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Bajo amenaza está la Fuerza Pública por el plan pistola del Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Una arremetida violenta que, del 16 de abril a hoy, ya deja 13 policías muertos en al menos seis departamentos. La mayoría de ellos bajo un patrón similar: ataques de hombres armados, que se movilizan en motocicletas y desenfundan sus armas de forma indiscriminada en contra de uniformados y civiles. En lo que va de 2025 han muerto en total 21 policías, cuatro veces el número de uniformados muertos de enero a abril de 2024. Las autoridades están en alerta por la situación, efecto de las acciones en contra de grupos ilegales, mientras que entidades como la Procuraduría piden acciones urgentes al respecto.
En lo que va de 2025 han muerto en total 21 policías, cuatro veces el número de uniformados muertos de enero a abril de 2024. Las autoridades están en alerta por la situación, efecto de las acciones en contra de grupos ilegales, mientras que entidades como la Procuraduría piden acciones urgentes al respecto.
La crisis se desató con la muerte de José Miguel Demoya Hernández, alias “Chirimoya”, durante un operativo de la Policía Nacional y la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA), el pasado 4 de abril. Un golpe justo a la médula del Clan del Golfo, pues “Chirimoya” era el jefe del estado mayor de ese grupo delincuencial y uno de los hombres más cercanos a Jobanis de Jesús Ávila, alias “Chiquito Malo”, máximo líder de esa organización criminal.
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El operativo se dio en el municipio de La Apartada (Córdoba), uno de los enclaves del Clan del Golfo, en los que la violencia se ha recrudecido tras el hecho, así como las operaciones por parte de las autoridades que motivaron la retaliación de los grupos ilegales.
Pero no es solo el Clan el Golfo. De los 13 homicidios de policías enmarcados en el plan pistola, las autoridades le atribuyen la responsabilidad de al menos siete casos a la guerrilla del ELN, que también ha estado en el ojo de la acción de la fuerza pública y han tenido afectaciones en sus rentas ilegales.
Así lo explicó el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía: “En la gran mayoría de los casos estos grupos criminales han acudido al terrorismo y al sicariato para atentar contra nuestros uniformados, en lo que sería una actitud típica e histórica de las mafias asociadas al narcotráfico que asesinan policías en retaliación por las operaciones que desarrolla la fuerza pública en su contra”, le dijo el general Triana a El Espectador.
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La situación se agrava en los casos de policías atacados durante sus días de descanso, vestidos de civil y sin armas de dotación, lo que aumenta el nivel de indefensión ante los ataques. Un abogado especialista en derecho penal consultado por este diario explicó que, por las condiciones de estos asesinatos, corresponden al delito de homicidio agravado y se enmarcan dentro del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Más complejos aún son los casos en los que también resultan civiles afectados, como ocurrió en la noche del 20 de abril, en el corregimiento de Pasacaballos (Cartagena). Allí, hombres armados atacaron un puesto de control de la Policía, cobrando la vida de dos uniformados y de un civil identificado como Rufino Giraldo.
En ese ataque murieron el subintendente Jhon Jairo Evangelista Monterroza y el patrullero Andrés Felipe Carrillo Bayona. En el departamento de Bolívar también han sido asesinados en estas dos semanas los patrulleros Aldair Urango Sariego, Edwin Feria Mercado y Belén Durán Ortiz.
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Antioquia es el segundo departamento en la lista, con cuatro casos: los subintendentes Deimer Diaz Pérez y Nelson Cárdenas Cardona, y los patrulleros Jorge Luis García Mesa y Rafael Suárez Osorio. Concluyen la lista los homicidios de los patrulleros Andrés Padilla Mejía (Norte de Santander), Cristian Mora Parra (Córdoba), Víctor Sánchez Zapata (Cauca) y Alfonso Olivo González (Arauca).
El general Triana señaló a los grupos criminales de “ponerle precio a la vida de los policías”, ofreciendo dinero por asesinarlos, tal y como lo hizo el cartel de Medellín para “impedir la caída de su impero cocainero”. Y agregó: “Atacan por la espalda, a traición, porque solo son asesinos a sueldo, como también lo son los autores intelectuales de estos crímenes, cabecillas del mal que se lucran del narcotráfico, el homicidio, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, el contrabando y demás manifestaciones del delito”.
El director de la Policía informó, además, que de los 21 crímenes en contra de policías durante 2025, ya han sido capturadas ocho personas y han sido expedidas otras cinco órdenes de captura en contra de presuntos responsables.
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Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), le explicó a este diario que el último antecedente de un plan pistola del Clan del Golfo fue en 2022. Entre enero y julio de ese año, 36 uniformados murieron en ataques armados, luego de la extradición de Dairo Antonio Úsuga David, alias “Otoniel”, el líder del Clan del Golfo capturado a finales de 2021 y solicitado por la justicia de los Estados Unidos.
Arias explicó que de 2012 a la fecha, el Clan del Golfo ha adelantado 11 planes pistola y sus arremetidas son retaliaciones por hechos puntuales o golpes a su estructura criminal. Mientras que en el caso de los ataques perpetrados por el ELN, van en la línea de un patrón de acción permanente y sostenida en contra de la Fuerza Pública.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, también señaló al Clan del Golfo como principal responsable. “Estos actos demuestran que ese grupo criminal tiene una alta degradación interna y humana. El narcotráfico los convirtió en ello”, señaló. Además, anunció recompensas de hasta $200 millones por información que permita capturar a los responsables de los homicidios de uniformados y de $20 millones por datos que ayuden a evitar estos ataques sicariales.
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También la Defensoría del Pueblo ha denunciado el patrón criminal usado. “Estos homicidios constituyen una infracción al Derecho Internacional Humanitario cometidos contra miembros de la fuerza pública que se encontraban fuera de servicio”, indicaron desde la entidad.
Por su parte, la Procuraduría le envió una carta al ministro de Defensa, expresando su preocupación y planteando preguntas sobre cómo se enfrentará el plan pistola. “Las acciones sistemáticas de violencia contra integrantes de la Fuerza Pública afectarían la institucionalidad democrática, debilitarían su capacidad operativa y pondrían incidir negativamente en la confianza pública”, se lee en la misiva.
El Ministerio Público también le puso la lupa a los ataques en contra del Ejército, que ya dejan 48 militares muertos en lo que va de 2025, siete de ellos en una emboscada el 27 de abril, en Guaviare. Una situación que se agrava cada día por la acción de grupos como las disidencias de las Farc y que, en medio de la crisis de seguridad, merece un capítulo aparte y atención prioritaria.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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