranquilidad, el mandatario dijo que el hecho era “comparable con la caída de Pablo Escobar”. Sin embargo, desde entonces y en los últimos meses, las respuestas de la organización criminal permitieron ver la fragilidad de ese discurso y, por el contrario, posicionaron al Clan como dueño de la tranquilidad en el Pacífico, el magdalena medio y la costa Caribe. El presente plan pistola ha resultado en la muerte de al menos 11 uniformados, la mayoría patrulleros, cuyas vidas parecen el medio para allegar un mensaje de poder.
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Con la cabeza visible del Clan bajo custodia, el Ministerio de Defensa cambió su discurso, haciéndole entender a los colombianos que del grupo armado quedarían meros “reductos”. Sin embargo, cuando los titulares de prensa reseñaban la extradición de Otoniel, la cual se concretó a principios de mayo, el Clan respondió con un paro armado que paralizó 11 departamentos. Buses quemados en vías. Grafitis en cascos urbanos. Patrullajes en vías nacionales. Un temor generalizado que vuelve a sentirse con el despliegue del plan pistola, cuyas acciones terroristas se concentran en Antioquia, Chocó, Córdoba, Sucre, Atlántico y Santander.
Aunque no es claro el origen del plan pistola, los datos muestran que el Clan del Golfo está atacando a uniformados de la rama de suboficiales, en la mayoría de casos, patrulleros. El inicio de esta persecución, que según fuentes podría delimitarse a finales de junio, coincide con la extradición de Nini Johana Úsuga, alias La Negra, hermana de Otoniel. Para el profesor del Externado y doctor en Estudios de Paz y Conflicto, Andrés Macías, pensar que la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga significaba el fin del Clan fue un mensaje inadecuado. Este grupo, a diferencia de las guerrillas, no tiene una estructura piramidal. Sus jerarquías son horizontales, es decir: a rey muerto, rey puesto.
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De hecho, las autoridades llevan meses en la búsqueda de Siopas o Chiquito Malo, quienes, a su vez, tendrían remplazo en una organización que vive del narcotráfico y de rentas criminales como la extorsión. No obstante, parece una persecución estéril si el objetivo es desarmar al Clan del Golfo. “Los poderes en el grupo son horizontales, más balanceados. Eso ha hecho que sea aún más difícil de enfrentar. Acabar con las cabezas no es la mejor estrategia, porque siempre van dirigiendo otras y otras. Seguramente inteligencia de la Fuerza Pública ya tienen claro quién es el segundo y el tercero al mando”, señaló.
Mientras los blancos están sobre el pecho de los uniformados, por cuyas vidas se ofrece hasta $20 millones (una recompensa al estilo de los años de Pablo Escobar), el Clan, en un reciente comunicado, aseguró tener intenciones de someterse a una negociación. Según Leonardo González, codirector de Indepaz, todo es parte del mismo mensaje. “Cuando estos grupos quieren negociar, lastimosamente se quieren mostrar fuertes realizando acciones de fuerza para llegar ‘aireados’ y tener resultados más fructíferos. Las acciones son contraproducentes para la confianza que se busca para iniciar un desarme, pero se hace bajo esa lógica perversa de creer que, entre más fuerte se llegue a la mesa, mucho mejor va a negociar”, señaló González.
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Para Macías, esa estrategia ha tenido sus fallas. Hay un ejemplo reciente: el ataque a la escuela de Policía General Santander, en 2019, cuyo saldo fue de 22 alumnos muertos. Para ese momento, en la agenda de negociaciones del gobierno estaban los diálogos con el Eln (autor de ese carrobomba), pero que se suspendieron después del bombazo. Aunque es un hecho cercano, lo cierto es que la historia reciente del país se ha orientado, en gran parte, por intentos de procesos de paz o de negociaciones con la justicia. Por mencionar unos cuantos: la política de sometimiento de César Gaviria para los narcos del momento, que terminó en una pausa del tratado de extradición; la ley de Justicia y Paz para los paramilitares, con beneficios a cambio de verdad; y el más actual, el proceso de paz con las Farc.
La muerte como mensaje
Para Gloria Alzate, directora de la oenegé Conciudadanía, aunque los efectivos de la fuerza pública estén categorizados como actor armado, son seres humanos, cuyas vidas están siendo usadas de cara a un debate. “Son vidas que se pierden, además muchos jóvenes que están apenas llegando a la institución. La realidad es que los factores y las causas del conflicto se mantienen y los actores armados se alimentan del narcotráfico, de las economías ilícitas, de muchas acciones ilegales y agudizan la situación en los territorios donde justamente el Estado debería estar y no está”, agrega. Según la Policía, de las vidas de uniformados que tomó el Clan del Golfo en 2022, 11 corresponden a patrulleros y tres a subintendentes.
Indepaz agrega que el Clan no necesita entrar a los territorios en grandes tomas, como sucedía con las guerrillas y los paramilitares. El plan pistola consta de acciones puntuales que pueden ser ejecutadas por dos o tres personas máximo. El modus operandi incluye bombas, disparos de francotirador, y no distingue si el policía perseguido está uniformado o de civil. El instituto considera que llegar a los policías de bajo rango es más fácil, dado que los oficiales están en zonas con menor tensión y realizando otras tareas. Quienes han sido el blanco del plan pistola, están, en la mayoría de los casos, en la calle y patrullando.
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Los investigadores Luis Fernando Trejos y Reynell Badillo, en una publicación para La Silla Vacía, agregan el concepto de “tercerización de la guerra contra el Estado”. Explican que el Clan estaría contratando organizaciones locales, como “mano de obra” para cometer los crímenes. Como el éxito de la persecución depende del número de policías muertos, a la final no tienen que movilizar grandes recursos humanos y operativos para dar con el objetivo. “Casos como este plan pistola dejan ver que la captura o asesinato de objetivos estratégicos genera golpes de opinión favorables al gobierno central, pero escenarios de alto riesgo para los policías o militares que participan en esas operaciones”, señalan.
Las posibilidades a futuro
Justamente esta semana, la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU le recomendó al entrante gobierno de Gustavo Petro intentar desarticular las organizaciones criminales. Entre las principales conclusiones de su informe está que la vía armada fue insuficiente. Ante esto, el doctor Macías hace una aclaración clave en este sentido: si el gobierno Petro considera iniciar conversaciones con el Clan del Golfo, el proceso de dejación de armas no sería comparable con el Acuerdo de Paz con las Farc. La principal razón es que el Clan nunca tuvo un norte político. Al contrario, expertos confluyen que son el resultado de los guerrilleros, paramilitares y sicarios que se han apoderado del Urabá desde hace décadas y, en gran parte, de las rentas del narcotráfico.
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Por eso, el profesor del Externado considera que la única salida es un sometimiento a la justicia, pero las peticiones del Clan, a la fecha, son una incógnita. Entre tanto, el mensaje que el grupo entrega de cara al próximo gobierno es que llegará a posibles conversaciones, demostrando su capacidad violenta con los recientes ataques a la fuerza pública. En el medio están los uniformados de la Policía, quienes desprotegidos han caído cumpliendo funciones que expertos consideran que no les corresponden. ¿Qué hace un policía en zona de conflicto?, se pregunta Gloria Alzate. La Policía, cree, debería encargarse de promover la convivencia ciudadana, como en el resto del mundo. La realidad es que le tocó apoyar a los militares en este contexto de guerra, muerte y miedo que ha perdurado por décadas.
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